La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, se ha comprometido ante socialistas y populares a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2007 que obliga a adjudicar a la empresa ITA Asua la explotacion de las ITVs en Jundiz y Bergara. Pese a los años transcurridos desde la sentencia del alto tribunal, que es firme, el Gobierno vasco no ha procedido a adjudicar a la empresa que quedó excluida de la concesión la explotación de las ITVs. En respuesta a las preguntas realizadas por los grupos socialista y popular, la consejera asegura que el Ejecutivo “trabaja para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo con la máxima celeridad y seguridad jurídica”. Tapia llega a asegurar que pese a los más de cinco años transcurridos, su Departamento y el Ejecutivo “en su globalidad” han actuado “respetando en su totalidad la legalidad vigente y los pronunciamientos judiciales”.
El ‘caso ITV’, adelantado por este periódico, llegó al Parlamento del la mano del PP y del PSE-EE. Ambos partidos preguntaron al Gobierno por la adjudicación de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos que realizó de manera irregular en Vitoria y Bergara y que los tribunales ya ordenaron revocar en 2007. Ambas formaciones mostraron su preocupación por el hecho de que el Gobierno no haya aplicado aún la sentencia y el coste económico que ello pudiera tener para las arcas públicas.
El tiempo se le echa encima al nuevo Ejecutivo con el caso de las ITVs. Recientemente, la empresa ITA Asua, ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el que le pide al tribunal que fuerze al Ejecutivo para que en “un plazo máximo de diez días” se firme el nuevo contrato. También recuerda que de no ser así podrán imponerse “multas coercitivas” o incluso deducir testimonio “para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”. El tribunal ha pedido al Ejecutivo que le dé traslado de su posición antes de adoptar una decisión.
En las respuestas, la consejera Tapia se escuda en que el “correcto cumplimiento” de la resolución judicial conlleva “múltiples dificultades de carácter básicamente jurídico”. Desde que se produjo la concesion, hace 19 años, la normativa aplicable se ha visto “notablemente modificada”, argumenta la consejera en sus respuestas, “y las condiciones del pliego han variado”. Se da la circunstancia de que el TSJPV ya tomó cartas en el asunto por este retraso. En un auto del 12 de julio de 2012, le recordó al Gobierno que no podía soslayar por más tiempo la sentencia del alto tribunal. Se obligaba al Ejecutivo a dar cumplimiento de la sentencia del Supremo y a cambiar de empresa adjudicataria en las estaciones de inspección de Vitoria y de Bergara. En esa resolución se desestimaron los recursos presentados por la empresa adjudicataria (Luybas) y se resolvía de nuevo “no haber lugar a la suspension de la ejecución” de una sentencia que de hecho es firme desde finales de 2007.
En la batería de preguntas a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, los socialistas y populares se interesaban también por el perjuicio económico que pudiera suponer el retraso y las razones por las que no se ha aplicado el auto. Además, le interpelaban por las previsiones para los trabajadores de las ITV con el cambio de empresa. Pero tampoco se clarifica nada.
Los nuevos gestores del Gobierno vasco del Departamento de Arantza Tapia pidieron el pasado 18 de enero un informe jurídico al viceconsejero de Régimen Jurídico, Sabino Torre. En esa solicitud, que obra en poder de este periódico, se pregunta expresamente por el periodo que debería tener la nueva concesion (11 años, 30 años) y por la “valoración de las responsabilidades patrimoniales en las que podría incurrirse [el Gobierno] en función de las diversas opciones”.
Todas estas preguntas siguen sin respuesta. En las remitidas por escrito al PP y PSE no se aclara nada. De hecho, Tapia únicamente dice que “se estará a lo dispuesto por los servicios jurídicos del Gobierno vasco. Fuentes conocedoras del caso han asegurado que el informe jurídico lleva tiempo en la mesa de los nuevos gestores del citado Departamento. El PP, a través de una solicitud de documentación, ya ha pedido al Gobierno que le remita el documento.
Respeto a los “pronunciamientos judiciales”
Finalmente, los populares también se habían interesado por la gestión de los responsables del Departamento de Industria que en 1993 adjudicó los concursos. Aunque la resolución la firmó en su momento José Ignacio Zudaire, el entonces director de Servicios Generales, la responsabilidad recayó sobre la viceconsejería de Administración Industrial y Planificación, que lideraba José Miguel Corres.
Tapia no entra a valorar la actuación de nadie de manera personal. Y simplemente asegura que su Departamento y “el Gobierno vasco en su globalidad, han velado en todo momento por garantizar la correcta prestación del servicio, respetando en su totalidad la legalidad vigente y los pronunciamientos judiciales”.
El Gobierno vasco adjudicó en 1993 la concesión de las ITV en Euskadi por 30 años. En total se adjudicaron cuatro lotes, con dos ITV cada una. El Departamento de Industria, entonces dirigido por el vicelehendakari y consejero Jon Azua (PNV), repartió entre cuatro empresas la concesión de los lotes. La resolución administrativa se firmó el 19 de noviembre de 1993. El contrato de adjudicación posterior tenía una duración de 30 años. Las empresas beneficiadas fueron Iteuve Euskadi (la estación de Arrigorriaga y otra que se construyó más tarde en Zamudio), Inspección Técnica Link (en Trápaga y otra levantada posteriormente en Amorebieta), Luybas (la estación de Jundiz, en Vitoria, más la que se construyó después en Bergara) y TÜV Rheinland Ibérica (en Urnieta y otra posterior en Irun).
El Tribunal Supremo dictaminó en diciembre de 2007 que se habían producido irregularidades en la adjudicación de las estaciones de Inspecciones Técnicas de Vehículos en Euskadi. En concreto, el Tribunal sentenció que dos de las cuatro empresas que explotan las ocho estaciones nunca debieron ganar el concurso. El Gobierno vasco les dio a esas dos empresas la concesión saltándose la legalidad y las condiciones que él mismo había establecido. En uno de los casos, el concurso se debe repetir desde el comienzo, pero en el otro la adjudicación debe cambiar de manos.