El forense Paco Etxeberria tiene un currículum impresionante. Y sin embargo todavía tiene retos por delante que le generan inquietudes y le obligan a dar lo mejor de sí mismo. Es el caso de la investigación sobre la tortura en Euskadi entre 1960 y 2013, encargada por el Gobierno vasco dentro de los trabajos del Plan de Paz y Convivencia (iniciativa número 6) que pilota Jonan Fernández. El mismo ha apuntado que esta investigación es, probablemente, la más difícil de su vida. Entre otras cosas, porque los hechos son relativamente recientes y porque incide directamente en el debate-batalla del relato que está en marcha en Euskadi.
Unos hechos -todo lo relacionado con el fin de ETA y el futuro de los presos de la organización terrorista- que desde el Ejecutivo vasco quieren poner encima de la mesa en la legislatura que ahora se abre. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ofrecerá una esperada conferencia este lunes en la inauguración del curso de El Escorial 'Propuesta de futuro para la convivencia en una Euskadi sin ETA“.
Han sido numerosas las instituciones, internacionales y locales, y los grupos activistas de derechos humanos, que han denunciado la práctica de la tortura en España. A veces sistemática, otras esporádica, según la etapa que se investigue. Desde los sucesivos relatores de la ONU, hasta Amnistía Internacional, pasando por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, o los grupos de abogados, profesionales de la salud que trabajan en este país. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España en ocho ocasiones por no investigar las denuncias de torturas, seis de estas condenas desde el año 2005. Y en España, según se recoge en el avance del informe, los tribunales han dictado nueve sentencias condenatorias contra agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), 12 resoluciones judiciales contra la Guardia Civil y han condenado en total a 50 funcionarios -una mujer y 49 hombres- por torturas y malos tratos realizados a 32 personas (cuatro mujeres y 28 hombres) entre 1979 y 1992.
Pero este informe tiene un valor intrínseco de saque: ha sido encargado por un Ejecutivo -el vasco, en 2014- y busca, entre otras cosas, no solo “desvelar la incidencia de este fenómeno en Euskadi”, sino plantear recomendaciones para evitar y prevenir esta lacra -algo que se reflejará en el documento definitivo a final de año- y establecer las “conclusiones en materia de reconocimiento y reparación”
El informe, presentado en un curso de verano universitario en el País Vasco, revela 4.099 personas identificadas que han denunciado torturas o malos tratos, de los que 3.577 han pasado a engrosar un fichero don datos básicos sobre los hechos denunciados. El estudio, en el que también han participado los miembros del Instituto Vasco de Criminología Carlos Martín Beristain (médico especialista en Psicología de la Salud) y Laura Pego (licenciada en derecho) y tres observadores internacionales, ha profundizado en 200 casos. En total se han analizado 22.000 documentos de prueba pericial y documental y se han recogido en vídeo más de 900 testimonios.
La bolsa (producir asfixia al detenido con una bolsa) utilización de electrodos en el cuerpo desnudo, la bañera (sumergir la cabeza de la persona arrestada en agua), el plantón (obligarle a estar de pie horas y horas), la extenuación física, gritos, insultos, amenazas, violaciones ... el informe desgrana las diferentes técnicas empleadas por los cuerpos policiales, denuncias sobre torturas que “ni cualitativamente, ni cuantitativamente son equiparables entre estos tres cuerpos policiales”, llevándose la peor parte el instituto armado. Y concluye algo muy importante: que siguiendo el protocolo de Estambul de Naciones Unidas, el 49% de los testimonios son “consistentes”; el 40%, “muy consistentes” y únicamente el 2% son “inconsistentes”. Un 5% de los denunciantes presenta secuelas psicológicas.
La tortura, como otras formas de conculcación de los derechos humanos o de entender la razón de Estado desde la más manifiesta ilegalidad, ha acompañado a la lucha contra el terrorismo desde sus inicios. Lo preocupante no es que en la etapa franquista fuese una herramienta más de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado para infundir terror y intentar atajar los diferentes movimientos políticos y sociales contra la dictadura.
Lo tremendo es que haya perdurado durante la etapa democrática -sobre todo en la década de los 80 y con un “descenso paulatino” de las denuncias a partir del 2004-, que los médicos forenses de la Audiencia Nacional hayan mirado para otro lado -como denuncia el propio Etxeberria- y que en innumerables ocasiones los gobiernos del PSOE y del PP hayan indultado a agentes condenados por torturas.
Es verdad que se han activado protocolos conforme se ensanchaba la democracia en España, pero algunos como el de los reconocimientos médico forenses a los detenidos (de 1997) -para que la información médica fuera más clara y concisa como elementos de prueba fundamental en los tribunales- “salvo excepciones, no se han cumplido”, denuncia Etxeberria. O las grabaciones de los interrogatorios de personas detenidas en régimen de incomunicación, de 2003, en la etapa en la que el consejero vasco de Interior era Javier Balza, método que solo ha cumplido la Ertzaintza, un cuerpo que paradójicamente apenas utilizaba la incomunicación de los detenidos por terrorismo.
Ahora que España inicia una nueva legislatura no sería descabellado exigir a las instituciones gubernamentales, en general, y a algunos gremios en particular algún tipo de reconocimiento de responsabilidades y de autocrítica por lo ocurrido con la tortura en España. La tortura sistemática en este país es algo del pasado, sin duda, pero la última sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra España por no investigar una denuncia de torturas -a un ciudadano navarro que fue detenido por la Guardia Civil y puesto en libertad sin pasar siquiera delante del juez- es de hace un mes.
“No hemos sido suficientemente beligerantes contra la tortura”, confesaba Etxeberria en una entrevista con este medio poco antes de que se publicara este informe. El Reino Unido, ese que dice adiós a Europa, ha enseñado el camino. En Irlanda del Norte, el Acuerdo de Viernes Santo que daba pie a la paz y al final del terrorismo del IRA se produce en 1998. Pero hubo que esperar hasta junio de 2010 para que el Gobierno británico pidiera perdón y reconociera su responsabilidad en un hecho trágico como fue el Domingo Sangriento, en el que asesinaron a 14 manifestantes en las calles de Derry. David Cameron reconoció el daño causado, tardó 12 años en hacerlo, tras un informe independiente. ¿Cuánto tardará España en realizar un ejercicio similar en relación a las torturas?