El exmagistrado Juan Luis Ibarra ha renunciado a su cargo como presidente de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, entidad independiente dedicada a emitir dictámenes sobre operativos de la Ertzaintza o de los cuerpos municipales que hayan dejado fallecidos o heridos. Este cambio llegará al tiempo que tocaba renovar cuatro de la seis vocalías de este órgano de control. En los últimos años, Ibarra se había caracterizado por lanzar críticas a la escasez de medios de la comisión, tanto humanos como económicos, y el grupo había firmado informes contundentes sobre actuaciones tanto de la Policía autonómica como de locales como la de Barakaldo, lamentando incluso la falta de colaboración particularmente de la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza. De vuelta, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, había llegado a cuestionar ante el Parlamento Vasco el rigor jurídico de algunas consideraciones de una mesa presidida por quien durante años fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
El Consejo de Gobierno, este martes, ha propuesto la designación de cinco personas para cubrir las vacantes, las cuatro obligadas y la quinta motivada por la salida anticipada de Ibarra. Entre los nombres aparecen Enrique Lucas, jurista de larga trayectoria y exvocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PNV, partido con el que ha sido cargo público, Nieves Martínez de Antoñana, responsable jurídica de la Presidencia vasca con Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu y antes alto cargo con José Antonio Ardanza, todos ellos del PNV, y José Antonio González, magistrado de lo contencioso-administrativo en el Superior, una sala especialmente dura con algunas resoluciones del Gobierno vasco y que recientemente ha promovido una cuestión de inconstitucionalidad en torno a las exigencias de euskera. Los otros dos nombramientos son la ertzaina Marta Aldanondo, que es subcomisaria y tiene experiencia en Policía judicial, y el jurista Santiago Ron. El único que continúa es José Julio González, representante de los cuerpos locales.
Se ha informado de que la nueva presidencia la decidirán los miembros del consejo cuando se constituya. Se recalca que el mandato es de cinco años -Ibarra llevaba cuatro- y los vocales “no percibirán retribución alguna por su trabajo”. Será el 14 de enero cuando formalmente tomen posesión de sus puestos los nuevos integrantes de la comisión de control, nacida hace un lustro. La consejera-portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, ha optado por no hacer ninguna valoración sobre la etapa de Ibarra.
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