La comisión de control de la Policía vasca, un organismo externo que supervisa operativos con heridos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, ha hecho pública ya su memoria de actividades en el bienio 2023/2024, la segunda de su existencia. Será presentada el 17 de noviembre en el Parlamento Vasco, adonde llegó este lunes de manos de su presidente, el exmagistrado Juan Luis Ibarra. El informe avisa de la falta de colaboración de la Ertzaintza en sus actuaciones, particularmente de la jefatura de Asuntos Internos y particularmente en la investigación sobre la mujer que cayó herida con lesiones en la cabeza compatibles con un proyectil de 'foam' tras las cargas en el marco del partido de Champions League en Anoeta entre la Real Sociedad y el PSG francés. Asimismo, insiste en varios momentos en la falta de medios humanos y materiales para atender todos los asuntos que le llegan.
La familia de la mujer herida en Anoeta, Amaya Zabarte, ya ha manifestado en diferentes foros su desazón por el curso de las investigaciones policiales y judiciales. De hecho, la versión oficial es que en el lugar en cayó desplomada la mujer no se usaron armas antidisturbios. Recientemente, así lo hizo ver su marido, Joseba Novoa, en una dura intervención en el propio Parlamento. Ahora, el asunto ha motivado la queja de la comisión de control, que sostiene que Asuntos Internos realiza una “interpretación” restrictiva sobre las capacidades de este órgano externo en caso de investigaciones en curso y le priva de información clave para su labor, que es la de emitir recomendaciones y poner sobre la mesa puntos de mejora.
En el caso del operativo de Anoeta, de marzo de 2024, Asuntos Internos no entregó todo el material solicitado asegurando que era precisa la “autorización judicial”. La propia magistrada del caso expuso que las actuaciones sobre las heridas a Zabarte ni estaban bajo secreto de sumario ni había “limitaciones” que impidan desarrollar actuaciones “administrativas” en paralelo a las penales. Finalmente, tres meses después, en junio, la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, entregó a la comisión tanto el atestado completo como un disco CD con grabaciones de lo sucedido.
En paralelo, hubo otro conflicto similar con otra investigación sobre una intervención con armas de fuego en Barakaldo. En este caso, además de Asuntos Internos de la Ertzaintza, la jefatura de la Policía la localidad vizcaína tampoco entregaba la documentación por los mismos motivos, por estar “sub iudice” el caso. La comisión es contundente y recalca que, salvo declaración expresa del juzgado, tiene derecho y habilitación legal a solicitar la documentación que estime y lamenta que “los responsables policiales se auto-otorguen la facultad de establecer una nueva condición, como sería la obtención de autorización judicial expresa”. El caso de Barakaldo también se produjo en marzo de 2024 y la documentación no se entregó en su integridad hasta “marzo y junio de 2025”. “La interpretación que aquí se critica ha determinado un retraso de doce meses en el desarrollo de la investigación encomendada por ley [a esta comisión]”, se puede leer en la memoria.
Igualmente, la comisión alerta de la “importante dificultad” también para conocer el resultado de actuaciones judiciales. En el caso de un expediente por una detención practicada por agentes de la Policía de Vitoria a un menor que circulaba en patinente, esto llegó a motivar la entrega de unas conclusiones parciales que luego hubo que ampliar. La comisión dirigida por Ibarra, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, avisa de que se les han denegado incluso autos que son perfectamente públicos. La transparencia del poder judicial, incide este organismo, es también una “garantía esencial” del correcto funcionamiento de una “sociedad democrática”.
Por otro lado, la comisión pide más recursos. Hay un “problema de insuficiencia” y la acumulación de casos en tramitación “requiere de un neto incremento en el apoyo personal e infraestructural” con respecto a lo que se dispone en la actualidad. Asimismo, se remarca que los vocales de la comisión no tienen retribución alguna y que cuando se suceden las incoaciones de expedientes, como pasó en 2024, se “sobrepasa” el “estándar” de “esfuerzo” que se les puede pedir. De momento, solicitan una persona que asuma la secretaría técnica del organismo.
Además de Ibarra, son miembros de la comisión Estefanía Ocáriz, Francisco Javier Hernáez, Miren Ortubay y los agentes José Antonio Nieto, de la Ertzaintza, y José Julio González, representante de los cuerpos locales. A finales de 2025, cuatro de los seis miembros tienen que ser renovados. Uno de los que continuará será Ibarra, que accedió al puesto a finales de 2021. Los mandatos son de cinco años, según la ley de Policía autonómica, que es la que creó este foro.
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