El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana aprobará en el segundo semestre de este año un paquete de ayudas para que los ayuntamientos vascos pongan en marcha el canon a las viviendas vacías. El consejero Denis Itxaso ha recordado este martes en comisión parlamentaria que en Euskadi se estima que hay unas 9.045 viviendas deshabitadas que reúnen las características establecidas en la normativa para poder aplicarlas el canon. Es decir, que lleven desocupadas desde hace más de dos años, que no se utilizan como segunda residencia, ni el estado de desocupación se deba a traslados por razones laborales, de salud, dependencia o emergencia social.
“De ellas 4.889, están situadas en los municipios de más de 10.000 habitantes, precisamente aquellos que sufren un mayor tensionamiento y en los que la ciudadanía encuentra mayores dificultades para acceder a una vivienda. No resulta concebible ni admisible que en la actual situación de emergencia habitacional haya viviendas deshabitadas a las que no se les otorga uso. Nadie se beneficia de esta situación”, ha indicado el consejero.
Itxaso ha comparecido a petición de la parlamentaria del PP Ana Morales para explicar el destino de la partida de 500.000 euros introducida en los presupuestos de 2025, a propuesta de Sumar, para la aplicación del canon a las viviendas vacías. Itxaso ha señalado que esta partida “requiere de normativa previa que encauce su ejecución para el objetivo pretendido, y lance al mismo tiempo la convocatoria pública para que puedan acogerse a ella todos los ayuntamientos que quieran optar a la misma”.
En este sentido, ha señalado que el instrumento para llevarla a cabo será “una orden, actualmente en preparación, y su aprobación está prevista para el segundo semestre del presente año”. En esta orden se agregará a los 500.000 euros para posibilitar los apoyos técnicos necesarios a los consistorios para poner en marcha el canon, “un importe plurianual de 2,5 millones, para potenciar la elaboración de planes directores de vivienda locales, informes de declaración de zonas de demanda tensionada, gestión de las viviendas deshabitadas y otros servicios”. “La convocatoria que agrupará estas ayudas se denominará subvenciones a ayuntamientos para que contraten servicios de asistencia técnica”, ha concretado el consejero.
En principio, la institución encargada de declarar la vivienda como deshabitada y exigir el canon es el ayuntamiento en el que se ubique esa vivienda, por lo que las ayudas cree que animarán a los ayuntamientos a ponerlo en marcha, ya que desde el departamento considera que se trata de un elemento fundamental para sacar al mercado viviendas vacías y paliar la emergencia habitacional.
El primer objetivo que persigue el departamento es incentivar a los propietarios para incrementar los pisos en el programa Bizigune. Y en este mismo sentido se quiere también incrementar la renta que se les paga para acercarlo algo más a los precios de mercado, algo que se incluirá en el decreto de medidas urgentes que prepara. “Se trata de incentivar y seducir a los propietarios, pero si no es así, pues palo, porque aquí hay un interés general que defender”, ha subrayado.
De momento, sólo el Ayuntamiento de Azpeitia ha comenzadoo los trámites para aplicar el canon, aunque el consejero ha esperado que paulatinamente se vayan sumando todos los que se declaren zonas tensionadas, entre ellos Donostia, que a partir de este miércoles será la primera capital en poder topar los alquileres. En este sentido, ha señalado que los ayuntamientos están presentando sus planes trianuales para la declaración de zona tensionada, también han trasladado su interés en “mejorar el conocimiento y la identificación de las viviendas vacías, su registro y la posible aplicación de las determinaciones previstas en el decreto de vivienda deshabitada”.
El consejero también ha dado datos en comisión sobre el número de viviendas de alquiler social que están 'okupadas', también a petición del PP. Itxaso ha ironizado que es un tema “que preocupa y ocupa” al Gobierno y con el que “debe haber tolerancia cero”. Pero ha considerado que no debe sobredimensionarse el problema, ya que en estos momentos, según ha señalado, de las 17.000 viviendas gestionadas por la sociedad Alokabide, la empresa pública vasca de vivienda y alquiler social, “tan solo alrededor de un 0,3%” están en situación de okupación. En total, 59 viviendas, de las que 54 están ya judicializadas y cuatro en situación prejudicial.
En este sentido, ha señalado que “para ese 0,3% al que le toca sufrir la situación, tanto si es una persona que espera una vivienda protegida, como un vecino que ve alterada su normal convivencia o un pequeño propietario al que se le prive injustamente del uso de su vivienda, la okupación se convierte en una situación angustiosa que le impide desarrollar su vida con normalidad y ejercer sus derechos, y no estamos dispuestos a permitirlo”. Pero ha insistido en que la cuestión debe ponerse “en su justa dimensión” y ha acusado al PP de querer crear “alarmismo”. Una apreciación que han compartido en gran medida el resto de los grupos.
¿Nos sigues en redes sociales? elDiario.es/Euskadi está en Bluesky, X e Instagram. Y te enviamos alertas informativas por Telegram y WhatsApp. Cada semana, te enviamos un boletín a tu correo electrónico. ¡Apúntate! Recuerda que puedes ser socio o socia de elDiario.es clicando en este enlace. Y, para más información, puedes llamar o escribirnos al 625 88 87 80.