El Gobierno vasco no cree necesario un “refuerzo” de control en Alokabide tras el expediente a un técnico por conflicto de intereses

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco no cree que sea necesario un “refuerzo” de los controles de la sociedad pública de alquiler tras el expediente abierto a uno de los técnicos por un posible conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones y que se ha dado traslado a la Fiscalía. El consejero Denis Itxaso considera que “los mecanismos actuales de prevención, detección y cumplimiento interno han funcionado debidamente, por lo que no se ha considerado la necesidad de abordar medidas excepcionales de refuerzo” y tampoco ha considerado necesario llevar a cabo ningún tipo de revisión, auditoría o evaluación interna en la sociedad a raíz de estos hechos.

Según consta en el expediente disciplinario interno abierto contra este trabajador, y que el departamento hizo público el pasado mes de junio, la persona implicada participó directamente en la gestión de una vivienda vinculada al programa de intermediación pública de alquiler, “a pesar de tener un interés personal en el inmueble”, ha afirmado el Gobierno. Esta intervención se llevó a cabo sin proceder a su inhibición, “omitiendo además fases preceptivas del protocolo de actuación”. La gestión derivó en una devolución anticipada del inmueble sin la supervisión técnica ordinaria, aunque sin irregularidades en los costes ni en la indemnización por daños causados al inmueble. El procedimiento disciplinario iniciado el 27 de enero de 2025 concluyó con la imposición de un apercibimiento por una falta leve, conforme al régimen disciplinario previsto en la Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco. La resolución valoró que no existió dolo, lucro personal ni perjuicio económico para Alokabide, aunque sí se apreció una actuación negligente y una vulneración de principios éticos por la falta de inhibición. El trabajador reconoció los hechos, aportando causas personales de urgencia familiar que fueron tenidas en cuenta como atenuantes. El Servicio Interno de Vigilancia e inspección (BIS), tras analizar el expediente trasladó el caso a la Fiscalía del País Vasco para su evaluación.

En una respuesta por escrito a la parlamentaria del PP, Ana Morales, el consejero señala que no se han considerado medidas de refuerzo adicionales tras este caso porque “la detección de este supuesto y su corrección mediante la implementación del correspondiente expediente disciplinario” muestras que los actuales mecanismos han funcionado debidamente, aunque señala que dentro de los procesos de “mejora continua” se realizarán “sesiones formativas y acciones de sensibilización para el personal de la organización”.

Aunque la parlamentaria popular pide al consejero la “copia íntegra del expediente disciplinario instruido a la persona trabajadora de Alokabide”, Itxaso rechaza tal petición argumentando que “su exposición vulneraría el derecho a la protección de datos de la persona, así como los derechos laborales de la misma y en un hipotético caso de llegar a ser procesada, el derecho a la legítima defensa de la persona ante un eventual proceso penal, causando un daño irreparable y absolutamente innecesario”.

Puntualiza en su respuesta el consejero que hasta el momento “ni Alokabide ni el Departamento de Vivienda han remitido ningún documento” a la Fiscalía, ya que la remisión de expediente sancionador partió del canal interno de denuncias del Gobierno vasco. También señala que “ni Alokabide ni del Departamento de Vivienda han recibido en el momento de redactar esta respuesta, ningún requerimiento de información de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, de lo que se deduce que en el momento actual no existe instrucción del caso, ni constancia de que lo informado a la Fiscalía por parte de dicho sistema vaya a implicar necesariamente la apertura de un proceso penal”.

Por otra parte, el consejero señala que “en los últimos cinco años no han existido infracciones del Código Ético y de Conducta de los que se hayan deducido expedientes similares. Desde el año 2020, únicamente se han producido tres infracciones relacionadas con el cumplimiento de horarios y una relativa a un trato verbal inapropiado”, indica.

elDiario.es/Euskadi

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