El PNV presiona a la SEPI para que busque una salida a Tubos Reunidos, que debe 150 millones a la sociedad pública
El PNV presiona a la SEPI para que busque una salida para Tubos Reunidos y sea “flexible” con la deuda de 150 millones de euros que la empresa mantiene con el organismo público. En los últimos días, diferentes cargos nacionalistas como el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, o la diputada de Desarrollo Económico de Álava, Saray Zárate, han emplazado a los dirigentes de SEPI a estudiar posibilidades que permitan que los posibles compradores de la empresa vasca, en pleno proceso de concurso de acreedores, no tengan que asumir esta deuda de la empresa.
La SEPI ha advertido esta semana de que no es posible una condonación de la deuda porque se consideraría una ayuda de Estado. Lo ha hecho con un informe en la mano de la Comisión Europea remitido al administrador concursal, que parece haber sorprendido a instituciones y a posibles compradores, pese a que desde el organismo público se ha advertido desde que empezaron a hacerse evidentes las dificultades de la empresa que la llevaron al concurso de acreedores, de que la condonación de la deuda, 150 millones de dinero público no era una opción factible y de que solo podía negociar aplazamientos en los pagos.
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que sea “flexible” con esa deuda porque de no ser así “abocará a la empresa a una salida que no tiene retorno”. Ha considerado que la opinión de Bruselas que apunta a que no sería factible una quita “no es definitiva” y ha recordado que “esta parte de la Comisión la lleva Teresa Rivera” socialista y exministra, insinuando un cierto componente político en el informe. “No es una posición definitiva”, ha dicho, y ha adelantado que hablará con la sociedad estatal “para poder sacar a Tubos Reunidos adelante”.
De igual forma la diputada de Desarrollo Económico de Álava, Saray Zárate, insistía en que “lo fundamental para la actividad siga adelante es la reestructuración de la deuda con la SEPI”. “Si no es así está abocada a un cierre. Hablamos de 1.000 empleos”, puntualizaba, señalando la importancia del impacto que supondría el cierre de la empresa, aunque parece que todas las ofertas por Tubos Reunidos contemplan reducción de plantilla en una cantidad aún por determinar.
Al parecer, los cinco posibles inversores que pujan por la empresa hicieron sus ofertas dando por sentado que esta deuda no existiría. “Ha sido una sorpresa para ellos y están muy preocupados porque dicen que las ofertas que hicieron ellos estaban condicionados a que esta deuda no existiese”, confirmaba Jauregi. De hecho, a partir de la próxima semana los ofertantes iban a comenzar a reunirse con los comités de empresa. El primer encuentro estaba fijado para este lunes entre el comité de Trápaga y el grupo indio Welspun, que lo ha aplazado para analizar la situación en torno a la deuda con la SEPI.
La propia dirección de la empresa y la administración concursal señalaban en un comunicado interno que “ninguno de los oferentes ha solicitado una condonación de la deuda de SEPI”, pero que la “la petición de todos ellos es que esta deuda no sea asumida por las unidades productivas que se adquieran y, por tanto, por los oferentes”. Sin embargo, la SEPI considera que “la deuda debe ser asumida por las unidades productivas transmitidas y, por este motivo, ha presentado una opinión preliminar de los servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea”, aunque la dirección de la empresa insiste en que dicho informe “no tiene carácter vinculante y no representa la posición definitiva de la propia Comisión”.
Frente a este informe presentado por la SEPI, los informes elaborados por la administración concursal califican la deuda de la SEPI como “subordinada, por tratarse de un préstamo participativo”. Esto implicaría que “la deuda no debe ser transferida con las unidades productivas”. No obstante, reconoce que “en último término, habrá que estar a lo que decida el Juzgado competente del concurso”.
El hecho de que se considere la deuda de la SEPI como subordinada, supondría que quedaría a la cola en el cobro de los créditos, una vía que ya se barajó en el momento en el que se declaró en concurso de acreedores, cuando ya el organismo público dejó claro que no era factible una quita porque supondría un trato de favor respecto a otras empresas que también ha recibido estos créditos y los han pagado o los están pagando. Algunas de estas empresas, también en dificultades, han pactado aplazamientos en los pagos.
En cualquier caso, ahora está en manos de la jueza María Teresa Trinidad Santos, titular del juzgado de lo Mercantil de Vitoria, la decisión de si se establece con los acreedores una quita de la deuda entra en ella el crédito de la SEPI, o al menos una parte de él, aquel que tenga consideración de crédito ordinario y que, por lo tanto, no tenga privilegio de cobro.
Este crédito supuso el rescate de la empresa en 2021, con 112,8 millones de euros concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19, que ahora superan ya los 150 millones por los intereses. La concesión de este crédito está siendo investigada ahora por la Audiencia Nacional, ante la sospecha de que el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos un tiempo, mediara a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo. La investigación sigue si curso pero está en este momento en pausa, ya que comparte causa con todo lo relacionado con las denominadas 'cloacas' del PSOE y es eso lo que está avanzando en estos momentos.