Por tierra, mar y aire: el Parlamento Vasco endurece el control de las colonias y el Gobierno anuncia ya su decreto
El Parlamento Vasco ha aprobado, este jueves, la reforma de la normativa autonómica de Juventud para endurecer los controles a los campamentos de verano tras el caso aún bajo investigación penal de una veintena de denuncias por presunta violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo, conocidos en 2025. Pocos minutos de terminar la sesión, la consejera Nerea Melgosa, del PNV, ha anunciado también que está ya listo el decreto sobre actividades de tiempo libre con el mismo objetivo de subir la exigencia: se aprobará en junio sí o sí. En realidad, el campamento ya está prohibido de antemano porque la Diputación de Álava, la pasada semana, anunció un expediente sancionador a la entidad organizadora y a posibles otras vinculadas con Euskal Udalekuak que pudieran sustituirla.
La votación ha sido extraña. La nueva ley ha contado con el voto a favor general de PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno que tienen mayoría absoluta y no precisan de más apoyos. El PP ha apoyado los artículos pactados con ellos y se ha abstenido y votado en contra en otros. EH Bildu ha dicho 'sí' a algunas partes y ha optado por la abstención en el resto. Vox y Sumar han tirado de abstención general. Nacionalistas y socialistas han tramitado la reforma como proposición de ley y no como proyecto del Ejecutivo, con todo lo que eso comporta de no emisión de informes de control. Es algo que está siendo recurrente esta legislatura y las críticas de la oposición son crecientes, también este jueves.
Buena parte de las medidas han sido pactadas con el PP, principalmente el endurecimiento de las sanciones con respecto a la redacción original. Las cuantías máximas para los casos más graves pasarían de 45.000 euros a 600.000 euros. Los 'populares', con todo, han criticado que lo aprobado sigue teniendo lagunas. Según Laura Garrido, la reforma sólo busca “lavar la cara” de la “dejación” de la Administración en años anteriores. Ha mencionado que antes de la edición de 2025 ya había sospechas que no se atendieron. Y ha añadido que PNV y PSE-EE no podían no aceptar las enmiendas del PP porque, jurídicamente, no hacerlo habría generado una grave inseguridad jurídica, ya que por ejemplo las sanciones en la normativa de infancia sí alcanzan los 600.000 euros por hechos muy similares. Ha criticado, igualmente, que el Gobierno presente como novedoso que se exija la ausencia de antecedentes sexuales a los monitores cuando es algo ya previsto en la ley estatal desde hace años y cuando la Diputación de Álava ya lo reclama sin esperar a que entre en vigor la nueva reforma y el decreto.
Edurne Benito del Valle, de EH Bildu, ha reconocido que las enmiendas del PP han corregido las “chapuzas jurídicas” de la iniciativa inicial y ha criticado que nacionalistas y socialistas les hayan acusado a ellos de tener escaso rigor jurídico en las enmiendas. También ha apuntado que la reforma ofrece “cambios muy limitados”. Opina que PNV y PSE-EE sólo han buscado dar “imagen de que se actúa”, más que actuar. “Los supuestos endurecimientos no existen. Son cosas ya recogidas en otras normas”, ha denunciado. Entiende Benito del Valle que “se ha perdido una oportunidad” para abordar una reforma más profunda. “No suele ser conveniente legislar en caliente, haciendo las cosas de manera apresurada e impulsiva”, ha concluido. Y ha añadido, mirando al calendario, que ya es junio y que adoptar cambios de cara al verano en esta época del año “genera nerviosismo” en los organizadores de actividades.
Desde los partidos del Gobierno, Ander Añibarro del PNV, que fue director de Juventud, ha explicado que los “acontecimientos recientes exigen respuestas contundentes”. “Nos obligan a dar un paso más adelante”, ha solemnizado. Y ha añadido: “Cuando hablamos de menores, la seguridad está por encima de cualquier otra consideración”. Ha rogado también “que no se quite importancia” a las novedades de la ley, como la exigencia de una declaración responsable a los organizadores“. En este sentido, ha considerado Garrido y Benito del Valle han hecho discursos ”iguales“ y alarmistas. ”Esto va a ser bueno. Le pese a quien le pese“, ha prometido Añibarro. El PSE-EE, por boca de Itxaso Asensio, ha destacado que el texto ”refuerza la protección“ de los menores y que garantiza un ”mayor control previo“ de los campamentos. Estas modificaciones ”son muy necesarias“ para que las colonias sean ”espacios seguros“, ha apostillado.
Sumar se ha abstenido. También lo ha hecho Vox. Falsamente, la portavoz de la formación de ultraderecha, Amaia Martínez Grisaleña, ha acusado a EH Bildu de “frenar la tramitación urgente” de esta reforma. Sin embargo, la ley sí se ha tramitado por la vía de la urgencia, como constaba en el orden del día. De hecho, ha sido resuelta en unos pocos meses. En la votación no ha participado el lehendakari, Imanol Pradales. Está de viaje oficial en Canarias para asistir a los actos con motivo de la visita del papa de la Iglesia católica, León XIV, invitado por el presidente autonómico, Fernando Clavijo. La presidenta, Bakartxo Tejeria, ha señalado que Javier de Andrés, del PP, no tenía derecho a intervenir para dar la réplica a un comentario de Añibarro.
Tras el debate, ha tomado la palabra la consejera Melgosa. Ha dicho que “Euskadi ha dado un paso necesario” y que “esto no acaba aquí”. “En breve”, este mismo mes, estará listo el decreto con más medidas. Ha puesto en valor también que tiene “tres inspectoras” para garantizar la seguridad de los menores. “Con eso no puede haber zonas grises”, ha señalado. Asimismo, ha confiado que con todo el armazón jurídico en vigor no haya conflicto en julio cuando estaba prevista una nueva edición del campamento de Bernedo. En los últimos meses, Euskal Udalekuak ha recibido un buen número de apoyos, también de rostros conocidos de la cultura. Asimismo, ellos siempre han sostenido que defienden un modelo que naturalice la sexualidad y la desnudez y han rechazado las acusaciones de violencia sexual. La investigación penal sigue su curso en el Tribunal de Instancia de Vitoria.