Tubos Reunidos entra en la etapa decisiva para poder salvarse de la disolución... con la investigación judicial en pausa
Tubos Reunidos entra en la etapa decisiva para poder salvarse de la disolución. En estos momentos la administración concursal analiza las ofertas firmes que se han presentado por la empresa, pedirá a los potenciales compradores las aclaraciones pertinentes y a partir del día 16, este viernes, comunicará las cinco ofertas seleccionadas que pasarán a la siguiente fase del proceso, ya en la recta final para conocerse si algún comprador garantiza la continuidad de todas las plantas y la mayor parte del empleo. El proceso, de momento, se está llevando a cabo fuera del foco judicial ya que la investigación por corrupción en la que está inmersa la empresa por parte de la Audiencia Nacional por el presunto pago de sobornos para recibir el rescate de la SEPI, que inyectó 113 millones en la compañía vasca, está en estos momentos en espera.
El plazo para presentar las ofertas por la empresa a la administración concursal terminó el pasado día 7 sin que haya trascendido el número exacto de las que se han presentado formalmente frente a las 14 que mostraron interés inicial por la empresa. En cualquier caso, han sido más de cinco las ofertas firmes, ya que la administración concursal comunicó ese mismo día que se abría el proceso para elegir las cinco mejores entre las presentadas. Según se ha comunicado a la plantilla, entre esas ofertas hay algunas que garantizan “la continuidad de la actividad de las plantas del grupo”, algo que primará en la elección y que es la principal preocupación de los trabajadores.
En el momento de arrancar el proceso se conoció que estaban interesados en la adquisición de Tubos Reunidos el empresario José Antonio Jainaga, a través de Sidenor, que en repetidas ocasiones ha abogado, sin éxito, por una fusión de las empresas vascas fabricantes de tubos, y puede haber visto ahora la oportunidad de materializarlo. También se interesó Tubacex, empresa ubicada también en Álava, y gigantes internacionales del sector procedentes de Asia, que, en principio pueden hacer una mejor oferta económica que las locales, pero que introducirán más dudas sobre la continuidad del empleo o el arraigo.
En cualquier caso, la clave estará en si la oferta es por una de las plantas, Trapagaran en concreto, por fabricar un producto con más fácil salida hoy en día, que tiene alrededor de 300 empleos, o si se incluye también la de Amurrio con cerca de 900 empleos y en la que se encuentra el horno de la acería, con un producto muy afectado por los aranceles de Estados Unidos.
A partir de esta semana arrancará la fase determinante. Las primeras ofertas presentadas, que tienen que ser vinculantes en cuanto al precio e ir acompañadas de la consignación de un depósito equivalente al 5% de la cantidad ofrecida, quedarán en un máximo de cinco que tendrán la posibilidad de participar en un proceso de preguntas y respuestas (el “Q&A”) sobre los aspectos financieros y legales de la empresa. A partir de ahí los potenciales compradores seleccionados deberán remitir sus ofertas finales vinculantes -la “oferta final”- y después la administración concursal llevará a cabo la calificación, valoración y jerarquización de las ofertas.
En otra fase, referida al cumplimiento de las ofertas que afecten a los contratos de trabajo o a las condiciones de empleo, se desarrollarán las consultas necesarias entre la compañía, la administración concursal, la representación de los trabajadores de cada centro de trabajo afectado y, en su caso, el oferente, de cara a alcanzar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a las condiciones contenidas en la correspondiente oferta, incluyendo, en su caso, la delimitación definitiva del perímetro laboral y las condiciones de trabajo.
Además de garantizar la mayor parte de los puestos de trabajo, el mayor escollo estará en la forma de solventar la abultada deuda que acumula la empresa, de alrededor de 300 millones de los que unos 150 millones corresponden al crédito de la SEPI, que ha descartado una quita, y que podría como mucho aceptar aplazamientos en los pagos. La SEPI siempre ha considerado inviable una quita porque el trato hacia Tubos Reunidos no puede diferir del que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, concedidos a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE) para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de la COVID-19, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya.
A ello hay que añadir que se trata de un crédito que está siendo investigado por la Audiencia Nacional, ahora denominado Tribunal Central de Instancia, aunque actualmente la investigación está completamente parada. Fuentes judiciales recuerdan que es una causa compartida con todo lo relacionado con las denominadas 'cloacas' del PSOE y es eso lo que está avanzando en estos momentos, y no la rama que tiene que ver con Tubos Reunidos. La UCO de la Guardia Civil tiene pendiente los informes sobre los registros realizados antes del verano.
Lo que se investiga son las presuntas 'mordidas' pagadas por la empresa, de hasta 250.000 euros según el magistrado instructor, supuestamente para engrasar el rescate de la SEPI tras la pandemia. El CEO de la compañía, Carlos López de las Heras, es uno de los imputados junto a su predecesor, Francisco Irazusta, y el directivo Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia por el presunto pago de comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, el socialista Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso. La investigación complica las posibles negociaciones en torno a esta deuda, que podría facilitar la venta de la empresa.