El Parlamento Vasco insta al Gobierno a poner en marcha un plan de adaptación al cambio climático para el sector primario

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves instar al Gobierno vasco a “poner en marcha, junto con el sector y el resto de las instituciones un plan de adaptación al cambio climático para el sector agrario y ganadero”, con el fin de adelantarse a posibles situaciones de sequía como la vivida este verano. Esta medida, sin muchas más concreciones, se incluye en la enmienda a la totalidad presentada por PNV y PSE-EE a las mociones que se han debatido defendidas respectivamente por EH Bildu, sobre la adaptación al cambio climático de sector primario, y del PP, sobre la declaración de sequía, que han sido rechazadas por la Cámara.

Precisamente, este jueves, los agricultores y ganaderos se han concentrado en Vitoria ante el Gobierno vasco porque consideran insuficiente la respuesta que les está dando el Ejecutivo ante su situación. La moción de PNV y PSE-EE, que ha salido adelante solo con los votos de los partidos del Gobierno, y la abstención crítica de EH Bildu, también incluye pedir al Ejecutivo que trabaje para adelantar al 16 de octubre el anticipo de las ayudas de la PAC, de modo que los recursos lleguen antes a las explotaciones y contribuyan a aliviar la situación financiera del sector.

Además, se reconoce el compromiso del Gobierno vasco y el cumplimiento de este mediante la puesta en marcha de forma inmediata de ayudas por un importe superior a 5,9 millones de euros para paliar los efectos del cambio climático y de la crisis de Ormuz, reduciendo los plazos a través de la tramitación de oficio, siendo más ágil para los sectores agrario, ganadero y pesquero. Estas ayudas se anunciaron por parte de la consejera Amaia Barredo el pasado 3 de octubre, y también la consejera había adelantado la intención del Ejecutivo de poner en marcha el resto de las medidas.

Por otra parte, se pide seguir trabajando, junto con el resto de las comunidades autónomas y con el Ministerio, “en el impulso de medidas estructurales como la revisión de la zonificación climática que establece la consideración de zonas con limitaciones naturales, la revisión de las líneas de agroseguros y el apoyo a las inversiones destinadas a llevar agua a las explotaciones rurales, en el marco de un potencial fondo europeo adscrito a la Estrategia de Resiliencia Hídrica, con el objetivo de ayudar a las explotaciones a adaptarse mejor a los efectos del cambio climático”.

La enmienda de EH Bildu instaba al Gobierno a poner en marcha, “de forma urgente”, un plan de choque de adaptación al cambio climático para garantizar la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Además, se instaba al Gobierno a que su propuesta incida “directamente” en la posibilidad de acceso al agua, la diversificación de los cultivos y los contratos entre agricultores y ganaderos e incluir un fondo de compensación estable y paliatorio, con el fin de hacer frente a las pérdidas directas producidas por fenómenos climáticos extremos como la sequía. Por otra parte, se pedía que junto al sector se elaborara “conjuntamente una estrategia agroalimentaria basada en la soberanía alimentaria que garantice el incremento de la producción, la transformación, la comercialización y el consumo local justo y sostenible”. El parlamentario Mikel Díaz de Alda ha pedido un “pacto social para proteger el sector”.

El PP, por su parte, defendía ejecutar las obras hidráulicas pendientes, pagar las ayudas a la sequía antes del inicio de la nueva campaña agraria, hacer un seguimiento permanente de la disponibilidad de forrajes y realizar una nueva evaluación de las zonas de regadío, identificando las necesidades de modernización y mejora. La parlamentaria Ana Morales ha sido muy crítica con la falta de concreción del Ejecutivo sobre el momento en el que van a llegar al sector las ayudas anunciadas.

“Una limosna para acallar al sector”, dicen los sindicatos

El sindicato agroganadero EHNE se han concentrado este jueves frente al Gobierno vasco en Vitoria para exigir un “giro radical” de las políticas agrarias y un “plan de choque” contra la crisis climática. Además, ha criticado la “falta de sensibilidad” del Ejecutivo autonómico respecto a la situación del sector. En un manifiesto leído durante la concentración, los agricultores y ganaderos han recordado que la sequía “está teniendo influencia directa en la rentabilidad” de las explotaciones, ya que la falta de lluvias durante los últimos meses “ha provocado que la recogida de comida para el invierno haya sido la mitad de años anteriores, en el mejor de los casos”. “El pasto no ha crecido lo suficiente, dejando nuestros montes y fincas completamente abrasadas; y hemos tenido que empezar a alimentar al ganado con la comida recogida para el invierno o con piensos, en unos meses en los que, en situación normal, estarían paciendo en montes y fincas”, han señalado. Pese a ello, “desde el Gobierno no se ha querido reconocer dicha crisis, llegando incluso a alegar que debido a la lluviosa primavera se había recogido hierba suficiente”, han denunciado.

Respecto a las ayudas, de 5,9 millones de euros, han señalado que “más de medio millón (565.056) son ayudas extraordinarias por la crisis del estrecho de Ormuz. Por lo tanto, la ayuda total será de 4.958.469 euros. De esa partida, 430.650 euros van dirigidos a la Pesca para paliar los costes del gasoil. En definitiva, la cuantía real transferida por el Gobierno vasco para el sector agrario se traduce en apenas 1.600.000 euros por herrialde, una cifra menor respecto al esfuerzo presupuestario que realizan las Diputaciones Forales”, han denunciado. “Nos parece limosna para intentar contentar y acallar a nuestros baserritarras”.

Ante esta situación, han reclamado “un giro radical en las políticas agrarias” de Euskadi, para lo que ha subrayado la necesidad de “una reorientación del modelo”, un plan de choque contra la crisis climática, y la intervención pública “para hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, garantizando precios dignos que cubran los costes de producción”. En la misma línea, han pedido “medidas reales, suficientes y eficaces” que permitan el desarrollo de explotaciones “viables”. A su vez, han demandado precios “justos” para garantizar el futuro del sector.