Los vecinos de Lugaritz en Donostia denuncian la tala de 40 árboles en el “espléndido” parque de la finca Ereski
La asociación de vecinos del barrio de Lugaritz (Aiete-Ibaeta) de Donostia ha denunciado la tala de más de cuarenta árboles en la finca Ereski, en Aiete, y ha pedido al Ayuntamiento que paralice de inmediato las actuaciones en el terreno. Los trabajos, realizados por Inmobiliaria Rentería, del Grupo Antiguo Berri, han afectado a una parte de una zona que los vecinos describen como un “espléndido parque existente en la finca”.
La finca de Villa Ereski, situada en el número 21 del paseo de los Pinos, lleva años en el centro de las disputas entre la propiedad y los residentes de la zona. La asociación vecinal recurrió en su día ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la modificación del plan general aprobada por el Ayuntamiento. El tribunal terminó anulando la ordenación prevista al considerar que incumplía tres requisitos establecidos en la Ley de Suelo. Entre ellos estaba la obligación de destinar a vivienda de protección pública el 40% del aumento de edificabilidad, así como la reserva de 1.283 metros cuadrados para zona verde pública y de otros 1.221 metros cuadrados para “dotaciones locales públicas”.
La finca ha permanecido sin desarrollar durante décadas. Ahora, según denuncia la asociación, la propiedad ha aprovechado la anulación judicial de la ordenación y la falta de un plan urbanístico en vigor para talar una parte importante de la masa arbórea del terreno que estaba destinada a convertirse en zona verde pública.
Entre los árboles retirados había ejemplares de “gran porte”, cuya protección paisajística ya había sido defendida anteriormente por los vecinos. La asociación asegura, además, que los trabajos se realizaron sin licencia urbanística y sin dar margen a una inspección o control externo. Tras recibir la denuncia, el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento confirmó que la actuación no contaba con licencia. El 4 de septiembre de 2026 decretó la “suspensión cautelar” de las obras.
La resolución municipal da a la promotora un plazo de un mes para solicitar la licencia correspondiente o adaptar sus actuaciones a la normativa. Si no lo hace, el Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de lo construido y obligar a devolver la parcela a su estado anterior, con los costes a cargo de la promotora. La resolución también contempla la posibilidad de imponer multas mensuales y de comunicar el caso a la Fiscalía si se aprecian indicios de un posible delito de desobediencia.
La actuación del Ayuntamiento contrasta con su posición en los primeros años del proyecto. En noviembre de 2022, el pleno rechazó las alegaciones presentadas por los vecinos y aprobó por mayoría defender ante los tribunales el proyecto acordado con la promotora. La propuesta contemplaba entonces la construcción de 6.417 metros cuadrados de vivienda de precio libre. Con la reciente orden de paralización, la asociación vecinal considera que la situación ha cambiado tras la resolución del TSJPV y la anulación de la ordenación prevista.
Los vecinos han anunciado que “seguirán con especial atención la tramitación del expediente” sancionador y han recordado los distintos conflictos acumulados en torno a la parcela. La asociación asegura que continuará actuando en las próximas fases para “garantizar el estricto cumplimiento de la legalidad”. Su objetivo, según explican, es que la nueva ordenación que se apruebe para la finca cumpla todos los requisitos establecidos por la Ley de Suelo y respete las zonas verdes y las dotaciones públicas que correspondan al terreno.