Dos historiadores acusan a PP y Vox de usar “torticeramente” su firma para blindar la Cruz de Cáceres
La incoación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres ha abierto un conflicto inesperado en el ámbito académico. El expediente elaborado por la Junta de Extremadura recurre a investigaciones de dos especialistas en memoria franquista —César Rina y Miguel Ángel del Arco— para justificar la protección del monumento, pero ambos historiadores denuncian que sus trabajos han sido citados de manera parcial y orientada a sostener una interpretación que ellos no comparten. La controversia, que ya ha trascendido al terreno administrativo, abre un debate sobre el uso institucional de la investigación académica y sobre el relato histórico con el que se pretende justificar la permanencia del monumento en su emplazamiento actual.
La disputa estalló cuando César Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED, recibió la resolución autonómica y comprobó que su nombre aparecía entre las fuentes empleadas para justificar la protección del monumento. Su sorpresa llegó al leer cómo se habían utilizado “torticeramente” fragmentos de su investigación. Según explica, el expediente selecciona afirmaciones aisladas que, presentadas sin contexto, terminan defendiendo la tesis contraria a la que él sostiene. “Pretenden aprovecharse de mi prestigio profesional y exijo que retiren mi nombre porque yo no suscribo nada de lo que ahí se dice”, afirma. Habla de un uso “interesado” de su trabajo y de una tergiversación de sus conclusiones: “Están cambiando mi opinión, están cambiando mi trabajo para defender lo que ellos quieren, que es la protección de la Cruz”.
Uno de los ejemplos que más le ha sorprendido es la referencia a una supuesta ausencia de documentación gráfica sobre el monumento. Rina lo considera directamente falso. “¿Cómo no va a haberla si la Cruz fue la reina de todas las fiestas franquistas? Hay centenares de fotos de su construcción, de su inauguración y de todo lo que se celebraba en torno a ella”. El historiador, que lleva más de una década investigando la construcción de la memoria franquista en Cáceres y que ha consultado durante meses documentación municipal y distintos fondos relacionados con el proyecto, se defiende: “He consultado el proyecto original, los diferentes proyectos que se entregaron, el avance de las obras, los datos económicos, la inauguración. Todo se conserva”. Por eso considera especialmente grave que se le atribuya la idea de que no existe documentación suficiente. “Me atribuyen a mí la frase de que no hay documentación. Pero ¿cómo voy a decir yo que no hay documentación si en mi libro La construcción de la memoria franquista en Cáceres (2012) he publicado mucha de esta documentación?”.
Para Rina, la tergiversación metodológica no es solo un problema técnico: es precisamente lo que, a su juicio, abre la puerta a una lectura política del expediente y explica por qué sus conclusiones aparecen invertidas en la resolución. Considera que esta contradicción revela la premura con la que, a su juicio, se ha elaborado el expediente. Cree que la Junta intenta blindar el monumento ante el conflicto abierto con el Gobierno central y que la declaración BIC permitiría “ganar tiempo” para proteger la Cruz. Pero sostiene que esa decisión política debería asumir sus consecuencias sin recurrir a investigadores que sostienen precisamente una interpretación histórica diferente. “Yo creo que esto no lo ha hecho un especialista en patrimonio como se suelen hacer las declaraciones BIC”, afirma. A su juicio, el expediente presenta un análisis “muy poco riguroso” y detrás puede existir “una mano política”. El historiador va más allá y considera que el documento intenta proporcionar una “pátina de cientificidad” a una decisión que, en su opinión, tiene un componente ideológico.
La Junta reconoce en su propia documentación que la Cruz nació en plena Guerra Civil. El Ayuntamiento de Cáceres acordó el 9 de septiembre de 1937 levantar una cruz “en homenaje a los caídos”. El punto de ruptura aparece cuando el expediente sostiene que la intervención municipal de 1984 —la eliminación de inscripciones franquistas— habría modificado sustancialmente su lectura pública y otorgado al monumento un nuevo significado acorde con los valores constitucionales. A partir de ahí, la Junta plantea que la valoración patrimonial actual debe centrarse en sus valores formales, arquitectónicos y urbanísticos, desvinculándolo del sentido conmemorativo original.
Es precisamente esa operación de separación entre el monumento y su contexto histórico la que cuestionan Rina y Del Arco. Para ellos, la discusión no consiste en determinar si la Cruz fue construida durante el franquismo —algo que nadie discute—, sino en decidir si una intervención realizada décadas después puede borrar o alterar el significado histórico de una obra concebida como monumento a los Caídos del bando franquista.
Del Arco, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y especialista en las cruces de los Caídos, comparte la denuncia. “Me siento agraviado, yo estoy firmemente a favor de trasladar esa Cruz y han cogido de mi trabajo solo lo que les interesa”. Su investigación analiza estos monumentos como instrumentos de construcción de la memoria política de la dictadura. En su libro Cruces de Memoria y Olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021) explica que la Cruz de Cáceres es “la ortodoxia absoluta”, el prototipo de las cruces de los Caídos en la España de la exaltación franquista. Su discrepancia no reside en que la Junta pueda valorar elementos arquitectónicos, sino en que esos valores se utilicen para relegar o neutralizar el significado político que tuvo el monumento cuando fue construido. “Han cogido de mi trabajo lo que les interesa usándolo torticeramente”.
Uno de los elementos que Del Arco considera esenciales es la ubicación. Las cruces de los Caídos solían situarse en espacios de paso y elevada visibilidad. La de Cáceres se colocó en la plaza de América, al final de la antigua avenida de la República y luego de España, en una glorieta conectada con distintos accesos a la ciudad y cercana a la estación de ferrocarril. Su presencia era permanente y visible desde varios itinerarios. La ubicación no es, por tanto, un detalle arquitectónico secundario: forma parte de la función pública del monumento.
La documentación estudiada por Del Arco permite reconstruir cómo la Cruz se incorporó desde sus primeros años a las ceremonias públicas del régimen. En Cáceres fue escenario de las celebraciones del Día de la Victoria, con misa de campaña, autoridades civiles y religiosas, Falange, caballeros mutilados y desfiles militares. Para el historiador, estos episodios son clave para entender qué significaba realmente la Cruz en el momento de su construcción: no era una obra arquitectónica neutra, sino un escenario público de conmemoración de la victoria franquista. Y ese significado histórico, sostiene, no desaparece porque décadas después se eliminen determinadas inscripciones.
Quitar para poner
Del Arco añade otro elemento: la sustitución de símbolos republicanos. En la plaza de América se encontraba la conocida como Palmatoria o Fuente del Lápiz, vinculada a la etapa republicana, retirada para permitir la construcción de la Cruz. La operación forma parte de una transformación más amplia del espacio público emprendida por la dictadura para sustituir las referencias simbólicas de la República por las de la nueva España franquista. “No se trataba simplemente de quitar una fuente y poner una cruz, sino de sustituir un símbolo por otro”.
También rechaza la interpretación arquitectónica que aproxima el monumento al racionalismo. El régimen franquista rechazó las corrientes asociadas a la modernidad republicana y apostó por una estética monumental vinculada al clasicismo y al pasado imperial español. Las cruces de los Caídos responden a ese lenguaje. La Junta destaca ahora el carácter austero y geométrico de la Cruz, pero para Del Arco esos rasgos no pueden analizarse al margen del contexto ideológico en el que fueron concebidos.
Otro núcleo de la controversia es si la intervención de 1984 puede borrar el origen del monumento. La Junta sostiene que la eliminación de las inscripciones franquistas modificó su lectura pública y permitió dotarlo de un significado compatible con los valores constitucionales. Rina y Del Arco consideran que esa conclusión confunde la modificación física con el significado histórico. Que una inscripción sea retirada no cambia el hecho de que la obra fue concebida durante la Guerra Civil, inaugurada en 1938 y utilizada en ceremonias de exaltación franquista. La cuestión no es si hoy alguien puede contemplar la Cruz sin sentirse identificado con el franquismo, sino si la Administración puede interpretar su valor patrimonial sin tener en cuenta la función política que desempeñó durante décadas.
Del Arco insiste en que el debate no es entre conservar la Cruz intacta o destruirla. “Lo que dice la ley no es que destruyas la Cruz. Lo que dice la ley es que traslades la Cruz a un espacio que sea público, pero que no sea un espacio de exaltación”. Conservar un elemento histórico no implica mantenerlo en el lugar donde fue utilizado por la dictadura. La retirada del espacio público de exaltación no equivale a eliminar la memoria: puede significar trasladar el monumento a un lugar donde pueda ser contextualizado y explicado.
Ambos historiadores admiten que la relación de la ciudad con la Cruz es hoy más compleja que su origen político. La Cruz se ha incorporado al lenguaje cotidiano de Cáceres y su nombre forma parte del mapa mental de la ciudad. Pero esa familiaridad no puede confundirse con antigüedad. “Está desde 1937”, recuerda Del Arco. A su juicio, varias generaciones han conocido el monumento ya integrado en la ciudad y pueden no identificarlo con el contexto político que le dio origen. Añade que junto a esa falta de conocimiento existe también un componente ideológico reactivado en el actual escenario político.
Acuerdo de gobierno PP-Vox
Los historiadores aseguran que el expediente de la Junta no surge en un vacío. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla expresamente la tramitación para declarar BIC la Cruz dentro de las medidas de protección del patrimonio que consideran perseguido por las “leyes ideológicas de la izquierda”. Meses antes de la resolución, el consejero de Cultura ya había manifestado públicamente que, a su juicio, la Cruz reunía las condiciones para ser declarada BIC, aunque entonces señaló que la decisión dependería de los informes técnicos.
La resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura abre ahora un periodo de información pública de un mes. Del Arco prepara ya sus alegaciones. Su intención es trasladar sus objeciones de forma documentada, con especial atención al uso que el expediente hace de su investigación y a la interpretación histórica que, a su juicio, se desprende de ella. Rina mantiene igualmente su petición de que su nombre sea retirado si se mantiene asociado a conclusiones que no suscribe.
Los dos historiadores coinciden en que una Administración tiene derecho a consultar y citar sus investigaciones. Lo que consideran inadmisible es que se seleccionen fragmentos para presentar como aval científico una interpretación que ellos rechazan. La batalla por la Cruz se convierte así también en una batalla por el relato histórico. La Junta reconoce el origen franquista del monumento, pero sostiene que la intervención de 1984 alteró su significado y que hoy debe valorarse por sus características arquitectónicas y por su integración en la memoria urbana de Cáceres. Rina y Del Arco consideran que esa lectura fragmenta la historia del monumento y que su emplazamiento, su arquitectura, las ceremonias celebradas ante él y su función como símbolo de la victoria franquista forman parte de su significado histórico.
La respuesta que dé el procedimiento administrativo no será solo política. Los historiadores quieren que quede también documentada en el expediente. Como resume Rina, “yo no estoy en contra de que citen mi trabajo. Estoy en contra de que lo utilicen para decir algo que yo no digo”. Del Arco lo expresa de forma más directa: “Me siento agraviado”.
La Cruz seguirá, de momento, en el centro de la plaza de América. Pero mientras la Junta tramita su protección patrimonial, los dos investigadores cuyos trabajos aparecen en el expediente preparan sus alegaciones para discutir, desde la historia, el relato con el que la Administración pretende justificar que el monumento permanezca allí.