El número de beneficiarios de la renta mínima de inserción en Extremadura ha caído un 14 % desde 2020, coincidiendo con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, el trasvase de perceptores hacia la prestación estatal explica buena parte de este descenso, que ha supuesto una transformación en la cobertura de rentas mínimas autonómicas.
En el conjunto de España, no todas las comunidades han impulsado reformas para mejorar la coordinación entre sus rentas mínimas y el IMV. En 2023, solo un 22,2 % de los titulares de rentas mínimas (24.708 personas) compatibilizaban ambas ayudas, más de la mitad concentrados en el País Vasco.
En ese mismo año, un 2,9 % de las solicitudes de rentas mínimas (758 expedientes) fueron denegadas por ser incompatibles con el Ingreso Mínimo Vital, mientras que el 40,4 % de las prestaciones autonómicas (5.233) se extinguieron o suspendieron una vez que los titulares pasaron a cobrar la ayuda estatal.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que, desde la entrada en vigor del IMV, el trasvase de beneficiarios desde las rentas mínimas autonómicas a la prestación estatal ha liberado en torno a 510 millones de euros, lo que equivale al 11 % del gasto que las comunidades autónomas destinaban a estas ayudas.
En Extremadura, donde la renta mínima ha sido una herramienta esencial para las familias en situación de vulnerabilidad, las cifras reflejan un cambio de escenario: una parte significativa de las personas beneficiarias ha pasado a depender directamente de la prestación estatal, lo que ha reducido la carga presupuestaria de la Junta, pero también ha generado nuevas dificultades de coordinación entre administraciones.