Las ambulancias de la Sanidad extremeña circularon en verano sin autorización y esquivando a la Guardia Civil

El servicio de transporte sanitario terrestre de Extremadura, el contrato público más cuantioso de la administración autonómica, valorado en más de 285 millones de euros, funcionó durante el pasado verano al margen de la legalidad, en concreto, desde el 1 de agosto hasta el 4 de septiembre.

Durante este tiempo, los vehículos de la concesionaria Ambuvital prestaron servicio público sin disponer de la autorización necesaria y obligatoria, por lo que trasladaron pacientes sin tener los permisos en regla, dejando al descubierto la cobertura de los seguros ante cualquier posible accidente en carretera y exponiendo a la Sanidad pública a un grave problema de responsabilidad patrimonial ante cualquier siniestro.

Además, la situación llevó a los conductores a coordinarse en chats internos para esquivar las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. Fue precisamente un aviso en un grupo de WhatsApp el que desató la alarma entre la plantilla. Trabajadores consultados por elDiario.es Extremadura han confirmado la existencia de un grupo interno de mensajería en el que durante agosto se ha avisado de los controles de la Guardia Civil y se ha recomendado tomar rutas alternativas para evitar determinados puntos porque las ambulancias no disponían de la tarjeta de transporte. Los mensajes también permitieron que parte de los conductores conocieran que los vehículos carecían de esa documentación.

El problema llegó incluso a producir una actuación de la Guardia Civil. Según las fuentes consultadas, una conductora fue parada y denunciada el 2 de septiembre por circular sin la autorización de transporte correspondiente. Este extremo contrasta con la respuesta facilitada por la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Junta, que ha señalado que “a día de hoy” no tiene constancia de expedientes de infracción que tengan su origen en denuncias de la Guardia Civil por falta de autorización en carretera.

Sin embargo, la Junta de Extremadura admite de forma implícita la irregularidad al confirmar a este periódico que en agosto tuvo que abrir un “procedimiento de rehabilitación” para las licencias de la flota (505 vehículos). Según el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), este trámite extraordinario solo se activa cuando la autorización previa ha caducado o ha sido dada de baja en el registro oficial.

Ambuvital inició su solicitud de visado en junio, pero el expediente no fue favorable hasta el 4 de septiembre. Según la Consejería de Transportes, la empresa tuvo que atender unos “requerimientos de subsanación” y en agosto se inició un “procedimiento de rehabilitación donde se aportó nuevamente toda la documentación para comprobar que la empresa cumple con todos los requisitos”. Eso no sucedió hasta hace una semana, como ya consta en el registro de empresas y actividades de transporte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. También se puede demostrar que la autorización quedó rehabilitada hasta julio de 2028.

El contrato más caro de la sanidad extremeña

En cualquier caso, aunque la empresa ha logrado regularizar su situación, lo ha hecho después de que las ambulancias hubieran continuado prestando servicio durante agosto y hasta los primeros días de septiembre sin el visado y, por lo tanto, sin la autorización del ministerio para prestar el servicio de transporte sanitario.

Esta situación se ha producido cuatro meses después de la firma del contrato de transporte sanitario terrestre en Extremadura, más de 285 millones de euros. La adjudicataria, la UTE formada por Ambuvital y SSG, comenzó a operar el 1 de mayo, aunque la primera ya gestionaba gran parte del servicio. Además, Ambuvital fue adquirida a finales de 2024 por el fondo Asterion, integrándose dentro de la estructura corporativa del Grupo SSG.

Los pliegos del contrato establecen que corresponde a la adjudicataria obtener y mantener las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para ejecutar la prestación. En particular, en las prescripciones técnicas se atribuye a la empresa la responsabilidad de obtener, mantener y renovar las licencias y autorizaciones que necesiten los vehículos para su circulación y uso sanitario.

El SES abre un expediente a la concesionaria

A pesar de ello, fuentes del sector han subrayado tras conocer “una situación ilegal y, si no, especialmente irregular”, la falta de “vigilancia y diligencia del SES para comprobar que las condiciones exigidas en el contrato se cumplen porque ”estamos hablando de un contrato muy relevante“.

El SES ha confirmado a este periódico la existencia de irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las condiciones del contrato y la apertura de un expediente para determinar las posibles consecuencias contractuales para la empresa. Sin embargo, no ha aclarado qué controles ha realizado sobre este asunto.

En su respuesta, la Consejería de Salud asegura que con la entrada en vigor del nuevo contrato el pasado 1 de mayo, “los visados estaban vigentes” y que la empresa presentó el 25 de junio, “dentro del plazo legal establecido”, la solicitud para la renovación del visado de transporte, “junto con el abono de las tasas correspondientes”. Sin embargo, no hace referencia a que el expediente no resultó favorable hasta hace unos días, jornadas en las que la concesionaria de un servicio público estuvo operando al margen de la ley.