El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad que la Junta solicite al Gobierno la transferencia de las competencias en materia de atención sanitaria penitenciaria con la consiguiente financiación, tal y como recoge la ley aprobada en 2003.
En la propuesta de Podemos, enmendada por Ciudadanos (en lo referente a que se haga con financiación), se recuerda que el Reglamento Penitenciario prevé que a los internos se les garantizará una atención sanitaria equivalente a la del resto de ciudadanos, pero la realidad es que hay falta de equidad en esa asistencia, lo que conlleva deficiencias.
El portavoz de Podemos, Obed Santos, ha indicado que en aquella ley se establecía que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serían transferidos a las CCAA en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la misma, en mayo de 2003.
Sin embargo la realidad que se desprende de las tasas de enfermos de VIH o de transtornos mentales, ponen de manifiesto la necesidad de que se ejecute lo marcado en esta ley, ya que también conlleva problemas para que los sanitarios ejerzan su labor.
Según ha dicho estos profesionales actúan “aislados” del resto del Servicio Extremeño de Salud (SES), lo que les impide, por ejemplo, a un facultativo conocer que enfermedad ha sufrido un interno antes de su entrada en prisión.
La situación es crítica y si no salen a la luz es por el trabajo y “voluntarismo” de los profesionales, y la solución no pasa por prorrogar convenios existentes.
María Victoria Domínguez, de Ciudadanos, ha dicho esta situación es un ejemplo de como la falta de voluntad política ha impedido desarrollar una ley aprobada y que no se ha llevado a cabo por la “inacción” de los sucesivos gobiernos habidos en España y Extremadura.
Por su parte el portavoz de Sanidad del PP, José Ángel Sánchez Juliá, que se ha referido a la atención sanitaria penitenciaria como “una isla”, cree que con la asunción de estas competencias se mejoraría esta asistencia, así como las condiciones laborales de los profesionales.
Sin embargo coincidiendo con la portavoz de Ciudadanos, cree necesario que esas asunción de competencias vengan “con todas las garantías y correctamente” en materia de financiación y que se haga “con altura de miras” y no con “chapuzas” como ocurrió con los casos de los hospitales psiquiátricos de Mérida y Plasencia.
Ha pedido que este asunto se trate en el Consejo Interterritorial de Salud y cuando se aborde la financiación autonómica, y ha añadido que le consta que también hay voluntad por parte del Gobierno de la nación, pero ha pedido al PSOE que aclare su postura, ya que en el Congreso han pedido que se mantengan los convenios existentes.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Carlos Labrador, ha recordado que la Junta ya ha expresado públicamente su deseo de asumir esas competencias, pero ha insistido en que debe de venir con los recursos necesarios, por lo que cree que ahora es el Gobierno de la nación el que debe pronunciarse.
En este sentido, ha avanzado la presentación de una propuesta en la Cámara para que se inste al Ejecutivo central “a que se siente ya” con la Junta y abordar esa transferencia y que esta se haga con los recursos necesarios.