David Sánchez, en el banquillo: guía para seguir el juicio contra el hermano del presidente
La Audiencia Provincial de Badajoz se convierte a partir de este jueves en el epicentro de la atención política y judicial por el juicio al que se enfrenta el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz. Además de David Sánchez, en el banquillo se sientan diez personas, entre ellos el expresidente de la institución y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, y diversos cargos socialistas en la administración provincial.
La incorporación del músico en la corporación provincial se remonta a julio de 2017, cuando accedió al puesto de coordinador de actividades musicales de los conservatorios mediante un contrato de alta dirección. Aunque superó un proceso de selección frente a otros diez aspirantes, la controversia judicial no estalló hasta siete años después. El pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó una denuncia contra Sánchez, basada en recortes de prensa, por absentismo laboral y fraude fiscal por residir en la localidad portuguesa de Elvas (a unos 20 kilómetros de Badajoz).
Sin embargo, la vía fiscal se cerró porque tanto la Agencia Tributaria como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartaron indicios de delito contra la Hacienda Pública, acreditando que su tributación como no residente era correcta y aclarando que su patrimonio real era muy inferior al denunciado originalmente.
Por lo tanto, el juicio trata de esclarecer si la Diputación de Badajoz creó y modificó de manera arbitraria y a medida una plaza de alta dirección para el hermano de Pedro Sánchez. Es decir, si la plaza de alta dirección fue creada específicamente para él en 2017 y si en 2022 se reconvirtió su cargo al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas para adaptarlo a sus preferencias personales y eximirle de la gestión ordinaria. Además, se le acusa de participar en la contratación de un amigo y exasesor en Moncloa, Luis María Carrero, como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación, una plaza en comisión de servicios. Carrero es funcionario del cuerpo de profesores de Escuelas Oficial de Idiomas, que pertenece a la Junta de Extremadura.
La Fiscalía pidió el archivo
La instructora del caso fue la jueza Beatriz Biedma, que en mayo de 2025 decidió la apertura de juicio oral y en noviembre pasado envió la causa a la Audiencia Provincial. Biedma se opuso durante la instrucción a los recursos planteados por la defensa y rechazó la postura de la Fiscalía de Badajoz a favor del archivo de la causa. El Ministerio Público sostiene que únicamente hay “conjeturas e hipótesis” y no existen “auténticos indicios racionales de criminalidad”. Para la Fiscalía, los pasos administrativos que dio la Diputación de Badajoz tanto para la contratación de David Sánchez como para la posterior incorporación de Luis Carrero cumplieron formalmente con los trámites legales.
Es una visión radicalmente opuesta a la de las acusaciones, de la que forman parte Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa, Liberum, PP y Vox, que solicitan penas que van desde la prisión a largas inhabilitaciones. Para David Sánchez piden tres años de cárcel, 12 de inhabilitación y la devolución de los 340.500 euros percibidos en salarios, para Miguel Ángel Gallardo también solicitan tres años de prisión y 27 de inhabilitación, y Luis María Carrero afronta un año y seis meses de privación de libertad, inhabilitación y la devolución de 87.077 euros de su sueldo.
El resto de acusados (diputados provinciales y directores de áreas en la institución provincial) se enfrentan a penas de un año y seis meses de prisión e inhabilitaciones que van de los seis años, para quienes participaron en la modificación de puesto de trabajo del músico en 2022, a los 15 años para quienes participaron en la contratación de Sánchez en 2017, a los que la instructora acusa de cooperar administrativamente para dar apariencia de legalidad a un proceso presuntamente pactado de antemano. Se trata de Cristina Núñez y Elisa Moriano, diputada provincial de Cultura y directora de área en esa época, y Félix González, funcionario de la Diputación que participó en la comisión de valoración de los aspirantes que se presentaron para ocupar la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses.
Quién juzga a Sánchez y Gallardo
El camino hacia el juicio ha estado marcado por el pulso sobre qué tribunal debía asumir las competencias. Una vez que la jueza acordó su procesamiento, Miguel Ángel Gallardo maniobró para tomar posesión de su acta de diputado autonómico y aforarse, aunque él argumentó que el objetivo era liderar la oposición al PP de María Guardiola desde la Asamblea de Extremadura. Gallardo fue elegido secretario regional del PSOE en sendas primarias que se celebraron en marzo de 2024 y enero de 2025. Pero no fue hasta mayo, en plena ofensiva judicial y 24 horas antes de que la jueza firmara el auto de apertura del juicio oral, cuando el presidente de la Diputación se convirtió en aforado tras forzar la dimisión de una compañera de su máxima confianza y la renuncia al acta de cuatro personas que le antecedían en la lista electoral que el expresidente Guillermo Fernández Vara elaboró en 2023.
Con este movimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) tendría que haber asumido las competencias, sin embargo, tanto la jueza instructora como el propio TSJEx rechazaron la maniobra al calificarla de “fraude de ley” con la intención de eludir a la Audiencia Provincial.
En la actualidad, Gallardo no está en primera línea política, después de que presentara su dimisión en enero como líder de los socialistas extremeños tras el descalabro en las elecciones autonómicas del pasado diciembre, en las que el PSOE perdió diez diputados (consiguió 18). Tampoco recogió su acta como diputado.
El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz encargado de dictar sentencia en este caso estará compuesto por los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, que será el presidente del tribunal, Dolores Fernández Gallardo y Emilio Serrano Molera, el magistrado ponente de la sentencia. Los tres fueron ratificados por el TSJEx tras rechazar las recusaciones planteadas por las defensas por una “pérdida de imparcialidad objetiva”, ya que se habían pronunciado previamente sobre la causa al resolver los recursos de apelación respaldando siempre las decisiones de la jueza instructora.
Además, en los autos dictados por la Audiencia de Badajoz se incluían expresiones que las defensas consideraron despectivas o faltas de neutralidad hacia David Sánchez, señalando concretamente el uso del término “hermanísimo” (en referencia a su relación con el presidente del Gobierno). Entendían que este tipo de lenguaje evidenciaba prejuicios ideológicos o mediáticos hacia el caso. Sin embargo, el TSJEx consideró que algunas expresiones de los magistrados de Badajoz “no eran del todo acertadas”, pero aclaró que ello no demostraba que los magistrados tuvieran un criterio inamovible formado. El tribunal matizó que el apelativo “hermanísimo” no era una “cosecha propia” de los jueces para burlarse, sino una expresión que ya figuraba literalmente en varios de los correos electrónicos corporativos e intervenidos de la propia causa.
Este no es el primer caso mediático al que se enfrenta Emilio Serrano. El magistrado presidió el juicio que se celebró en 2024 en Badajoz por el asesinato de Manuela Chavero, la vecina de Badajoz desaparecida en 2016 y cuyo cadáver apareció en 2020 en una finca propiedad de su vecino, Eugenio Delgado. Un jurado popular lo declaró culpable y el magistrado lo condenó a prisión permanente revisable, la primera condena de este tipo dictada en Extremadura.
Cuánto durará el juicio
En principio, el juicio está señalado hasta el 4 de junio, aunque fuentes judiciales consideran “complicado” que concluya ese día“. La vista comienza el jueves y el viernes se dedicará a la exposición de las cuestiones previas por parte de las defensas, la Fiscalía y las acusaciones populares.
Entre el 1 y el 3 de junio están citados a declarar 42 testigos y, posteriormente, será el turno de los 11 acusados. Pero la Audiencia Provincial ha permitido la desunificación de las acusaciones y permitirá que cada una actúe por separado, por lo que estarán presentes 16 letrados en la causa, algo que puede prolongar las jornadas previstas inicialmente.