Extremadura aprueba un plan de vivienda de 951 millones con fondos del Ministerio que ha llevado al Constitucional
El Gobierno de Extremadura y los agentes económicos y sociales de la comunidad han acordado este viernes por unanimidad el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030, que prevé movilizar una inversión estimada de 951 millones de euros durante los próximos cuatro años. Entre los fondos que sustentan el programa se incluyen 210 millones procedentes del Plan Estatal de Vivienda, cuya aplicación en Extremadura la Junta ha recurrido ante el Tribunal Constitucional al considerar que invade competencias autonómicas.
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido que ambas cuestiones son compatibles. Aunque el Gobierno extremeño mantiene su recurso contra el Plan Estatal de Vivienda, ha señalado que esto “no es óbice” para aceptar sus fondos. En concreto, Extremadura recibirá 210 millones de euros, de los que el 60% corresponde a financiación estatal y el 40% a autonómica. Ramírez ha sostenido que el recurso no implica que la comunidad pueda perder esta financiación, ya que afectaría únicamente a los artículos que eventualmente pudieran ser declarados inconstitucionales.
El nuevo plan autonómico ha sido consensuado en la Comisión Sectorial de Movilidad, Infraestructuras, Vivienda y Turismo de la Junta tras un proceso de diálogo con UGT, CCOO y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX). Según ha señalado el consejero, las aportaciones de los agentes sociales han permitido incorporar buena parte de sus propuestas al documento.
Ramírez ha calificado el programa de “plan histórico” tanto por el volumen de recursos movilizados como por las medidas que contempla, dirigidas especialmente a jóvenes, familias con menos recursos y habitantes del medio rural.
Ayudas para jóvenes y acceso a la vivienda
El plan se estructura en cuatro líneas estratégicas, 14 líneas de actuación y 49 medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, impulsar la rehabilitación, reforzar el parque público y favorecer un desarrollo territorial equilibrado.
Más de la mitad de la inversión prevista, alrededor de 498 millones de euros, se destinará a facilitar el acceso a la vivienda. En este bloque se incluyen el desarrollo del Plan Habita Extremadura, programas de ayudas al alquiler y a la adquisición de vivienda, el incremento de la oferta residencial y medidas para reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.
Los jóvenes son uno de los colectivos prioritarios. El plan contempla ayudas para la compra y el alquiler, así como sistemas de avales destinados a facilitar el acceso a la primera vivienda. También se prevén nuevas fórmulas de colaboración público-privada para ampliar la oferta residencial y actuaciones específicas para facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural.
El programa incluye además medidas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad y contempla el fortalecimiento del parque público mediante nuevas promociones, la movilización de viviendas disponibles y la mejora de los mecanismos de mantenimiento, inspección y acompañamiento social.
La Junta no concreta cuántas viviendas públicas se construirán
Por otro lado, el plan reserva más de 127 millones de euros para rehabilitación y regeneración urbana, con actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y las condiciones de conservación de los edificios residenciales.
Junto a las medidas de inversión, el documento incorpora reformas normativas para actualizar el marco regulador de la vivienda en Extremadura. Entre ellas figura la futura Ley de Vivienda de Extremadura, la actualización del régimen de vivienda protegida y la simplificación de procedimientos urbanísticos.
Preguntado por el número de viviendas que se construirán o promoverán durante los cuatro años de vigencia del plan, el consejero no ha ofrecido una cifra concreta. Ramírez ha recordado que el PP llevaba en su programa electoral el compromiso de construir o promover 3.000 viviendas públicas, una cifra que posteriormente se elevó a 3.500 en el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox.
El consejero ha señalado que el plan inicia ahora su tramitación administrativa, que puede prolongarse durante aproximadamente un mes o mes y medio. Después tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno, algo que la Junta prevé que ocurra previsiblemente en octubre.