El Gobierno de Ayuso, condenado a pagar 10.000 euros por excluir a una mujer con discapacidad de una residencia

Tiene 72 años y un 72% de discapacidad intelectual. Sus circunstancias la han llevado a permanecer durante años en centros especializados en Castilla y León, pero los problemas vinieron cuando su familia quiso trasladarla a la Comunidad de Madrid. La administración la dejó fuera de las plazas de centros especializados al pedir el acceso siendo mayor de 65 años. Esto ha llevado a su hermano, que también es su tutor, a una batalla legal durante meses que ha acabado con la condena al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a pagarles 10.000 euros por daño moral, algo que la Comunidad va a recurrir.

El hermano de esta mujer, José Manuel, es el único apoyo que tiene, tanto familiar como económico. En conversación telefónica pide que se mantenga en el anonimato a su hermana y propone llamarla ‘Maricarmen’, en honor a la anciana de 87 años que falleció después de que la desahuciaran. Desde hace meses lleva luchando para intentar que se reconozcan las necesidades que tiene Maricarmen, con grado II de discapacidad reconocida y que celebra la sentencia como “un paso adelante”.

“Lleva 17 años siendo atendida en centros de discapacidad intelectual” en Castilla y León, explica. En 2025 decidieron trasladar el expediente a la Comunidad de Madrid para que pudiesen estar más cerca mientras ella ingresaba a través de una plaza privada en una de estas residencias especializadas. Ahí conoció a su pareja, Alejandro, mientras la comunidad autónoma resolvía el expediente. Finalmente, la Comunidad le reconoció una prestación económica vinculada al servicio residencial (PEVS) pero no la incorporó al servicio residencial del Programa Individual de Atención (PIA), lo que hizo que no entrara en lista de espera para poder acceder a una plaza pública en un centro especializado, tampoco a una concertada. Eso hace que sí o sí tenga que ir a una residencia privada. La Administración, que tardó además mucho más tiempo del fijado por la normativa en responder, no entró a explicar por qué en su caso no aplicaba este servicio. 

José Manuel reconoce que les es imposible asumir los costes porque, además, la gestora de la residencia de su hermana les ha avanzado que subirán los precios hasta los 3.000 euros mensuales, más otros posibles gastos que pueda necesitar Maricarmen. La mujer tendría que dejar el centro, su rutina y las personas que ha conocido en él. Especialmente a Alejandro, que aunque también es mayor de 65 años sí puede permanecer en la residencia. Desde el Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) se plantean “hasta qué punto los sistemas de atención a la discapacidad y a las personas mayores garantizan la continuidad de los apoyos cuando una persona con discapacidad envejece”.

En abril, decidieron denunciar. En julio, un tribunal de Instancia de Madrid ordenó a la Consejería adoptar las acciones necesarias para que la mujer continuara en la residencia con asignación de plaza pública o concertada, teniendo en cuenta su estabilidad emocional. El Ministerio Fiscal había solicitado cautelares para garantizar la inclusión en la lista de espera de un recurso residencial especializado. Si no se adoptaba podían producirse “perjuicios de muy difícil reparación”. Unos meses más tarde, en septiembre, es cuando se dicta sentencia.

Además de la indemnización a la familia, la Comunidad de Madrid debe volver a valorar el caso de manera individualizado “sin que la edad pueda operar como criterio automático de expulsión”. En el texto, la jueza confirma que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “vulernó su derecho a la igualdad” por derivarla de forma automática a una red de recursos para mayores por tener más de 65 años. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que dirige Ana Dávila y que ha anunciado un recurso, debe pagar 10.000 euros a la familia.

Además, el pasado 8 de octubre, el juzgado decidió mantener las cautelares a la espera de una sentencia firme y después de que el Gobierno autonómico la haya recurrido. Ordenó dar traslado a la Comunidad y al Ministerio Fiscal para que presentaran alegaciones. La Consejería, por su parte, asegura que es “rotundamente falso” que se discrimine en función de la edad y argumenta que ha habido un aumento de las plazas públicas para personas con discapacidad.

Por ahora, mientras avanza el caso en los juzgados, Maricarmen podrá continuar junto a su pareja, Alejandro, y la red que ha construido en el centro en el que vive. José Manuel, por su parte, seguirá peleando ya que el fallo, insiste, no adjudica directamente una plaza residencial definitiva a su hermana y no es firme.