El juez Peinado imputa a la exconsejera extremeña Olga García por prevaricación en una macroplanta solar en Alcántara
El proyecto de la planta solar fotovoltaica 'FV Tagus', en la localidad cacereña de Alcántara, ha desencadenado un terremoto que salpica a la anterior administración autonómica. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, ha dictado una providencia para imputar a la exconsejera para la Transición Ecológica de la Junta de Extremadura, Olga García, por un presunto delito de prevaricación en la concesión de los permisos administrativos que facilitaron la implantación de esta macroplanta energética, promovida por una filial de Iberdrola.
Según consta en la resolución judicial, Olga García —quien actualmente ejerce como presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)— deberá acudir a prestar declaración en calidad de investigada el próximo 7 de octubre. La causa penal tiene su origen en una denuncia inicial interpuesta en mayo de 2024 por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex). Aunque el caso arrancó en el Juzgado de Valencia de Alcántara, terminó inhibiéndose primero a Cáceres y finalmente a los juzgados de Madrid, al encontrarse en la capital de España la sede del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
Afección a 500 hectáreas de máxima protección ambiental
La macroplanta fotovoltaica obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en enero de 2023, firmada por Marta Gómez Palenque, directora de Evaluación de Calidad Ambiental del Miteco, quien también figura como investigada en la causa junto al exsubdirector del área, Eugenio Domínguez. La autorización estatal salió adelante a pesar de que la instalación proyectada supone la alteración radical de 500 hectáreas de terreno virgen situadas en pleno corazón de una zona de Reserva de la Biosfera y catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
El presidente de Fondenex, Francisco Blanco, ha explicado a la agencia Efe que las obras conllevan la destrucción directa del hábitat de especies en crítico peligro o de alta protección, como el lince ibérico, el águila imperial ibérica, el águila real, la cigüeña negra y el buitre negro. Blanco sostiene que el Ministerio aprobó la DIA atendiendo “fundamentalmente” a los informes favorables que emanaron de la Consejería extremeña que entonces dirigía Olga García, obviando la gravedad de los daños sobre el terreno.
La documentación judicial revela que la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura era plenamente consciente de la situación. De hecho, el propio departamento técnico dejó por escrito en sus informes que la zona elegida por la filial de Iberdrola era de “máxima sensibilidad ambiental” y que, por norma general, “no era recomendable la ejecución de proyectos de energía renovable fotovoltaica” en esos suelos.
Sin embargo, según denuncia Fondenex, la Consejería pilotada por García acabó abriendo la puerta al visto bueno definitivo bajo el pretexto de implementar una serie de “medidas preventivas, correctivas y compensatorias” por parte de la empresa promotora. “Cualquier científico de reconocido prestigio sabe que esas medidas no existen para una incidencia de este calibre. Es una falacia perfectamente conocida por la Dirección General, que las utiliza simplemente como una disculpa para autorizar un proyecto”, ha sentenciado Blanco para justificar una vía judicial que ahora sitúa a la exconsejera extremeña a las puertas del banquillo.