La Junta inyecta 22 millones a Urvipexsa para 110 viviendas públicas en tres municipios
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes una nueva transferencia presupuestaria de casi 22 millones de euros a favor de la empresa pública Urvipexsa. Esta partida económica se destinará de forma directa a la planificación, tramitación, ejecución y comercialización sobre plano de 110 viviendas de protección oficial (VPO) en Cáceres, Arroyo de la Luz y Guareña, en el marco del Plan Habita.
La distribución del paquete de viviendas asigna la mayor parte del cupo a la capital cacereña, con 100 inmuebles en fase avanzada de desarrollo para este 2026, mientras que Arroyo de la Luz contará con cuatro y Guareña con seis.
La aportación exacta de 21,8 millones de euros asumirá todo el ciclo operativo de las promociones: desde la adquisición de suelo e infraestructuras hasta la contratación de licencias, la supervisión de las obras y la gestión comercial de los pisos para sacarlos al mercado con rapidez.
Esta actuación supone un nuevo paso en la estrategia global del Plan Habita, con el que la Administración autonómica aspira a promover hasta 3.500 viviendas públicas a lo largo de la legislatura. La iniciativa contempla un volumen global de inversión cercano a los 500 millones de euros sustentado en la colaboración público-privada, la cesión de parcelas municipales por parte de los ayuntamientos extremeños y la firma de alianzas con entidades financieras para facilitar el acceso a préstamos hipotecarios a los compradores. Según los datos del Ejecutivo, desde 2023 se han edificado 570 inmuebles protegidos en la región.
En la misma sesión, la Junta ha dado el visto bueno al convenio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para articular el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, del cual a Extremadura le corresponde un 3% de los fondos totales.
El acuerdo movilizará 210 millones de euros en la comunidad, de los que 126 millones serán aportados por el Estado y 84 millones por la la administración autonómica, orientados al alquiler asequible, la rehabilitación y la emancipación juvenil.
El Ejecutivo regional formalizará el convenio para no comprometer la financiación, manteniendo en paralelo el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional al considerar que el plan estatal invade competencias autonómicas.