Primer revés para la ley de Concordia de Extremadura: el Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso presentado por el Gobierno contra la ley de Concordia de Extremadura, elaborada por PP y Vox, al considerar el Ejecutivo que la norma autonómica invade competencias estatales y rebaja la protección reconocida a las víctimas de la dictadura y la Guerra Civil por la ley estatal de memoria democrática.
La decisión se ha adoptado por unanimidad en el pleno del Constitucional celebrado este martes, según han informado a EFE fuentes jurídicas, en la sesión que ha abierto el nuevo curso judicial del tribunal de garantías.
El recurso del Gobierno sostiene que la ley extremeña incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias que están reservadas constitucionalmente al Estado.
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que la denominada ley de Concordia reduce la protección de derechos reconocidos por la legislación estatal de memoria democrática, entre ellos los derechos a la verdad, a la reparación material y moral y a las garantías de no repetición.
El Gobierno defiende en su recurso que la concordia no puede sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas y que la reconciliación social debe construirse precisamente sobre esa reparación, y no limitarla.
La impugnación también cuestiona la regulación de la colaboración entre las instituciones extremeñas y el Estado. Según el Ejecutivo, la norma autonómica restringe la cooperación prevista en la ley estatal de memoria democrática y la supedita a su propia legislación de concordia, lo que podría dificultar la aplicación uniforme de la normativa estatal.
A ello se suma la denuncia de una invasión de competencias estatales en determinados aspectos procesales y educativos, ámbitos en los que la Constitución atribuye competencias al Estado.
La admisión a trámite no supone todavía que el Constitucional se haya pronunciado sobre el fondo del recurso. El tribunal deberá ahora estudiar los argumentos planteados por el Gobierno y determinar si los preceptos impugnados de la ley extremeña se ajustan a la Constitución.