El PSOE acusa de racismo al Gobierno de Guardiola tras vaciar los fondos para menores migrantes, en manos de Vox

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha acusado de “racista e insolidario” al Ejecutivo de María Guardiola tras revelar un drástico tijeretazo en las partidas destinadas a los centros de menores, cuyas competencias están en manos de Vox. Según los socialistas, el Gobierno regional ha vaciado de fondos las políticas de infancia mientras recurre ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, que fija en 364 las plazas de acogida para menores migrantes no acompañados que corresponden a la comunidad.

La denuncia del PSOE se sostiene en la evolución del presupuesto autonómico para la red de atención a la infancia. Mientras que en las cuentas de 2025 la partida contaba con una dotación de dos millones de euros, para el ejercicio 2026 el crédito inicial se redujo a la mitad (un millón de euros). Posteriormente, mediante una modificación presupuestaria, la Junta detrajo otros 700.000 euros, dejando el fondo recortado a tan solo 300.000 euros. De esa cifra, a fecha de 30 de junio solo se habían ejecutado 12.000 euros.

Para la portavoz socialista de Servicios Sociales e Infancia, Soraya Vega Prieto, estos datos desmontan el argumento del “colapso” de los centros aludido por el Gobierno autonómico para rechazar la cuota estatal. “Si de verdad existe un problema de capacidad, lo que tiene que hacer un gobierno responsable es invertir y mejorar los centros. Lo que no puede hacer es vaciar de fondos las políticas de infancia y después utilizar la falta de recursos que él mismo ha provocado para justificar que no quiere atender a determinados niños y niñas”, ha aseverado Vega tras mantener un encuentro con la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX).

El choque entre oposición y Gobierno regional se produce después de que el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), anunciara la impugnación del decreto y la solicitud de suspensiones cautelarísimas para congelar la llegada de los 364 menores. Desde la Junta justifican el movimiento alegando que la asignación se ha formulado de manera “arbitraria” y “discrecional” sin evaluar la capacidad real económica ni habitacional de la región.

Frente a esta posición, el PSOE ha reprochado la falta de empatía de la presidenta Guardiola con territorios que afrontan una alta presión asistencial, como Ceuta, cuestionando si la respuesta del Ejecutivo autonómico se limitará a la protesta o si aportará soluciones reales. “Decisiones como esta no son propias de un gobierno responsable, sino de un gobierno racista que utiliza la inmigración y a los menores como elemento de confrontación política”, ha concluido Vega, instando a que Extremadura ejerza la solidaridad institucional.