Unidas por Extremadura denuncia que Vox prohíbe a los funcionarios usar las palabras ‘inclusión’ y ‘diversidad’

Unidas por Extremadura ha denunciado este lunes que la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, gestionada por Vox, ha prohibido a sus trabajadores incluir las palabras inclusión, diversidad e inmigración en los documentos oficiales, así como portar insignias sobre estas materias.

Asimismo, “se está coaccionando por parte de esta Consejería a los trabajadores públicos para que no utilicen carteles, ni banderas, ni insignias que según ellos no sean adecuados o neutrales”, ha manifestado la portavoz de la coalición, Irene de Miguel, este lunes en rueda de prensa.

“Es una censura absoluta”, ha aseverado la parlamentaria regional, quien ha afirmado que ya han existido coacciones y ha expresado su apoyo a los funcionarios que decidan interponer denuncias “frente a este ataque absoluto a la libertad de los trabajadores públicos”.

Sin embargo, ha desmentido “categóricamente” esa denuncia de la coalición de izquierdas y ha negado que exista ninguna instrucción o normativa “que prohíba a los empleados públicos hablar de inclusión, inmigración, diversidad o cuestiones relacionadas con colectivos como el LGTBI o el feminismo”.

Menores migrantes

Por otra parte, ha tildado de “inhumana” la petición a la Fiscalía de autorización para practicar la prueba de determinación de edad a menores extranjeros no acompañados acogidos en la región, anunciada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle.

Ha asegurado que estas pruebas ya están contempladas en el protocolo nacional y ha considerado que la intención del consejero con esta solicitud es que “nos centremos en este tema que es tan ridículo”, además de poco solidario con comunidades autónomas como Canarias, que está viviendo una emergencia migratoria con 6.000 menores “hacinados” frente al centenar que tiene Extremadura.

Se ha preguntado cómo puede ser un “problema de primera magnitud” que Extremadura acoja a estos menores cuando, tras el estallido de la guerra en Ucrania, recibió a más de 800 personas de este país, lo que a su juicio obedece a un discurso “profundamente racista y clasista”.

“La señora Guardiola está transigiendo con este discurso racista, que lo único que intenta es criminalizar a los menores que vienen no acompañados a nuestro país”, ha aseverado la portavoz de Unidas, que ha criticado que se haga un uso “utilitarista” de la inmigración cuando los datos demuestran que está frenando la despoblación y proporcionando mano de obra en sectores que antes no la tenían.

Fundación Yuste

Irene de Miguel ha considerado además un ejemplo de “puerta giratoria” el nombramiento del exalcalde de Plasencia Fernando Pizarro como nuevo director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y ha anunciado que pedirán su currículum vitae para comprobar si se ajusta al puesto que va a ocupar porque cree que lo que más ha pesado es su carné de Partido Popular.

Ha criticado que Pizarro “abandone” la Alcaldía placentina no para volver a su puesto de maestro, sino para dirigir una fundación “por la friolera de 60.000 euros al año, muy lejos de lo que cobran los maestros en nuestra tierra”, y ha acusado al PP de “manosear” las instituciones públicas llevando a estas a una pérdida de credibilidad.

Ha expresado su inquietud por que una fundación que supuestamente debería ser apartidista para proteger su independencia y el rigor, “esté cooptada por el Partido Popular, que la instrumentaliza y la manipula para su propio interés”, como en su opinión ocurrió con la entrega del último Premio Europeo Carlos V.

En materia educativa, Irene de Miguel ha vuelto a reclamar la homologación salarial de los docentes extremeños, dado que los 80 euros mensuales que se están abonando de subida salarial distan de los 200 prometidos por el PP en campaña electoral y los 300 de Vox.

Ha exigido también a la Junta de Extremadura que se marque como prioridad instalar una máquina de aire acondicionado en cada aula de Extremadura para garantizar el confort térmico y “que la calidad de la educación no se vea resentida”.