Adenex tilda de “errática” la prórroga de Almaraz: “Las centrales no tienen derechos infinitos”
La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha calificado de “errática” la decisión del Gobierno de alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). La entidad considera que la medida carece de coherencia con la política energética estatal aprobada por el Parlamento español y respaldada por la Unión Europea.
La prolongación de la actividad de los dos reactores, fijada en torno a un año y medio para la Unidad I y dos años y medio para la Unidad II, alterará el resto de plazos de cierre previstos para el parque nuclear español. Según señala la organización en una nota, este retraso “compromete” de forma directa el desarrollo de las energías renovables, la implantación de sistemas de almacenamiento y los planes de ahorro energético.
La asociación ecologista advierte asimismo del escenario en el que queda la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Dado que los trabajos previos para la clausura de la planta cacereña ya se habían puesto en marcha, la prórroga hará “muy difícil un desmantelamiento con cuatro centrales en proceso a la vez a partir de 2030”.
Paralelamente, Adenex ha cuestionado la gestión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). A su juicio, el organismo regulador ha incurrido en una falta de transparencia ante las “reiteradas incidencias no programadas” registradas en Almaraz, la última de las cuales continúa aún en proceso de reparación.
El empleo en Campo Arañuelo y el precedente de Garoña
En cuanto al impacto socioeconómico en la comarca de Campo Arañuelo, el colectivo rechaza las cifras difundidas por el “lobby pronuclear” y remarca que en la zona ya se ha comenzado a articular un “incipiente tejido industrial” para amortiguar la pérdida de los puestos de trabajo directos, los cuales cifra en “poco más de 800”. Asimismo, recuerda que la fase posterior al apagón garantizará dos décadas de labores de mantenimiento y hasta 70 años de gestión de residuos.
Por último, la organización subraya que el Gobierno central dispone de la capacidad legal de decretar el cierre de las instalaciones incluso en contra de un informe técnico favorable del CSN. Para ello, cita como precedente la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de julio de 2011 relativa a la central de Garoña (Burgos). “Las centrales nucleares no tienen derechos infinitos ni ilimitados”, concluye la entidad.