La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer posibles vertidos ilegales en Andalucía y Extremadura, tras la detención de dos personas por verter amianto en una finca catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno andaluz, después de hacerse pasar por integrantes de una empresa autorizada para retirar uralita.
En un comunicado, la Policía Autonómica ha informado de que la investigación, en el marco de la ‘Operación Barroco’, se inició hace un año tras detectarse vertidos contaminantes compuestos por grandes cantidades de uralita, material que contiene amianto con alto potencial cancerígeno, en las inmediaciones de la Hacienda Ibarburu, en la carretera N-IV a su paso por Dos Hermanas.
Los agentes comprobaron que los residuos contaminantes eran depositados sin ningún tipo de medida de seguridad medioambiental contraviniendo la normativa autonómica y afectando directamente a un enclave protegido, ya que la finca está catalogada como BIC por la Junta de Andalucía desde 2002.
Fruto de las pesquisas se identificó al autor material de los vertidos, a quien se le imputó un delito contra el medio ambiente y posteriormente como consecuencia de la continuación de las investigaciones, se logró identificar y detener a un segundo sujeto, a quien, además del delito anterior, se le imputaron también delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores.
El modus operandi de los autores consistía en ofrecer sus servicios como empresa especializada en la retirada y tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos, asegurando contar con los permisos y certificaciones necesarios que la Junta requiere para tal actividad.
Así pues, una vez que eran contratados para la retirada de la uralita, procedían a su retirada manipulando dicho material sin adoptar medidas preventivas y lo transportaban en vehículos alquilados que carecían de las características adecuadas para tal fin.
Finalmente, volvían a verter los residuos contaminantes en lugares de difícil acceso, obviando cualquier tipo de tratamiento para su descontaminación o eliminación, generando un grave riesgo para la salud pública.