Los sindicatos exigen el doble de lo ofrecido por la Junta de Extremadura y dejan en el aire la paz social en la Administración
La negociación para la equiparación salarial en la Administración General de la Junta de Extremadura se ha encallado este miércoles tras celebrarse una tensa mesa sectorial. Los sindicatos USO, SGTEX, CSIF, UGT y CCOO han considerado “insuficientes” los 55 millones de euros puestos sobre la mesa por el Ejecutivo regional y han elevado sus exigencias hasta los 120 millones de euros, una cifra que reclaman sin contar las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores.
Durante el encuentro, la representación sindical ha recriminado a la Administración que la propuesta económica sea exactamente la misma que la presentada hace dos semanas. Según denuncian las organizaciones, al descontar las cargas sociales, la cantidad real se reduce a unos 40 millones netos, un volumen presupuestario muy alejado de las necesidades del sector.
“Nunca en Administración General ni en otros ámbitos se mezclan los costes que tiene la empresa a la hora de hablar de un acuerdo”, ha criticado con contundencia la secretaria de acción sindical de UGT, Erika Gutiérrez. La representante sindical ha mostrado su profunda decepción tras la reunión, subrayando que esperaban “un esfuerzo mayor, ya que la brecha salarial en el ámbito de la Administración General es mucho más profunda”.
La Junta defiende su apuesta presupuestaria
Por su parte, el director general de Función Pública, Hugo Curiel, ha defendido la postura del Gobierno presidido por María Guardiola y ha puesto en valor el esfuerzo económico asumido al consignar 13 millones de euros específicos dentro del proyecto de presupuestos para el año 2027.
Asimismo, Curiel ha confiado en que el escenario político nacional pueda aliviar la tesorería autonómica a corto plazo. “Dentro de un mes, si hay un cambio de gobierno nacional, es posible que haya un nuevo sistema de financiación que nos permita recibir nuevos fondos”, ha argumentado el responsable autonómico ante los representantes sociales.
Durante la sesión también se ha puesto sobre la mesa la reciente impugnación presentada por el Sindicato Independiente Progresista (SIP) contra las últimas elecciones sindicales en la Administración General, un asunto calificado por Función Pública como “delicado” y que actualmente se encuentra bajo análisis de los servicios jurídicos de la consejería.
Tras este encuentro sin avances definitivos, los sindicatos se han emplazado a redactar una propuesta conjunta más detallada que prevén presentar a finales de la próxima semana. Desde la Dirección de Función Pública confían en que este nuevo documento técnico sirva para “ver de verdad dónde residen esas brechas salariales, en qué grupos están más agravados que en otros y poder intentar llegar a un entendimiento y un acuerdo” que reactive la negociación.