El impago de pólizas y el Brexit, nuevos obstáculos para que la aseguradora del Prestige pague las indemnizaciones

El cobro de las indemnizaciones por la catástrofe del Prestige continúa su camino plagado de obstáculos. En las próximas semanas comenzará en Londres un juicio en el que la aseguradora del buque, que en principio debería abonar la parte más importante de los pagos (855 millones de los algo más de 1.500 fijados por la justicia), intentará eludir su responsabilidad, alegando que la empresa armadora no estaba al día en la liquidación de las pólizas del seguro. Además, la propia salida del Reino Unido de la UE puede hacer aún más difícil la recuperación de este dinero.

En diciembre de 2018, el Tribunal Supremo fijó en más de 1.500 millones de euros la cantidad total de los pagos, que debían ser efectuados por el FIDAC (Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos); por el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; y por la aseguradora, London Owners Mutual, siendo la propietaria del buque, Mare Shipping, la responsable subsidiaria.

Ese dinero debía repartirse entre el Estado español, como principal perjudicado; Francia; la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido entre ayuntamientos, mancomunidades, sociedades, empresas y particulares. Los magistrados entienden que al Estado le corresponden 1.573 millones de euros; a la Xunta, 1,8 millones y a Francia, 61. Hace unos meses la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó ya el reparto de una pequeña parte de las indemnizaciones: algo más de 51 millones, procedentes de los fondos depositados durante el procedimiento por el FIDAC y la aseguradora así como del dinero de la venta del fuel recuperado por Repsol.

Las distintas sentencias judiciales dictadas fijaron la responsabilidad total de la aseguradora London Owners Mutual (que forma parte de London P&I Club) en los 1.000 millones de dólares (algo menos de 900 millones de euros), por ser este el límite de cobertura establecido en la póliza. Una cantidad que ya era sensiblemente menor que los 4.328 millones de euros que reclamaba la Fiscalía fruto del peritaje realizado por una experta de la Universidad de Santiago que analizó los daños económicos y sociales. El propio fiscal advirtió siempre de que la aseguradora era la única entidad “solvente” sobre la que se puede reclamar.

Sin embargo, es posible que la aseguradora evite finalmente el abono de este dinero, que supone la parte más importante de las indemnizaciones. En unas semanas comenzará en Londres un nuevo juicio, en el que London P&I Club alegará que la armadora del Prestige no había pagado las correspondientes pólizas del seguro del buque, por lo que la aseguradora no sería responsable de las indemnizaciones. En el proceso participa el Estado español a través de un bufete inglés, pero la entidad ecologista Arco Iris destaca que la demanda española “tiene pocas opciones de prosperar”, uno de los motivos por los que Francia ya hizo pública su renuncia a concurrir a esta vista.

Arco Iris recuerda que en los últimos años España y Francia ya perdieron en el Reino Unido la batalla judicial para conseguir que el pleito por el pago del dinero del seguro tuviera lugar fuera de la jurisdicción británica. De igual manera, hace cuatro años España también perdió en Estados Unidos la demanda presentada contra la clasificadora del Prestige.

La entidad ecologista destaca, además, que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se podría convertir en un nuevo obstáculo para el cobro del dinero del seguro, ya que “el Brexit hace muy complicado que las sentencias de los estados miembros tengan aplicación directa frente a los tribunales británicos”.

Por este motivo, Arco Iris exige al Ministerio de Justicia que “emita una orden preventiva de embargo a todos los países de la UE contra los bienes en territorio europeo de la compañía London P&I Club” para cubrir los 855 millones de euros en los que la Audiencia Provincial de A Coruña fijó la responsabilidad de la aseguradora. La entidad ecologista subraya que todo esto debe hacerse antes de que a final de este año concluya el período transitorio del Brexit.

“A partir del 1 de enero de 2021, cualquier iniciativa en este sentido sería ya inútil”, destaca Arco Iris. “El Gobierno español debe dedicar todos sus esfuerzos a iniciar las acciones oportunas para al menos recuperar por la vía del embargo lo que parece una tarea imposible por la vía judicial”, concluye la entidad.