La red de trata por la que fue detenido el exlíder del sindicato agrario ligado al PP gallego dio a un bebé en adopción ilegal
En los primeros días del pasado abril regresó a los titulares de la prensa un hombre que había sido protagonista en los principales espacios de poder político en Galicia en los tiempos de Manuel Fraga. Juan Pérez Miramontes, empresario y expresidente de la desaparecida organización Xóvenes Agricultores, antaño poderosa rama agraria del PP gallego, acababa de ser detenido en una operación internacional contra la trata de mujeres. Un espectacular dispositivo policial desplegado al mismo tiempo en Santiago de Compostela y en Ciudad de Este (Paraguay) había desmantelado una presunta red de proxenetismo en cuyas finanzas Pérez Miramontes era señalado como pieza clave.
El secreto de sumario de la Operación Chipa decretado por el juzgado de instrucción número tres de Santiago, que instruye el caso, impidió entonces conocer más detalles que los revelados por la Fiscalía paraguaya, que acusaba a Pérez Miramontes de ser “financiador de los viajes” de las mujeres engañadas en Paraguay para, presuntamente, ser prostituidas por la fuerza en pisos de Santiago. Tres meses después del estallido de la operación, la Policía Nacional ha ofrecido más información, entre la que destaca el robo de un bebé de una de las víctimas, entregado en adopción ilegal por la red para que la madre “continuara ejerciendo la prostitución”. Actualmente está bajo tutela de la Xunta.
Como ya había trascendido, el cuerpo policial ratifica que al desarticular la red fueron detenidas un total de 11 personas, tres de ellas en Paraguay, y dado el peso de Pérez Miramontes en la trama fue enviado directamente a prisión mientras eran liberadas hasta 13 mujeres. Las pesquisas habían comenzado gracias a la denuncia de una de las víctimas, quien “indicó la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres procedentes de Paraguay en pisos” de la capital gallega.
Una de las víctimas de la red de explotación, que según la investigación fue engañada bajo la promesa de un falso trabajo “en labores domésticas o cuidado de personas mayores”, “llegó a España embarazada de cuatro meses”. Siempre según la investigación, “en cuanto el líder de la organización se enteró, inició gestiones para que una familia se hiciera cargo del menor en cuanto naciera”. No obstante, “durante todo el embarazo” la mujer “siguió siendo explotada sexualmente”.
Para intentar otorgar aspecto de legalidad a la maniobra, “un hombre colombiano de 40 años se hizo pasar por la pareja de la víctima, reconociendo al menor como propio en el Registro Civil” como primer paso para que “su madre, de 60 años, se hiciera cargo de él aparentando ser su abuela”, informa la Policía. El robo fue prácticamente inmediato al nacimiento: apenas dos días después “pasó a manos de la nueva familia y la víctima rechazó hacerse cargo de él bajo amenazas y coacciones de la organización”. Dos semanas después “los agentes confirmaron que la víctima continuaba trabajando para la organización”.
Mujeres “en situación de vulnerabilidad”
Como había avanzado el Ministerio Público paraguayo, la Policía española da por acreditado mediante el testimonio de los agentes que desarticularon la red que “las víctimas eran captadas en su país de origen”. El grupo de Pérez Miramontes se aprovechaba “de su situación de vulnerabilidad y necesidad al contar con escasos ingresos” al ser, “en muchas ocasiones, la única fuente” de sustento de sus familias.
“Viajaban bajo promesas de trabajos muy bien remunerados” en labores de cuidados y en el propio Paraguay les facilitaban los billetes en una agencia de viajes, donde también las “informaban de cómo debía ser su comportamiento” al llegar. El viaje no era directo “para evitar sospechas”, sino que eran desplazadas hasta São Paulo, en Brasil; allí volaban hacia Italia para después ser enviadas a Madrid y, desde allí, “eran recogidas por algún miembro de la organización, que las trasladaban en vehículos de alquiler a los pisos situados en Santiago” para prostituirlas. Una vez en Galicia “les retiraban los pasaportes” y “las informaban” de que habían contraído una deuda “de unos 10.000 euros” con la red.
La operación internacional contra la trama se saldó con la intervención en los pisos compostelanos de “abundante material informático, teléfonos móviles”, documentos con “anotaciones esclarecedoras” sobre la extorsión económica a las víctimas y “dos vehículos”, además de dinero. “El líder de la organización y su pareja permanecen en prisión provisional”, confirma la Policía.
