No faltó de nada: ni el sonido del helicóptero, ni las sirenas, ni el humo rojo asomando de uno de los tres bidones amarillos aparecidos en la playa viguesa —la inconfundible silueta del rascacielos de la isla de Toralla no dejaba lugar a dudas sobre la ubicación—. En un momento, el grupo de supuestos técnicos, vestidos con trajes blancos de protección y máscaras antigas, pasó de ahuyentar a los paseantes a salir corriendo ellos mismos cuando se confirmó el escape radiactivo. Era un simulacro, sí, pero también un aviso y un recordatorio: como esos tres contenedores hay muchos más —hasta 200.000 según algunas estimaciones— a varios cientos de kilómetros de la costa gallega.
Los activistas, pertenecientes a la organización Ecoloxistas en Acción, quisieron representar lo que pasaría si llegasen al litoral de la península algunos de los cientos de miles de bidones con residuos radiactivos arrojados durante años a la Fosa Atlántica. El objetivo, alertar sobre el problema ambiental que supone ese inmenso depósito submarino y reclamar el abandono de la energía nuclear.
“Hay que hacer un cierre ordenado de las centrales nucleares. Un plazo de diez años, hasta 2035, es más que suficiente para sustituir la electricidad que están aportando”, aseguró Eloy Pérez, coordinador de Ecoloxistas en Acción. “Dejar de producir residuos radiactivos y comenzar a tratar el gran problema de gestionarl del modo menos dañino posible debería ser la lección de aquellos vertidos al océanos que hoy nos parecen inaceptables y cuyos daños no se quisieron conocer durante mucho tiempo”.
La organización recuerda que, este mismo verano, una misión científica francesa localizó 3.350 bidones a poco más de 500 kilómetros de la costa gallega. En esa zona, ocho países europeos se deshicieron de sus residuos nucleares de actividad media y baja entre 1949 y 1982, hasta que lo sacaron a la luz pública los ecologistas gallegos en 1981, que llevaron hasta allí a la prensa e impidieron los vertidos de dos cargueros holandeses.
Aunque entonces se declaró una moratoria, no fue hasta 1993 cuando “esta barbaridad” se prohibió a escala internacional. Aún así, señalan que “actualmente se está vertiendo al mar el agua radiactiva derivada de la catástrofe nuclear de Fukushima”: más de un millón de toneladas que Japón está arrojando al océano Pacífico desde 2023. “Si no se remedia, seguirá durante décadas”.
“Los residuos nucleares deben mantener aislados de los seres vivos durante períodos que van de siglos a cientos de miles de años”; asegura Ecoloxistas en Acción, y aunque “no existe una solución que pueda garantizar ese aislamiento durante tanto tiempo”, ya que “siempre son un riesgo”, abandonarlos en el mar es “una completa irresponsabilidad, pero producirlos también lo es”.
En España, según la organización, los residuos de baja y media actividad, se están llevando a El Cabril (Córdoba), “un lugar apartado de las centrales y próximo a una zona natural protegida” donde “nunca se consultó a sus habitantes”. Sin embargo, los más contaminantes, el “combustible nuclear gastado”, quedará durante décadas en el sitio donde se generaron, las propias centrales, una solución “provisional”. Ecoloxistas en Acción reclama que se busque un lugar “lo más estable geológicamente que sea posible para aislalos bajo tierra” siempre “en el territorio del Estado que los produjo”.