El pasado martes, el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, hizo mutis por el foro ante la llamada de la jueza de Puebla de Sanabria que va a decidir si le condena por un delito contra la seguridad vial. La citación está en manos del político del Partido Popular desde hace semanas, tras haber sido interceptado cuando circulaba a 215 kilómetros por hora por la Autovía A52. Baltar iba al volante de uno de los coches oficiales del nutrido parque móvil pagado con dinero público del que dispone en la Diputación que preside.
La víspera del día previsto para el juicio el abogado del barón orensano del PP alegó otros compromisos y pidió un aplazamiento. La jueza no se lo concedió e invitó a Baltar y a su abogado a que se presentasen ante ella por videoconferencia. No lo hicieron. La magistrada no ha esperado ni 48 horas para fijar una nueva fecha de juicio: será este jueves a primera hora de la mañana. Si el político no se presenta podría encontrarse con un problema serio e, incluso, ser puesto en busca y captura por el juzgado que impulsa la acción penal contra él.
Las excusas de Baltar para saltarse un proceso judicial no son nuevas. En 2016 consiguió convencer a otro juez, en este caso de Ourense, para que aplazase un interrogatorio al que había sido llamado como investigado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. En aquella ocasión Baltar alegó que su juicio coincidía con un viaje previamente organizado para llevar a su familia a conocer Eurodisney.
No eran aquellos días tranquilos para la familia Baltar, después de que elDiario.es publicase en octubre de 2015 que una mujer le había denunciado ante Fiscalía, alegando que el político orensano la había empujado a mantener relaciones sexuales a cambio de una promesa de empleo en la Diputación. La denuncia de la víctima y las informaciones sobre lo sucedido, con audios y mensajes de texto explícitos, acabaría en manos de un juzgado que imputó a José Manuel Baltar y también a su padre, José Luis Baltar que, en el momento de los hechos, detentaba la presidencia del organismo provincial que después acabaría heredando su hijo.
Al juez, lo de Eurodisney no le pareció un mal motivo para aplazar el procedimiento y otorgó al, por entonces imputado, cinco días para disfrutar de los espectáculos de Mickey Mouse y demás personajes del parque temático parisino. El caso acabaría siendo archivado y la imputación de Baltar no fue a más. Para la memoria quedó una canción pop que el grupo Novedades Carminha dedicó al escándalo bajo el título Chispas Relax, en referencia a uno de los mensajes subidos de tono con los que Baltar citaba a la denunciante en la habitación 505 del Hotel Francisco II de Ourense.
A 215 km/h en una vía limitada a 120
La situación actual dista mucho de aquella por varios motivos. El primero es que el juicio al que se somete el político le obliga a ponerse bajo la lupa de una jueza de Puebla de Sanabria, territorio a donde no llega la influencia del político gallego. También las cosas son diferentes porque en ese caso se da por seguro que Baltar será condenado; ya ha reconocido los hechos y las pruebas de que circulaba a 215 kilómetros por hora en una vía limitada a 120 son incontestables.
Según aseguran a esta redacción fuentes jurídicas, en caso de no comparecer por segunda vez consecutiva la jueza podría poner al político en búsqueda y captura, para forzar su obligación de presentarse ante la autoridad que lo requiere. Al igual que en la primera citación, Baltar tiene la opción de comparecer por videoconferencia. Se prevé que el juicio sea breve y que medie un acuerdo entre acusado, fiscalía y jueza para pactar la condena que se le impone, que podría ser de varios meses de cárcel o, por el contrario, limitarse al pago de una multa. Lo que José Manuel consiguió comprando unos tickets para Eurodisney está muy lejos de suceder ahora y la lógica indica que habrá condena para él a las puertas del inicio de la campaña electoral.
Ahí es cuando se abre otro melón que Baltar pretendía ahorrarse con sus maniobras de dilación: el Partido Popular tendrá que tomar una decisión y si cumple sus estatutos en el punto en el que señala que un afiliado del PP perderá tal condición tras una “condena por sentencia firme a pena privativa de libertad, hasta que se haya cumplido la condena”. Tal y como señalan fuentes del Partido Popular nadie en la formación política baraja, ni como mera hipótesis, la posibilidad de aplicar su normativa y apartar al político de las listas en las que concurre al Ayuntamiento de Esgos, como paso previo a su intención de revalidar en la presidencia de la Diputación.
El vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha sido rotundo este martes al afirmar que el caso “no tiene más recorrido”. El posicionamiento tiene importancia porque Calvo ostenta dentro del PP el cargo de presidente del Comité Electoral Nacional, la máxima autoridad a la hora de decir quién puede ir en una lista y quién no.