La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la situación en la que se encontraban los seis ancianos que residían en una vivienda comunitaria cerrada el 1 de octubre por la Xunta de Galicia tras detectar “graves irregularidades”. Según adelanta el diario Faro de Vigo, el ministerio público va a reclamar la documentación de las inspecciones que se hicieron en el centro, de titularidad privada y situado en el municipio ourensano de Amoeiro.
El Gobierno gallego no lo explicó, pero esas irregularidades eran que los mayores estaban desatendidos: estaban sucios y también había una limpieza deficiente de las instalaciones; en las neveras no había comida y se estaban alimentando de patatas y leche; y un trabajador era una persona migrante que no tenía papeles. La Xunta no vio nada de esto en una inspección realizada el 8 de septiembre. Sin embargo, poco más de tres semanas después y tras recibir una denuncia de un familiar de una de las personas trabajadoras del centro, tomó la decisión de cerrar la vivienda comunitaria y trasladar a los seis mayores a otros dos centros: cinco de ellos fueron llevados a otro centro en Monforte de Lemos (Lugo) y uno a otro en Barbadás (Ourense).
El centro, llamado Vivienda Comunitaria Jardín, está ubicado en el lugar de Cerval. Tenía capacidad para 12 residentes, pero solo vivían allí seis mayores. Según los datos de la Xunta, el actual propietario inició la actividad a mediados de 2022. Antes, las instalaciones ya habían sido un centro para mayores -propiedad, de hecho, de una familiar del actual titular-, pero la empresa terminó quebrando. La Fiscalía va a investigar la situación reciente para determinar si puede haber una responsabilidad penal o administrativa.
El alcalde de Amoeiro, el socialista José Luis González, explica, en conversación con elDiario.es, que en el Ayuntamiento tuvieron conocimiento del mal estado de los mayores cuando, el 25 de septiembre, recibieron la llamada de una persona allegada de uno de los trabajadores del centro. Exponía que había irregularidades tanto en el trato a los ancianos como en materia laboral. Los servicios sociales le contestaron, según el regidor, que la competencia era de la Xunta y le indicaron cómo hacer llegar la información a la administración autonómica.
Según relata el alcalde, ya se había presentado una denuncia en el departamento de Extranjería de la Policía Nacional, lo que hizo que el miércoles de la semana pasada, día 1 de octubre, dos agentes se presentasen en el Ayuntamiento con el informe que habían hecho tras visitar el lunes anterior, el día 29 de septiembre, la vivienda comunitaria. Levantaron acta de todo lo que vieron, dice González, que asegura que, tras la denuncia, se enteró de que algunos mayores estaban sin asear, que se veía suciedad en los suelos y se hacía evidente que las neveras llevaban tiempo sin funcionar. Los residentes estaban recibiendo para alimentarse solo patatas y leche.
González señala que desconocía lo que estaba pasando en la vivienda comunitaria -la competencia sobre los centros de servicios sociales la tiene la Xunta, en concreto, la Consellería de Política Social- y protesta: “Jugar con los mayores es lo último”. Indica que, en el traslado de los residentes, se quedó atrás un perro que tenían en el asilo. Está encerrado en el recinto. Los vecinos lo vieron y le están dando de comer, indica. El alcalde dice que no pueden sacarlo de una propiedad privada sin una orden judicial.
Unas semanas antes “no encontraron la misma situación”
La conselleira de Política Social, Fabiola García, hizo declaraciones públicas al día siguiente del cierre para defender la intervención de la Xunta: “Procedimos a su cierre inmediato tras una inspección de los servicios sociales de nuestra comunidad”. No aclaró qué irregularidades se habían encontrado ni informó de que solo unas semanas antes otra inspección de la Xunta había pasado por allí sin apreciar ningún problema.
Después de que trascendiesen los detalles, fue el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo -que sustituye a Alfonso Rueda durante sus vacaciones- el que justificó la actuación del Gobierno gallego. El pasado lunes aseguró que Política Social intervino con “rapidez y contundencia” y que, si no se tomaron medidas tras la inspección de principios de septiembre, fue porque “no encontraron la misma situación que se encontrarían semanas más tarde”. Hay un expediente abierto en la Xunta, agregó.
La cuestión ha llegado ya al Parlamento de Galicia, en donde el presidente de la Xunta tendrá que responder a una pregunta al respecto en el pleno de la semana próxima. “Es inadmisible que algo así pueda ocurrir en Galicia. ¿Cuántos más Amoeiros hay?”, planteó la viceportavoz del BNG Olalla Rodil. La diputada criticó que el PP denegase la comparecencia de la conselleira de Política Social y adelantó que su grupo presentará también una interpelación por el caso de Amoeiro y por la situación de los servicios de atención a personas mayores y dependientes en la comunidad.