La instrucción del caso Alvia se cierra con el maquinista como único imputado

Francisco José Garzón Amo, el maquinista del tren, será el único imputado por el accidente ferroviario que el 24 de julio de 2013 acabó con la vida de 79 personas en Santiago. Así lo ha decidido el juez encargado del proceso, Andrés Lago, que acaba de cerrar la instrucción, trasladando el auto a las partes, que pueden presentar recurso. El magistrado exculpa de responsabilidades a todos los altos cargos de ADIF y representantes políticos, siguiendo el mismo criterio de la Audiencia Provincial de A Coruña, que en octubre del pasado año levantó por segunda vez la imputación que pesaba sobre la cúpula de la gestora de las infraestructuras ferroviarias.

Un total de 12 directivos de la compañía -los que formaban parte de su Consejo de Administración en 2011-, así como otros cargos y técnicos (un total de 27), habían sido inicialmente citados a declarar por el juez que inició la instrucción del caso, Luis Aláez, que había advertido en ellos una carga de responsabilidad por las decisiones adoptadas en cuanto a la seguridad en la línea, en particular por la ausencia del sistema ERTMS. Ni en las vías ni en el tren existía activo ningún sistema de seguridad de apoyo que pudiera evitar o paliar el fallo humano del maquinista. Sin embargo, la Audiencia de A Coruña consideró que aunque la ausencia de este sistema podía implicar un peligro, no suponía infracción alguna ni incumplía la normativa.

De igual manera, el auto conocido hoy reconoce que “es evidente que la seguridad de la vía podía ser mejor” y que “de hallarse activo el sistema ERTMS las posibilidades de que el siniestro se produjera eran inferiores, al tratarse de un sistema de seguridad más perfeccionado que mitiga en mayor medida el riesgo derivado del factor humano”. Sin embargo, recuerda que no existe disposición legal o normativa alguna que obligue a que el tren en cuestión y la propia infraestructura viaria estuviera dotada del sistema ERTMS el día del accidente. “La ausencia de tal sistema y las motivaciones que llevaron a su desactivación no pueden ser objeto de depuración en el ámbito penitenciario, sin perjuicio de las responsabilidades, de otra índole, a que pudieren dar lugar”, señala.

Además, el auto recoge la diversidad de opiniones entre los peritos judiciales. Aunque asegura tener en cuenta los tres informes periciales, apoya sus conclusiones en que dos de los tres expertos “coinciden en descartar en la génesis del accidente más contribución causal que la que deriva del exceso de velocidad con la que el tren entró en la curva, siendo esa la única causa del siniestro”. El otro perito, el ingeniero de Telecomunicaciones César Mariñas, ampliaba las responsabilidades a ADIF, señalando su deber de instalar el ERTMS, lo que habría obligado a la imputación de sus directivos.

A este respecto, incluso reconociendo esos problemas de seguridad y que el accidente pudo tener varias causas, el auto argumenta que “si aceptamos que todas las posibles causas poseen idéntica equivalencia a la hora de fundamentar imputaciones penitenciarias, entonces la intervención penitenciaria se haría extensiva a prácticamente todos los posibles supuestos”. Por lo tanto el juez concluye que la “causa directa, inmediata y que decididamente desencadenó el desgraciado accidente que tuvo lugar el pasado 24 de julio de 2013 fue el exceso de velocidad”.

“Indefensión” de las víctimas

Se cierran así más de dos años de diligencias, un proceso que comenzó a buen ritmo pero que desde hace bastantes meses había entrado en una vía muerta, algo que no se vio favorecido por el cambio de juez. En este tiempo, las víctimas, agrupadas en la Plataforma Alvia 04155, mantuvieron su demanda de “verdad, justicia y responsabilidades políticas”, incidiendo sobre todo en la necesidad de crear una comisión de investigación en el Congreso y criticando que el maquinista apareciese “como único responsable”. “Ningún responsable político ha dimitido y para humillación de las víctimas algunos fueron incluso premiados”, señalaban.

Este miércoles, una vez conocido el auto del juez, Jesús Domínguez -portavoz de la Plataforma- destacaba la sensación de “indefensión”. “Habíamos pedido que entraran en la instrucción nuevas pruebas, como los tests psicotécnicos del maquinista, pero el juez ha decidido cerrar el caso sin más, sin hacer caso alguno de nuestras demandas, sin investigar más”, dice. Domínguez destaca igualmente la “extraña coincidencia” que a su juicio se da entre el anuncio del cierre de la instrucción con el estreno inminente “de un documental en el que van a salir a la luz datos reveladores para el caso”, en referencia al film Frankestein-04155 del director Aitor Rei, que participará en la Seminci de Valladolid a partir del 24 de este mes.

La Plataforma echa en falta además que el juez atendiera “las conclusiones del perito independiente”, César Mariñas, que alertaba de los fallos de seguridad en el tren y en la vía. “Estamos hablando de Alta Velocidad, resulta muy poco creíble que la conclusión sea que el único motivo del accidente es que el interventor llamó por teléfono al maquinista”, dice. Sin embargo, señala que “ya esperábamos esta resolución. El magistrado valiente era el juez Alaez; los imputó dos veces, y por dos veces fueron desimputados a petición del Fiscal”. “Pedimos que siguiera ese juez, pero no le dejaron”, critica.

Jesús Domínguez denuncia finalmente la influencia que en este caso ha tenido “el aparato del Estado”. “Hablamos de Fomento, de Renfe, de Adif, que son empresas públicas. Y hablamos del AVE, que es la joya de la corona, hablamos de la Marca España”, dice. “Lo tenemos muy difícil para que se haga justicia y paguen todos los responsables”, concluye.

Francisco José Garzón Amo queda por lo tanto como único responsable en el proceso judicial, imputado por homicidio imprudente, después de que admitiera que se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois tras recibir una llamada del interventor del tren. La plataforma de víctimas y familiares ha convocado una concentración de protesta el próximo viernes ante la sede de los juzgados en Compostela. El acto, bajo el lema Necesitamos que nos acompañéis, comenzará las 11 de la mañana.