La Justicia obliga a la Xunta a dar marcha atrás en su reforma lingüística o a perderse en una batalla legal

La pelota está ahora en el tejado de la Xunta. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) acaba de emitir este miércoles el último dictamen sobre los recursos contra el decreto de plurilingüismo para la enseñanza aprobado por el Gobierno de Núñez Feijóo. Y una vez más, la Justicia dinamita la base de la política lingüística aplicada por el PP y los argumentos esgrimidos por los sectores más extremistas a los que la derecha quiso contentar en la campaña electoral de hace cuatro años.

Uno de esos referidos sectores extremistas, el que forman la Mesa por la Libertad Lingüística y la Asociación Gallega para la Libertad de Idioma, acaba de recibir una sentencia en la que el TSXG desestima sus peticiones, las mismas de Galicia Bilingüe, y en la que deja claro que el decreto ni “excluye” el castellano ni conculca el principio de “cooficialidad”.

El Ejecutivo, que prometió analizar las sentencias y decidir la reforma que llevará a cabo en la polémica norma, debe ahora actuar. Las reivindicaciones de las que hizo bandera -la consulta a las familias para decidir la lengua vehicular de la enseñanza y la libertad de los niños para hablar en cualquier lengua oficial en las aulas- fueron declaradas ilegales, pero la Consellería de Educación amenazó incluso con un recurso de casación.

Fuera de la esfera de elección de los padres

La Justicia vuelve a dejar claro que la Constitución sólo reconoce “una esfera de la elección” a los padres en el caso de la formación religiosa y moral lo que, “implícitamente, deja fuera de dicha posibilidad” la relativa a la lengua en la enseñanza. “La administración educativa no puede someter a votación un aspecto fundamental como la lengua”, dice. Estas sentencias, por lo tanto, profundizan en los argumentos dados por las también emitidas por el TSXG en respuesta a los recursos de la Mesa por la Normalización Lingüística, Queremos Galego, CIG-Enseñanza, la Real Academia Galega, el sindicato STEG o CCOO. En todas ellas, la Justicia deja claro que la Administración no puede “abdicar” de sus responsabilidades y que la elección de lengua en la enseñanza queda “fuera” de la “esfera de elección de los padres” y por eso es por lo que anula el artículo 5.2 que se refiere a la consulta a las familias que acabó por barrer de facto el gallego en la educación infantil en las ciudades.

Y el tribunal es muy claro en algunos casos, como en el de la anulación del artículo 12.3, que varias sentencias califican como “ilegal”, al permitirle “al alumnado a utilización del castellano a pesar de que sea el gallego la lengua en que se imparte el área, materia o módulo”. El TSXG afirma que este punto del decreto contradice el mandato de la Ley de Normalización que exige el “fomento del uso progresivo del gallego”, ya que “no facilita la adquisición de la destreza exigida al alumno en la lengua propia de esta comunidad autónoma”.

“Un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable”

Pero el TSXG, más allá de detalles puramente legales, recuerda también que el gallego debería tener “un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable” para garantizar la igualdad entre los dos idiomas oficiales, por lo que echa por tierra el discurso de “imposición” y “falta de libertad” que el PP, apoyado por sectores de extrema derecha, intentó instaurar en la sociedad. Por lo tanto, el palo es a la ilegalidad de la norma, pero también a la argumentación de toda la política lingüística del Ejecutivo de Feijóo. Y no es el único.

El informe del Comité de Expertos del Consejo de Europa ya había denunciado la discriminación en la que se encontraban los y las hablantes de gallego, sobre todo en la enseñanza, y se mostraron “preocupados” por la reducción “de la educación en gallego” en las escuelas. Le recordaban a las autoridades que a pesar de que la legislación vigente no implica una educación plena en gallego, sí es necesario “que haya un número suficiente de escuelas que ofrezcan educación completamente o esencialmente en gallego”, ya que ese es un derecho “de los padres que así lo deseen” y porque se tiene que “garantizar” que se cumplan las elecciones de las familias. Antes, las críticas habían llegado de toda la comunidad educativa, del sector educativo, de los sindicatos, de la oposición política, del Consejo Consultivo, del Consello da Cultura o del Consejo de Europa. Pero la Xunta sigue haciendo oídos sordos.

De hecho, el propio consejero de Educación ha desafiado al TSXG asegurando que la Xunta seguirá haciendo la consulta a los padres sobre la lengua aunque no se considere vinculante, e incluso aseguró que meditaría si interponer un recurso de casación a las sentencias de la Justicia sobre el decreto del plurilingüismo. El propio Núñez Feijóo presumió de modelo e insistió en que los dictámenes “avalan el equilibrio entre lenguas” y en que el decreto no sería derogado. Sólo el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, ha abierto la puerta a algún “ajuste” en la norma. “Analizaremos las sentencias y buscaremos una vía satisfactoria”, reconoció. La pelota está en el tejado del Gobierno.

Una legislación amputada en la que persisten vetos para el gallego

Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia sobre el decreto del plurilingüismo no dejan sin efecto la totalidad de la contrarreforma lingüística realizada por la Xunta. Así, mientras que el Tribunal señala que el gallego debe tener en el sistema educativo “un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable” para garantizar “la igualdad entre los dos idiomas oficiales”, el decreto de la Xunta ofrece la “garantía del máximo equilibrio posible en las horas semanales y en las materias impartidas en las dos lenguas oficiales de Galicia”. Así las cosas, la Justicia apela a que la igualdad sea un resultado -que el alumnado domine los dos idiomas- y Educación se empeña en un equilibrio aritmético.

Persisten también algunos puntos controvertidos como el reparto de idiomas entre materias, según el cual en Primaria las matemáticas no pueden ser impartidas en gallego. Lo mismo sucede en Secundaria, nivel en el que la lengua propia continúa vetada también en Tecnología y Física y Química.