Paula Barrios, activista guatemalteca: “Las esclavas sexuales del ejército llevan once años esperando la reparación prometida”

En 2016, quince mujeres mayas del pueblo q'eqchi', conocidas como las abuelas de Sepur Zarco, obtuvieron una condena pionera contra el ejército de Guatemala por haber sido utilizadas como esclavas sexuales durante ocho meses, tras el asesinato de sus maridos, en 1982. Once años después de la sentencia, Sepur Zarco, convertida en un símbolo, sigue esperando las medidas de reparación prometidas: un centro médico, una escuela, suministro eléctrico o agua potable. Las abuelas hace mucho que dejaron de luchar por ellas: batallan por el futuro de sus hijos, sus nietos y el de toda una comunidad. Pero el obstáculo que se interpone entre las víctimas y la justicia sigue siendo el mismo que provocó la muerte de sus esposos hace más de cuatro décadas: la propiedad de la tierra. Quitársela a sus amos “legales” –incluso con su consentimiento, tras el pago de un precio justo– para devolvérsela a quienes se consideran dueños legítimos, los pueblos indígenas, puede provocar un efecto dominó en un país en el que el latifundio y las grandes empresas siguen acaparando el territorio.

La encrucijada, a la que se espera que dé respuesta el actual presidente –el socialdemócrata Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla–, es el eje del documental La tierra os hará libres. Sepur Zarco, realizado por Agareso (Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social) y su contraparte guatemalteca, Mujeres Transformando el Mundo (MTM), dentro de un proyecto de cooperación financiado por la Xunta. Paula Barrios, abogada de MTM, ha estado en Galicia presentando una producción audiovisual –rodada en castellano y q'eqchi'– que en noviembre llegará a los cines del país centroamericano. Barrios habló con elDiario.es este jueves en Santiago, el día después de la proyección de la cinta en la Sala Numax.

Retrocedamos hasta el principio: ¿qué tuvo de pionera la sentencia de Sepur Zarco?

Es paradigmática porque se trata de un caso específicamente de violencia sexual cometido en el marco del conflicto armado. Esos referentes se habían dado únicamente en tribunales ad hoc, y este estaba siendo juzgado en la justicia ordinaria guatemalteca. Conceptualiza la esclavitud sexual y doméstica y establece la responsabilidad del ejército de Guatemala que, en lugar de proteger a la población indígena, civil, no combatiente, consideró que podían estar apoyando a los grupos guerrilleros y, por tanto, había que exterminarlos. La incursión militar se enfoca en la persecución de esas comunidades en esta región, un territorio formado por fincas que, en ese momento se dedicaban a la cosecha de maíz, de crianza de ganado para la exportación; comunidades que trabajaban para los –entre comillas–, propietarios de las fincas, prácticamente en una condición de esclavitud.

¿Por qué “propietarios”, entre comillas?

Durante el conflicto armado desaparecen los registros de las fincas y son otorgadas en concesión o en propiedad específicamente a algunas familias de la región. De hecho, hay algunas solicitudes escritas que estos propietarios envían al ejército para pedir que incursionen en el territorio con el objetivo de resguardar la propiedad o la tenencia de esas tierras, ya que los esposos de las abuelas, como muchos otros pobladores, estaban solicitando la titularidad de ese territorio. Es precisamente eso lo que provoca que los desaparezcan, que los eliminen.

La lucha por la tierra.

Exactamente, por esa tierra que estaba en manos de esos propietarios o de esas personas que explotaban la tierra y que también tenían a estas poblaciones como parte de su posesión. En realidad, nuestro trabajo en un inicio pretendía ejemplificar esa estrategia contra la insurgencia en toda la región. Se implantaron siete destacamentos militares, cada uno con un fin: el lugar de exterminio, el de tortura y recolección de información, otro en el que guardaban las armas, donde tenían el control o la vigilancia y el lugar de descanso, el de Sepur Zarco, que era la comunidad más grande en la región. Es ahí donde se establece este destacamento, donde las tropas –luego de la incursión en la Sierra de las Minas–, bajaban y descansaban mientras rotaban los turnos. Ahí era donde las mujeres eran obligadas a ir a cocinar, a lavar la ropa al río y ahí se dieron las violaciones sexuales.

Las víctimas fueron las quince denunciantes, las que hoy conocemos como abuelas, pero que en aquel momento eran mujeres de desaparecidos.

Son quince mujeres de cuatro comunidades distintas, solo dos son de Sepur Zarco, pero nos enfocamos ahí porque fue donde estuvo establecido el destacamento militar. De las quince, hubo cuatro que estuvieron en la montaña huyendo durante seis, ocho años... y que perdieron a sus hijos. Únicamente once son reconocidas por el tribunal como víctimas directas. Sin embargo, para ellas, esta participación es parte de esa justicia que querían promover.

No tuvo que ser fácil dar el paso de denunciar...

La intención inicial era romper el silencio, que se conocieran los testimonios a partir de su voz y que la comunidad, además, entendiera que no fue responsabilidad de ellas. Estuvieron mucho tiempo siendo señaladas: que ellas lo provocaron, ellas lo consintieron, ellas quisieron que sucedieran esos hechos... Eran las mujeres de los soldados, en un marco y un contexto patriarcal que, en las poblaciones indígenas, es muy conservador, porque el sentido del rol de las mujeres dentro de esa cosmovisión tiene una relevancia a nivel comunitario y eso se rompió. Las mujeres hablan de que sus cuerpos fueron profanados por personas de fuera, ajenas a su cosmovisión y a su identidad. Actualmente, las mujeres son expulsadas de su comunidad si sufren violencia sexual. En aquellos años era aún peor, pero ellas se enfrentaron a esas condiciones.

Se enfrentaron a todo eso, rompieron el silencio, ganaron, pero once años después siguen a la espera de la reparación.

Sí, dentro de la sentencia se establecen dieciséis medidas de reparación dirigidas a que el Estado genere condiciones que minimicen las condiciones de vulnerabilidad estructurales de la región. Que sean reconocidas como ciudadanas que tienen derecho a educación, a servicios básicos, salud, una vivienda digna, agua potable... una situación que, hasta la fecha, no hay en estas comunidades. Eso tiene un efecto transformador a nivel comunitario. No es una reparación específicamente para ellas y sus familias, sino para la comunidad que, hace diez años, cuando salió la sentencia, era de unas quince mil personas. Son 87 comunidades en una región que tiene unos 80 km². Hay jóvenes que pueden, en vez de emigrar, estudiar y luego optar a la universidad, por ejemplo, y mejorar sus condiciones de vida. También esto implicaría que las empresas mejorasen los términos laborales, que hoy no tienen garantía, y son el único ingreso en la región.

Para plasmarlo en concreto, ¿qué medidas serían? ¿Crear infraestructuras sanitarias, educativas? ¿Centros médicos, centros de salud, colegios...?

Construir un centro educativo, construir el centro de salud, tener servicios básicos como energía eléctrica, porque algunas de estas comunidades no la tienen; agua potable, acceso a servicios, caminos... Es muy básico. Ellas quieren recuperar su cosmovisión y su forma de vida en el territorio por el que estaban luchando y por lo que fueron desaparecidos sus esposos y la población en general. En ese sentido, en Guatemala, es pionera este caso en colocar ese estándar de reparación transformadora en una sentencia ordinaria. Por lo tanto, no hay preestablecido un mecanismo para implementarlo.

Y la falta de ese mecanismo es un problema también, claro.

Es un problema también porque el sistema de justicia debe ejecutar esa sentencia, pero ahí hay resistencia de los jueces de ejecución. Desde mi particular interpretación de la ley, ellos tienen competencia y deben ejecutar la sentencia para todo lo que establece, no solo para garantizar las condiciones de los condenados, que en este caso fueron dos, el teniente coronel que estuvo en el destacamento [condenado a 120 años de prisión] y uno de los comisionados militares, su auxiliar [a 240]. Ahí hay una debilidad del sistema de justicia que únicamente los jueces quieren observar dentro de la sentencia las garantías y derechos humanos de los condenados, y no el enfoque victimológico que establece la sentencia de la implementación de estas medidas para las víctimas. Es un tema de interpretación pero también de voluntad.

Si el judicial no avanza, ¿qué hace el poder ejecutivo, el gobierno?

El ejecutivo, que son todos los ministerios, programas, secretarías que deben dar cumplimiento, también deben tener un mecanismo, o por lo menos en eso estamos trabajando, para que la excusa no sea que no sabemos cómo colocar fondos para hacer estas acciones. No es algo que les resulte ajeno: hubo sentencias por otros motivos de la Corte Interamericana que el Estado debía implementar.

Entonces, ¿es un problema de falta de mecanismo, de dinero o de lo que puede suponer Zepur Sarco como precedente?

La principal barrera es siempre la disputa de quién tiene la verdad en el marco de los hechos ocurridos en el conflicto armado. Guatemala se resiste a aceptar que el ejército es responsable de esos hechos y, por tanto, esa institución debe ser transformada y el Estado debe de aceptar esa responsabilidad. A pesar de todos estos esfuerzos de construcción de la paz, de los acuerdos, hay una resistencia muy fuerte y depende del gobierno de turno. No podemos decir que las secuelas del conflicto armado están superadas y toda la población puede tener acceso a la tierra. Aún vemos que esto persiste. Esas condiciones de vulnerabilidad siguen manteniéndose. Los pueblos mayas no son posesionarios de la tierra y menos las mujeres. Eso los pone en una condición de falta de oportunidades y de tener una mejor calidad de vida.

¿Cree que hay temor a que esto muestre lo que puede ser un auténtico caso de reparación, que la tierra pase a los que se consideran sus legítimos propietarios y por eso todo se frena, por lo que pueda traer después?

Así es, porque se quiere seguir conservando el poder económico en pocas familias y la población indígena sigue siendo esclavizada y no reconocida como ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos. Esa es la disputa de fondo, no si se tiene el mecanismo para implementar o no: es no variar las condiciones de sometimiento de la población indígena. Estamos en un momento de diálogo político. A nivel técnico, entre los equipos medios de los ministerios, hay mucho compromiso, sensibilización y ganas de aportar una mejor calidad de vida, pero hay una estructura y un poder económico que pretende que el orden de las cosas no varíe.

Pero, en este caso, hasta hay acuerdo con los propietarios para la venta.

Sí, precisamente porque, como se ve en el documental, nunca han sido posesionarios de una tierra que les ha llegado por herencia. A esto se suma cierto temor de que se genere algún conflicto con la población indígena. Es una región que permanentemente está en disputa. En el audiovisual vemos cómo se acercan las compañeras a hablar con veinticinco familias que estaban diciendo “este es nuestro territorio”. De hecho, la empresa de caña de azúcar se ha retirado y ha dejado temporalmente abandonadas las fincas de la siembra. El pueblo q'eqchi' es muy beligerante, no es un pueblo que se someta a unas condiciones únicamente por dinero.

Si existe, por un lado, una voluntad política explícita del gobierno –que habrá que ver luego si es tan explícita como se dice– y, por otro, la disposición de los propietarios, la solución parece muy sencilla: se compra la tierra y se devuelve al pueblo.

Así es. Y, de hecho, para eso se han creado instituciones como COPRECON [la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad], o COPADEH [Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos], para restituir los derechos de la población. Este gobierno, el tercero desde la sentencia, incluso ha impulsado actos de perdón. Nosotras vemos en él un compromiso y una oportunidad. Han habido avances, a partir del compromiso de los equipos técnicos, pero es la voluntad política la que queremos y necesitamos para que la sentencia de Sepur Zarco pueda ser implementada y que las mujeres, sus nietos, sus hijos y la comunidad en general, puedan tener una mejor calidad de vida.

Porque, al final, las abuelas ya no luchan por ellas mismas.

Ya no.

De hecho, no sé si en algún momento lo hicieron...

Siempre lo hicieron por la comunidad. En el documental se ve que doña Demesia [Yat, una de las abuelas] dice: “Cuando hablamos de Sepur Zarco estamos hablando de La Esperanza, estamos hablando de Pombaac, estamos hablando de San Marcos”; son cuatro comunidades. Ellas han logrado desarrollar un liderazgo importante en la región, donde ahora las mujeres tienen también un espacio en cada decisión de la comunidad. Las abuelas son reconocidas como un grupo más a quien consultar todo lo que sucede. Eso es importante, pero también genera una responsabilidad y ellas sienten mucha frustración al no poder entregar a la comunidad eso por lo que ellas han luchado tanto. Como bien dice la jueza Yassmín [Barrios, jueza que presidió el tribunal del caso Sepur Zarco], la sentencia es en nombre del pueblo de Guatemala. En esa misma responsabilidad, el pueblo de Guatemala debe cumplir con las medidas de reparación porque ese es el verdadero sentido de la justicia: equiparar esas condiciones de vida. Si no, todo este camino ha sido en vano.