Misma pena para un condenado por enchufar a 104 personas que a David Sánchez por cooperar en el cambio de nombre de su plaza

La condena de nueve años de inhabilitación por cooperar en una prevaricación a David Sánchez remite a otra que le llegó, pasado ya el epílogo de su carrera política, a quien durante décadas ejemplificó el paradigma del clientelismo en los entes provinciales. José Luis Baltar, autodenominado o cacique bo (el cacique bueno), presidente de la Deputación de Ourense por el PP entre 1990 y 2012, recibió ya jubilado la misma pena que el hermano de Pedro Sánchez pese al abismo existente entre ambas conductas. A Baltar lo declararon culpable de enchufar en la institución a 104 personas, todas ellas próximas a cargos del partido –y, al contrario que Sánchez, ninguna condenada– para amarrar el nombramiento de su hijo Manuel como sucesor al frente del PP ourensano.

La sentencia condenatoria a Baltar absuelve a los 104 enchufados que aceptaron el empleo a sabiendas del trato de favor. En el caso de David Sánchez, la Audiencia Provincial de Badajoz sí castiga al que supuestamente fue enchufado, aunque no hay pruebas de quién lo ordenó ni por qué. La sentencia censura a Sánchez por haber hecho todos los trámites para conseguir la plaza a sabiendas de que se había creado para él, aunque el tribunal aclara que no puede condenarle por esos hechos porque admite que el delito estaría prescrito.

La Audiencia Provincial de Badajoz sostiene en su sentencia que “el enchufismo, entendido como la práctica de colocar a personas en puestos públicos atendiendo a relaciones personales o de poder en lugar de al mérito y la capacidad, es una lacra para la administración pública”. Y que “la ciudadanía percibe con razón que el acceso a determinados puestos no se produce en igualdad de condiciones, lo que erosiona la confianza en las instituciones”. Sin embargo, la sentencia aclara que el tribunal no tiene ninguna prueba de que David Sánchez cometiera tráfico de influencias para lograr ese puesto de trabajo y tan solo le condena porque, supuestamente, cooperó en el cambio de denominación de su plaza que no comportó un aumento de sueldo.

En Ourense, los hechos atribuidos a José Luis Baltar estaban avalados por indicios sólidos de un tráfico de influencias para colocar a todas esas personas. Su hijo saldría indemne años después de la acusación de ofrecer trabajo, no a cambio de favores políticos sino de sexo. La condena sólo le llegaría tras ser cazado por un radar a 215 kilómetros por hora. Su peaje fue renunciar a la Deputación a cambio de convertirse en senador por designación autonómica. Hoy sigue en el cargo.

El centenar de enchufes confirmados por sentencia judicial es solo la punta del iceberg. Estimaciones –como la de los autores del libro Os Baltar. A senda do caciquismo na democracia plena– multiplican esa cifra al menos por diez, algunos tan llamativos como la contratación, en 2009, de 33 porteros para un centro cultural que solo tenía dos accesos. “Parece que la Deputación era una empresa privada”, llega a decir en su sentencia la jueza que condenó a Baltar padre por un delito continuado de prevaricación.

“Esta vez, entre los agraciados estaban, sin ánimo exhaustivo, un hijo del regidor de Muíños –el otro ya había alcanzado antes la plaza–, una sobrina del alcalde de Barbadás es presidente del Inorde [Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico], una candidata popular en Petín, la hija del alcalde de Boborás, una nieta del teniente de alcalde de Sarreaus y el hijo de un ex-edil de la capital”, enumeran Cristina Huete y Primitivo Carbajo en Os Baltar antes de reflexionar: “Llegaban siempre mejor preparados por la estimulación de la boina”. La boina era el distintivo de la facción rural del PP gallego, por contraposición a los birretes urbanitas liderados por Mariano Rajoy y Romay Beccaría, el mentor de Núñez Feijóo.

La de los autores no era una afirmación gratuita. En 2001, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó repetir unas oposiciones a técnico de la Deputación porque se “vulneraron principios básicos”, entre ellos, que no se garantizó el anonimato de los participantes. Los cuatro candidatos seleccionados por un tribunal en el que estaba el propio Baltar fueron un hijo de otro barón de la boina –Cacharro Pardo, entonces presidente de la Deputación de Lugo–, los hijos de dos diputados provinciales y una hija de un exalcalde de Ourense por la UCD, formación de la que surgió Centristas de Galicia, la formación coliderada por el cacique bo y que en 1991 se integró en el PP. Cuando el escándalo de aquellas pruebas llegó a la sede de la Xunta, Manuel Fraga, entonces presidente, dejó una justificación para la historia: “Los hijos de las familias prominentes salen mejor preparados”. Tres lustros después, Baltar intentaría descargar en el hijo de Cacharro –ascendido hasta secretario general de la Deputación– su propia responsabilidad penal: lo culpó ante la jueza de no avisarle de que existía una ordenanza que regulaba la provisión de puestos de trabajo y que, entre otras cosas, obligaba a dar publicidad a las convocatorias.

La titular del Penal número 1 de Ourense no lo creyó. En su sentencia, describía cómo el cacique bo “procedió a la contratación con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder, privando el acceso a la fundación pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”. “Nadie pone en duda –indica el fallo- que las 104 personas contratadas no tuvieran capacidad suficiente para desempeñar el puesto de trabajo para el que fueron contratadas, lo que está penalmente tipificado es que en un organismo público se realicen contrataciones sin cumplir la ley”, concluía.

“Chispas relax”

José Luis Baltar recibió la condena a punto de cumplir los 74 años y con el objetivo cumplido: asegurar el mando en plaza para su hijo, Manuel. La sucesión, entendida en Ourense como un proceso natural, se había visto amenazada desde Santiago por un Núñez Feijóo recién llegado a la Xunta. Hijo del birrete, el sucesor de Fraga no quería en su territorio un virrey que le pudiese organizar una rebelión como la que sufrió –y perdió– su predecesor.

En 2004, meses antes de que el PP perdiese el gobierno gallego, Baltar padre se hartó de los “desaires” que, a su entender, recibía de San Caetano, y que veía impulsados por el sector de los birretes, en concreto, por Rajoy. Así que ordenó a sus cinco diputados en el Parlamento –entre ellos, su propio hijo y el actual presidente de la Cámara, Miguel Santalices– que se encerrasen en un piso en Ourense y no acudiesen al Pazo do Hórreo. Fraga tuvo que dar su brazo a torcer para no perder la mayoría absoluta en el pleno. El propio presidente de la Deputación fue a buscar a los diputados en su coche al piso franco y los llevó de vuelta a Santiago, no sin antes dejar un recado para sus rivales internos: “Don Manuel, dígales que dejen de tocar las pelotas”.

Eso era lo que temía Feijóo, así que, en el congreso provincial del partido, en 2010, presentó a su propio candidato, Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, la localidad que competía con O Carballiño por ser el segundo concello más poblado de Ourense. Tras una campaña a cara de perro, O fillo se impuso por un 62% de los votos frente al 37%. Fue la primera derrota orgánica del líder popular en Galicia. Posiblemente, la única. Nunca más presentó batalla en ese feudo. Hasta su caída en desgracia por pisar el acelerador a fondo, Baltar Jr. renovó el cargo en congresos a la búlgara, con apoyos siempre cercanos al 100%.

El mismo año en que el padre fue condenado, la causa contra el hijo por ofrecer trabajo a cambio de sexo llegó a los juzgados. La jueza dio credibilidad a las conversaciones grabadas y los mensajes presentados por la denunciante. El que decía “¿Te gusta el champán? Celebraremos que estaremos muy juntos. Chispas. Relax. Bs” llegó a inspirar una canción del grupo Novedades Carminha. Sin embargo, la causa –que la misma Fiscalía recurrió– fue archivada porque, según la jueza, a la que los Baltar quisieron apartar del caso, “no queda suficientemente justificado” que se diese “uno de los elementos” sustanciales del tipo penal: la existencia de una relación de “prestación de servicios”.

El auto de archivo considera acreditado que la denunciante realizó labores de interventora del PP y se encargó de organizar un evento electoral. Pero eso sucedió en 2008, dos años antes de que Baltar hijo mandase en el partido y cuatro de que lo hiciese en la Deputación. Por tanto, no niega que el acusado “solicitase o al menos acepta un favor de naturaleza sexual” para “hacer lo posible por facilitar la obtención de un trabajo” sin “cumplir los requisitos legales”. No obstante, no encuentra “suficientemente justificado” que “se comunicara de forma alguna” con cargos de la Deputación para gestionar ese puesto ni tampoco que su padre, todavía presidente, “diese instrucciones” para cumplir la promesa de su hijo.