El TSXG avala que Impulsa Galicia deniegue a la CIG la información sobre Altri y el acuerdo firmado con la Xunta
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado un recurso de la CIG contra Impulsa Galicia, sociedad participada por la Xunta, Abanca, Reganosa y Sogama que promovió el proyecto de Altri. La central sindical había reclamado documentación sobre los planes de la macrocelulosa proyectada para Palas de Rei (Lugo), entre la que estaba el memorándum de entendimiento firmado por la Xunta -a través, en realidad, de Impulsa Galicia- con Altri.
Con una sentencia de esta semana, la Sala ha avalado la decisión de la Comisión da Transparencia de inadmitir la reclamación del sindicato. Los magistrados consideran que la Xunta no ejerce el control efectivo sobre la sociedad al no superar los porcentajes de participación exigidos y, por tanto, han concluido que no está sujeta a las obligaciones de la ley de transparencia.
Según el fallo judicial, en abril de 2025, la CIG solicitó la documentación completa del proyecto de Altri, información sobre el proceso de selección del mismo, los acuerdos firmados entre ambas entidades y las gestiones realizadas por Impulsa Galicia para colaborar en la tramitación del proyecto. Ante la falta de respuesta, el sindicato formuló el 7 de mayo de ese año una reclamación ante la Comisión da Transparencia de Galicia, que a finales de ese mes la inadmitió al considerar que Impulsa Galicia no está incluida en el ámbito subjetivo de la normativa de transparencia, según recoge Europa Press.
Ahora, en un fallo con fecha del 16 de noviembre de 2026, el TSXG ha avalado esta decisión con las mismas consideraciones, estimando que la entidad debe quedar fuera del ámbito de aplicación de esta ley gallega. Los magistrados indican que esto se debe a que no cumple los requisitos para ser considerada una sociedad mercantil pública autonómica.
Según detallan, la participación de la Xunta de Galicia en el capital de Impulsa Galicia, que anunció su disolución en agosto de 2025, es del 48,01 %, mientras que sus derechos de voto alcanzan el 50 %. La resolución aclara que, para que exista mayoría, es necesario superar ese porcentaje.
Por todo ello, la Sala ha concluido que la documentación solicitada “no tiene la consideración de información pública” según la normativa en materia de transparencia y que “la falta de respuesta a la solicitud” por parte de Impulsa Galicia no podía ser objeto de una reclamación ante la Comisión. La sentencia no es firme y cabe imponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.