La Xunta anuncia un nuevo plan de salud mental después de que el anterior dejase a Galicia lejos de las recomendaciones de la OMS
La Xunta acaba de presentar su plan estratégico de salud mental para el periodo 2026-2030. En el documento, promete duplicar la inversión y contratar más psiquiatras, psicólogos y profesionales sanitarios especializados en salud mental para 2030. Lo hace después de que el plan anterior, lanzado entre 2020 y 2024 con la idea de hacer frente a las consecuencias de la pandemia, resultase ineficaz, presentase deficiencias de equidad y eficacia y dejase a Galicia lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto al número de psiquiatras que debe haber en función de la población, según el informe realizado por el Consello de Contas.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presentó las líneas del plan tras el Consello de la Xunta de este lunes. Anunció que se contratarán 357 nuevos profesionales, de los que 124 serán psiquiatras y psicólogos. Dentro de estos últimos, la promesa es que para 2030 haya 50 en la red de atención primaria, lo que supone sumar 22 a los actuales. El resto de los trabajadores serán del área de la enfermería especializada, la terapia ocupacional y otros ámbitos relacionados con la salud mental. El Gobierno gallego asegura que el presupuesto se va a duplicar y va a alcanzar los 177 millones de euros, frente a los 83 del plan anterior.
Caamaño indicó que se van a reforzar las áreas de la atención en la infancia y la adolescencia y también las medidas dirigidas a las personas mayores. Entre las líneas estratégicas, dijo, también está la atención a las personas con adicciones.
El plan de salud mental anterior fue objeto de un duro informe del Consello de Contas, que concluyó en mayo del año pasado que había brechas de equidad, sostenibilidad y eficacia en su implantación y que la ratio de psiquiatras por habitante en Galicia se encontraba un 42% por debajo de la recomendada por la OMS. La proporción que considera adecuada es de entre 13 y 15 de estos profesionales por cada 1.000 habitantes, pero en la comunidad la cifra era de 8,7. Otras comunidades tenían un mejor comportamiento: 12,8 en Euskadi y 12,5 en Catalunya.
El informe del órgano fiscalizador también confirmaba un incremento en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos y constataba que las personas con rentas bajas eran las que más tomaban.