Aragón acusa al Gobierno central de generar un problema “colosal” en materia energética al crear un “cuello de botella”

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha vuelto a atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a cuenta de su política energética, que pone en riesgo “importantes inversiones” autonómicas por el “cuello generado” debido a su mala “planificación”. Valle ha recordado que Aragón genera más de 22.00 gigavatios hora, lo que representa el 8,2% de la capacidad de generación eléctrica de España, muy por encima del peso en el PIB y la población, que está en el 3%.

La Comunidad “genera mucha más electricidad de la que consume, aproximadamente el doble”, con lo que es capaz de “vender” energía a otras comunidades o al sistema nacional en más de un 50%, y la gran mayoría, más de un 83%, procede de fuentes renovables. Por tanto, Aragón “no tiene un problema de energía”, sino de falta de acceso a la red, que ha achacado a “la falta de planificación, de ejecución y de gestión adecuada de la red de transporte por parte del Gobierno de España”.

Ello ha creado un problema “colosal” de acceso al sistema eléctrico para cualquier tipo de actividad industrial y económica, pero también para la vivienda, ha asegurado Eva Valle.

En palabras de la consejera, la planificación actualmente en vigor lleva un retraso “sin precedentes” en su ejecución: “Llevamos meses, por no decir más de un año, esperando que se publique la nueva planificación para el periodo 2026-2030”.

Valle ha hablado también de nudos de conexión, sobre lo que también llevan “años” esperando a que se resuelvan los concursos de acceso a la red solicitados por diferentes tipos de actividades económicas en la Comunidad.

“Esto obviamente afecta a las actividades que han solicitado esos accesos, pero con carácter general afecta a la inversión, a la creación de riqueza, de empleo y daña la imagen no solo de Aragón, sino también del conjunto del país”, ha alertado.

Ello hace que una de las principales ventajas competitivas que tiene Aragón, que es la capacidad de generación de energía, acabe convirtiéndose en un “cuello de botella” al no poder acceder a ella, lo que puede terminar “impidiendo la llegada de importantes inversiones”, grandes y pequeñas, y afectar a la capacidad de crecimiento y de generación de empleo, además de a la capacidad de posicionamiento frente a otros competidores.

Decreto de centros de datosEn relación con ell decreto que regula la implantación de los centros de datos, la consejera ha avanzado que la intención es presentar el documento de alegaciones el mismo jueves, último día del plazo.

El punto de partida de este documento comparte la necesidad de asegurar la sostenibilidad energética y medioambiental, así como de asegurar la protección adecuada de los datos con los que se trabaje en estas instalaciones, pero apostando por hacerlo “de manera equilibrada y proporcional”, de manera que sea compatible con el desarrollo de una infraestructura “estratégica para la economía del futuro” y para la capacidad de competir de la región y de las empresas aragonesas.

“Esto no es lo que hace el proyecto de Real Decreto que ha presentado el Gobierno, que de aprobarse como está constituye un verdadero riesgo para la implantación de centros de datos en todo el país, en particular en Aragón, que tiene un porcentaje más elevado de compromisos ya realizados y de tramitaciones ya en marcha de centros de datos”, ha recalcado.

Requisitos “casi imposibles”

Ha achacado este peligro a que el proyecto de real decreto incorpora unos requisitos que son “casi de imposible cumplimiento” tanto para los centros de datos en tramitación como para los nuevos proyectos, algo en lo que coinciden también en las asociaciones del sector, que hablan incluso de “la práctica imposibilidad de cumplir no sólo individualmente cada uno de los requisitos, sino también todos ellos en su conjunto”. Ello, ha reiterado, hace especial “daño” a Aragón, por el interés generado por el territorio para la instalación de estos centros.

A ello ha sumado que la propuesta del real decreto se ha hecho “sin ningún tipo de diálogo previo” ni con los centros de datos ni con las administraciones donde se prevén estas inversiones, y que “cambia radicalmente las reglas del juego”, lo que deja dos efectos inmediatos: “una enorme inseguridad jurídica” que puede afectar a los proyectos en tramitación y generar arbitrajes internacionales y hasta asunciones patrimoniales por parte del Estado, y también a la imagen y al deseo de los inversores de instalarse en Aragón; y coloca al país y a la Comunidad “en clara desventaja” con otros que tienen una regulaciones “mucho más acordes” con el desarrollo de esta actividad y que están “deseando que un competidor fuerte, como es Aragón y como es España, decida salirse del tablero de juego”.