La Xunta va a cambiar la ley de salud de Galicia -la nueva redacción será remitida al Parlamento para su aprobación- para establecer sanciones a quienes agredan a un sanitario. La norma no solo va a imponer multas económicas y a reconocer también la violencia digital, sino que va a permitir que el personal suspenda la asistencia a un paciente si este graba sin su consentimiento cuando están en la consulta. Eso se va a considerar una quiebra de la confianza y el profesional podrá parar de atenderlo y hacerlo constar en la historia clínica. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró que la atención quedará “garantizada, en todo caso”.
El foco se puso sobre las agresiones al personal sanitario a principios de año, cuando un enfermero fue apuñalado por un paciente en el servicio de urgencias del hospital de A Coruña. También un guarda de seguridad resultó herido. El caso provocó una serie de movilizaciones para reclamar más seguridad y la Xunta anunció en marzo que modificaría la ley para incluir medidas contra la violencia en el entorno sanitario. Esos cambios fueron presentados este martes por el presidente gallego, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Sanidade, tras ser aprobados en el Consello.
Rueda indicó que la intención es que la nueva redacción de la norma entre en vigor en 2026 y recalcó que también van a estar incluidos los técnicos de emergencias o del 061. Gómez Caamaño expuso que 856 profesionales comunicaron el año pasado haber sufrido algún tipo de violencia, sobre todo verbal. La ley va a amparar a todo el personal de la actividad propiamente sanitaria, pero también de administración, admisión, inspección o traslado de pacientes y otras tareas que no sean estrictamente asistenciales, pero estén relacionadas con la atención sanitaria. Afecta tanto a centros públicos como privados.
El conselleiro indicó que figura también la violencia digital, tanto de pacientes como de familiares o acompañantes y que también se aplicará la ley para agresiones que sean fuera del recinto sanitario. Se fijan tres grados en las infracciones, con diferentes multas. Las leves, como las faltas de respeto o los insultos, serán sancionadas con entre 300 y 1.500 euros. Se van a considerar graves la resistencia, las amenazas o el acoso digital, castigadas con multas de 1.501 a 3.000 euros; y muy graves las agresiones físicas, que implicarán una sanción de entre 3.001 y 15.000 euros.
Quienes cometan infracciones, añadió Gómez Caamaño, podrán ser obligados a reparar los daños materiales o a abonar los gastos de asistencia sanitaria a la víctima. Y en los casos graves o muy graves se abre la posibilidad de que al agresor se le asigne otro profesional o sea adscrito a otro centro sanitario de la misma localidad durante hasta cinco años.
También se va a crear un registro de actos de violencia externa en el que van a constar todos los actos que resultasen sancionados.