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“Es un coche diésel y manual, con una cama en el interior sin ventanas traseras, lo que significa que puedes pasar desapercibido para cualquiera. Recomiendo aparcar en el bosque lejos de la ciudad, el norte de la isla es el mejor lugar durante la noche para dormir tranquilo. Durante el día, recoge la cama y conduce con seguridad por la isla, ¡tienes una minifurgoneta para disfrutar de la isla!”.
Richard escribió este texto, adjuntó unas fotos, se inventó un número de licencia turística y publicó el material en la web de Airbnb. También le puso precio a su oferta: ponerse al volante de la “HomeGurú” –así ha bautizado a la cama rodante– saldría por 635 euros desde el jueves 25 al martes 30 de septiembre. 127 euros la noche. La tarifa podría parecer cara hasta que se calcula lo que costaría dormir y alquilar un coche en la isla que Richard anima a disfrutar a sus potenciales clientes: la Eivissa que a principios de otoño se prepara para los cierres de sus discotecas, cubiertas y descubiertas. El chupinazo que apaga la fiesta y finiquita la temporada.
El anuncio de Richard se salta la ley a plena luz del día. Basta entrar en la web del Consell Insular, clicar en la pestaña lucha contra el intrusismo y leer: “Tampoco está autorizada la acampada libre, por lo que no está permitido el alojamiento turístico en Camper, caravanas, tiendas de campaña o cabañas fuera de los campings autorizados en la isla”. Pero el anuncio de Richard, también, es la prueba más flagrante de que el hito del que el presidente ibicenco, Vicent Marí, presumió el viernes pasado es mentira: la isla que gobierna no es “el primer territorio de España” donde “desaparece la oferta ilegal de Airbnb”: “La gente tiene que ser consciente de que en Eivissa quien la hace, la paga. Es delicado quererse pasar de listo y saltarse la ley. Quien venga a hacer negocio que lo haga de manera legal. Este Consell y los ayuntamientos tenemos un objetivo claro: el intrusismo forma parte del pasado porque seguiremos luchando hasta que se pare”. Bastaba rastrear aquel mismo día –por encima– una web que, una semana más tarde, sigue sin eliminar completamente la oferta fraudulenta. Igual que otros intermediarios para reservar vacaciones, como Booking. El intrusismo no se ha parado en Airbnb, pese a que el Consell Insular cifra la reducción de plazas irregulares en 14.532.
La minifurgoneta que se anima a aparcar lejos de ojos indiscretos –y posibles multas– tiene compañía. Junto a ella, una semana después de que los populares proclamaran el final del pirateo a través de Airbnb, siguen apareciendo “barcos”, “tiendas de campaña” y, como denuncia Elena López Bonet, socialista que se sienta en el banco de la oposición en la institución ibicenca, sobre todo, “habitaciones en viviendas particulares y casas que aparecen sin registro turístico o con un registro inventado para dar apariencia de legalidad”. La treta que utilizó Richard con su Home Gurú. Su código, obviamente, no aparece entre las 2.395 referencias inscritas en el portal de Registre Turístic del Consell. La de un número indeterminado de viviendas que se publicitan en Airbnb, tampoco.
Uno de los anuncios disponibles es una furgoneta ofrecida en Airbnb como alojamiento turístico para dormir 'en la naturaleza' de la isla. Los clientes también encuentran la posibilidad de alquilar un barco como si fuera una habitación de hotel
Esta realidad contradice las felicitaciones que lanzó Marga Prohens, presidenta del Govern y líder del PP en las Illes Balears, cuando abrió el jueves de la semana pasada, 18 de septiembre, una comparecencia en la que también estuvo presente la plataforma que ofrece alquileres turísticos a cambio del 15% de comisión. “Mi enhorabuena al Consell de Eivissa por haber liderado desde el principio esta lucha, mi agradecimiento porque la experiencia de los cuatro años de la legislatura pasada ha sido un valor imprescindible que ahora también permite extender con mayor velocidad vuestros resultados al resto de islas, y mi agradecimiento también a Airbnb por su responsabilidad y colaboración en garantizar la legalidad de la oferta”, dijo Prohens.
La presidenta balear, Marga Prohens (PP), felicitó a Airbnb: 'Mi enhorabuena al Consell de Eivissa por haber liderado desde el principio esta lucha y mi agradecimiento también a Airbnb por su responsabilidad y colaboración en garantizar la legalidad de la oferta'
elDiario.es solicitó al departamento de prensa de Airbnb una entrevista telefónica con Sara Rodríguez. Al cierre de esta edición, la agenda “saturada” de esta ejecutiva que trabaja en España y Portugal para una compañía con sede en Irlanda no había permitido a este periódico obtener declaraciones. Hace una semana, rodeada por Prohens, Marí y el resto de presidentes insulares del archipiélago (territorios donde, según se prometió en la comparecencia de Eivissa, los anuncios ilegales desaparecerán de Airbnb a mediados de octubre), Rodríguez presumió: “Gracias a los esfuerzos de la comunidad de anfitriones y de Airbnb, la gran mayoría de los anuncios de las Islas Baleares ya muestran el número de registro. Estos anuncios son los preferidos por los viajeros, no tienen un impacto comercial significativo para la empresa y, al mismo tiempo, apoyan el cumplimiento a nivel local. Estamos sentando las bases de un modelo de negocio más sólido y con mayor resiliencia que beneficia al conjunto de las Islas Baleares”. Frases calcadas a las que ofrece la empresa en un comunicado oficial. El texto –sin aportar porcentajes– asegura que la “gran mayoría de anuncios activos” en las Illes Balears “muestran un número de registro”.
Airbnb, que no ha ofrecido declaraciones a elDiario.es, presumía de que 'gracias a los esfuerzos de la comunidad de anfitriones y de Airbnb, la gran mayoría de los anuncios de las Islas Baleares ya muestran el número de registro'
El equipo de gobierno del Consell Insular tampoco ha aprobado que ningún representante político ni tampoco Enrique Gómez Bastida, el coronel de la Guardia Civil que dirige la oficina contra el intrusismo, hiciera declaraciones para este artículo durante los últimos días. Los populares, en cambio, sí contestaron a principio de semana a la consellera López, como se podía leer en Diario de Ibiza: “Deben aceptar el éxito de estas medidas. (...) El PSOE ha eliminado de sus pantallazos el número de licencia insertado, evidenciando que su única intención es dañar la imagen de este equipo de gobierno, que siempre ha sido firme en la lucha contra el intrusismo”.
“En seis años no se ha precintado un piso turístico. No basta con retirar oferta, esas viviendas ilegales deben tener un uso residencial. Lo que ocurrió en el Consell, reuniendo a los representantes de la industria turística -contraataca la socialista López-, además de una pantomima, fue una puesta en escena para contrarrestar el anuncio que Pedro Sánchez, unos días antes, había hecho contra el alquiler turístico ilegal”. El domingo 14 de septiembre, durante un mitin que se celebraba en Málaga –emblema de la gentrificación, una de las ciudades más lucrativas para empresas como Airbnb– un presidente del Gobierno en mangas de camisa auguraba la “prohibición” de 53.000 alquileres turísticos ilegales –muchos de ellas en Andalucía, también en Canarias, Catalunya, la Comunitat Valenciana– para que “pasen a ser alquileres permanentes para la gente joven”.
Bustinduy: alabanzas al PP ibicenco
El fuego cruzado de declaraciones políticas ha creado, no obstante, alianzas inesperadas. Tras la escenificación de su acuerdo –ya comunicado en primavera– con Airbnb de Prohens y Marí, Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, aplaudió a los conservadores ibicencos apuntando a otros objetivos: “Es una tarea loable y me da igual el signo político. (...) Hemos cooperado como debería ser normal entre administraciones y los frutos se están notando. Ojalá aprendieran del Consell de Eivissa dirigentes del PP como el señor Almeida o el señor Mazón. (...) La oferta ilegal expulsa a las familias de sus casas y vulnera gravemente el derecho constitucional a la vivienda”.
La buena sintonía entre Marí y Bustinduy se evidenció el pasado febrero, cuando el político de Sumar –hasta 2019, en Podemos– viajó a Eivissa con un punto en la agenda: conocer el problema de las viviendas ilegales en una isla de la que sale escupida población por los precios del mercado inmobiliario. En las operaciones de compraventa de pisos de segunda mano, el metro cuadrado suele superar los 5.000 euros. Tres meses antes, en diciembre de 2024, el Ministerio de Consumo había decidido abrir un expediente sancionador a Airbnb por negarse a eliminar de su web miles de pisos turísticos sin licencia. Fuentes del Consell Insular confirman que “ni a Airbnb, ni a ninguna otra plataforma” se le han impuesto sanciones. La institución ibicenca ha preferido destinar sus esfuerzos, trabajando conjuntamente con los cinco ayuntamientos de la isla –todos gobernados por el PP– en multar a quien está detrás de los anuncios. Los correctivos económicos son duros: oscilan entre los 50.000 y el medio millón de euros, pero no apuntan al mensajero. Que, en el caso de Airbnb, se embolsa el 15% de cada reserva.
Airbnb no ha recibido ninguna sanción. Las autoridades de Eivissa han preferido multar a quien está detrás de los anuncios. Los correctivos económicos son duros: oscilan entre los 50.000 y el medio millón de euros
Pulsos judiciales contra Airbnb
En la web del despacho de abogados Cuatrecasas –uno de los más importantes de España– recuerdan que la sentencia 2/2022 del Tribunal Supremo anuló unos expedientes administrativos que la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya inició, en 2014, contra “Airbnb Ireland UC (Airbnb Ireland) y Airbnb Marketing Services SL (AMS) para bloquear, suprimir o suspender definitivamente de la página web todos los anuncios de alojamientos turísticos publicados por los usuarios en los que no constara el número de inscripción turística”. Triturando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el Supremo consideró que la plataforma simplemente ponía “en contacto a arrendadores y arrendatarios de viviendas vacacionales, sin transformarlo en un negocio de arrendamiento de vivienda”. En palabras de Cuatrecasas: “Un servicio neutral”.
La start up que Brian Chesky –diseñador industrial–, Joe Gebbia –diseñador gráfico– y Nathan Blecharczyk –niño prodigio de la computación– alumbraron en San Francisco fue rápida en saltar fronteras. De California a la conquista del mundo, multiplicando tamaño y musculatura. En 2024, dieciséis años después de su fundación, la tecnológica registraba facturas por valor de 10.592 millones de euros. Cuentas que suponen un impacto –directo e indirecto– en la economía de los países más turísticos. En la española, según un informe interno de Airbnb –que reportó la revista Forbes– ronda los 8.500 millones anuales.
En 2024, dieciséis años después de su fundación, Airbnb registraba facturas por valor de 10.592 millones de euros
No resulta sencillo, por tanto, chocar con un gigante así en los juzgados. El Ajuntament de Barcelona, sin embargo, explicó a principio de verano que se planteaba hacerlo –“acciones administrativas, civiles e incluso penales”– si la compañía continuaba remoloneando para eliminar la oferta ilegal. “Tienen comportamientos arcaicos y dilatorios”, dijo Jaume Collboni, un alcalde que ha decretado fulminar los 10.000 pisos turísticos legales que existen en su ciudad de cara a 2028. ¿La fórmula? No renovar las licencias cuando caduquen. Esa es la política que no contempla el PP balear: la pasada primavera blindó por decreto 90.000 plazas turísticas en el archipiélago con el apoyo de Vox. Conservadores y ultraderechistas confían, por tanto, en la buena voluntad de Airbnb. Pese al precedente tan cercano de Barcelona, en el comunicado de prensa emitido tras el acto en el Consell Insular d’Eivissa, la multinacional asegura que “apoya completamente el cumplimiento” de la ley “a nivel local” y que “las obligaciones de registro no tienen un impacto económico significativo” en su balance de resultados.
Más del doble de viviendas turísticas que Barcelona
La proporción de viviendas turísticas legales en Eivissa (una por cada 69 habitantes) es más exagerada que en la capital catalana (por cada piso turístico hay alrededor de 168 vecinos censados). “Lo que siempre decimos es que no hay una falta de vivienda, sino que la vivienda está utilizándose para otros usos que no son el residencial. Debido a nuestra alta oferta turística, al propietario le es más rentable alquilar habitaciones, por temporada, a turistas (de forma legal o ilegal), a empresas… Y, por los mismos motivos, se ha imposibilitado el acceso a la compra a las personas de clase trabajadora. Entre millonarios que quieren su segunda residencia en la isla e inversores que ven en los altos precios una posibilidad de ganar dinero fácil, la población de la isla se ha visto relegada y sin capacidad de ahorro”, radiografía Daniel Moya Granda. El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera considera “un dato tremendo” que todas las viviendas que legalmente no son hogares supongan “18.298 plazas turísticas”. “Equivale a la población de casi todo Sant Antoni, el segundo núcleo más importante de la isla. Debemos desincentivar el rentismo no residencial y la compra de vivienda que no sea para vivir. De lo contrario, seguiremos vaciando nuestros pueblos de vecinos para meter a turistas”, explica Moya.
No hay una falta de vivienda, sino que la vivienda está utilizándose para otros usos que no son el residencial. Al propietario le es más rentable alquilar habitaciones, por temporada, a turistas (de forma legal o ilegal), a empresas... Entre millonarios que quieren su segunda residencia en la isla e inversores que ven en los altos precios una posibilidad de ganar dinero fácil, la población de la isla se ha visto relegada y sin capacidad de ahorro
La Federación Empresarial y Hotelera de Ibiza y Formentera ve el asunto desde un prisma bien diferente. Su presidenta, Maria Costa Roig, califica de “pionera” la cooperación entre el Consell Insular y Airbnb: “Este primer acuerdo lo consideramos muy importante para demostrar que es posible y también, a nivel pedagógico, necesario. No sólo se ha demostrado con datos que se han reducido en más de 2.000 turistas por día en Ibiza que presumiblemente se han sumado a la oferta legal y regulada, promoviendo un adecuado equilibrio entre los recursos de la isla, los turistas y los residentes. (...) Creemos que es muy importante el efecto que está teniendo”. Aunque es optimista, Costa invita a mirar a largo plazo: “Suponemos que esto es un primer paso para seguir avanzando y creemos que el siguiente será identificar a aquellos que usan números de forma fraudulenta y eliminarlos. Entendemos que esto es un proceso y que ciertas cosas pueden llevar tiempo, y confiamos en que el Consell tome las medidas correctas de aquí en adelante, que, como todo, habrá que ver”.
Esto es un primer paso para seguir avanzando y el siguiente será identificar a aquellos que usan números de forma fraudulenta y eliminarlos
Los avisos que pronosticaron la gentrificación
“La irrupción de Airbnb ha provocado la incorporación de nuevas plazas turísticas en zonas urbanas, el aumento de precio en el alquiler residencial está íntimamente ligado a la proliferación de viviendas turísticas: no sólo se está poniendo en riesgo el derecho a la vivienda de muchos residentes, sino que puede llevar a cierta fractura social en la isla”. La cita pertenece a Airbnb en Menorca: ¿una nueva forma de gentrificación turística?, un estudio de Ismael Yrigoy Cadena, doctor en Geografía y profesor de la Universitat de les Illes Balears, que se publicó… en 2017. Una fecha clave para entender por qué en las cuatro islas de la comunidad autónoma compartir hogar, en 2025, cuesta de media 558 euros al mes. El doble que antes de la pandemia. Más que en ningún otro rincón de España.
En su estudio, el geógrafo Yrigoy consideraba que Airbnb había proliferado en las Illes Balears durante los primeros años de vida de la plataforma gracias al “beneplácito del establishment” autóctono. Era la misma época en la que el Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena como alcaldesa, recibía cartas de Airbnb por tratar de conseguir que los barrios del centro de la ciudad siguieran siendo residenciales: “Esta nueva regulación sólo beneficiará a unas pocas grandes empresas, dejando a miles de familias y comunidades locales sin una fuente de ingresos clave (...) eliminará la posibilidad de que puedan beneficiarse del turismo”.
El efecto en el archipiélago, según expertos como Yirigoy, era ya entonces un quiebro social que poco se parecía a la economía colaborativa que publicitaba Airbnb. Mientras expertos como él alertaban de que “el agente gentrificador” pasaba a ser “el vecino de la puerta de al lado” –abriendo una brecha entre los miembros de clase media que podían alquiler una segunda (o tercera o cuarta…) residencia y quien no tenía un título de propiedad a su nombre–, en el Parlament salía adelante una Ley de Alquiler Turístico que navegaba un mar de dudas. Redactarla y votarla provocó fuertes tensiones en el primer ejecutivo de centroizquierda que presidió Francina Armengol. Fue, sobre todo, un Més per Mallorca, que controlaba la Conselleria de Turisme, contra Podem, que quería prohibir de forma más expresa la presencia de turistas en edificios plurifamiliares. La negociación entre los socios fue caótica y la nueva ley dejó la patata caliente de la prohibición expresa en manos de los gobiernos insulares y los ayuntamientos. A día de hoy, apenas Palma, Calvià y el Consell d’Eivissa lo tienen vetado sobre el papel.