Ni fiestas VIP con sexo, alcohol y drogas ni sobornos a funcionarios. El nuevo escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción previo al juicio que arrancará el próximo 13 de junio contra el empresario Bartolomé Cursach y otros quince procesados echa por tierra las imputaciones más graves que durante los últimos años han planeado sobre el considerado rey de la noche mallorquina. Entre ellas, por “falta de verosimilitud”, las relativas a las supuestas orgías que, según apuntaban las investigaciones iniciales, fueron celebradas en la discoteca Tito's, buque insignia del magnate, para agasajar a numerosos agentes de la Policía Local de Palma a cambio de salvaguardar la buena marcha de los negocios del grupo empresarial.
Tanto es así que, a menos de dos semanas de que dé comienzo la vista oral, el Ministerio Público ha rebajado de forma drástica sus peticiones de condena: de los ocho años y medio de prisión que reclamaba hasta el momento para Cursach solicita ahora un año y medio por pertenencia a organización criminal y prevaricación, dejando fuera los ilícitos de cohecho y coacciones.
Al inicio de las pesquisas contra él, hace más de siete años, el empresario llegó a ser investigado por hasta una quincena de delitos entre los que se incluían homicidio –un testigo le había acusado de suministrar droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas, hechos de los que finalmente Cursach fue exculpado–, narcotráfico, corrupción de menores, extorsión, amenazas, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Una ristra de acusaciones de las que ya fue exonerado y por las que, junto a su mano derecha, Bartolomé Sbert, fue detenido y enviado a prisión sin fianza el 3 de marzo de 2017.
Del mismo modo, los fiscales Tomás Herranz y Juan Carrau reducen su solicitud para Sbert, exdirector general del Grupo Cursach, quien se enfrenta ahora a una petición de tres años y medio de cárcel -en su caso sí mantiene las supuestas coacciones- frente a los ocho y medio que la acusación pública reclamaba para él. Las modificaciones de pena también afectan a varios de los policías locales que se sentarán en el banquillo por presuntamente hostigar mediante continuas y arbitrarias inspecciones a numerosos locales nocturnos, actuaciones que, en su mayoría, Anticorrupción desvincula de cualquier tipo de presión por parte del grupo capitaneado por Cursach.
Una de las acusaciones, la relativa a las supuestas fiestas de Tito's, salió a la luz después de que uno de los testigos en los que se sustentó el caso Cursach, el excamarero de la discoteca Daniel Corral –en la actualidad investigado por un presunto delito de falso testimonio– asegurase que el establecimiento de ocio nocturno era frecuentado por policías a quienes se les ofrecía servicios de prostitución, alcohol y drogas a cambio de garantizar la protección de Cursach. El ahora investigado aseguró incluso haber visto cómo la droga era transportada desde un velero amarrado frente a Tito's para después ser introducida en maletines dentro de la discoteca.
Las manifestaciones sobre presuntas orgías no finalizaron ahí: otra testigo –también imputada– afirmaba ser la madame en un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por el empresario mallorquín. Las investigaciones posteriores determinaron que el prostíbulo nunca existió.
Respecto a los últimos movimientos de la Fiscalía, también ha decidido retirar sus cargos contra siete de las 23 personas que hasta el momento se encontraban acusadas en esta macrocausa, entre ellas cuatro funcionarios acusados de haber favorecido con sus resoluciones las actividades llevadas a cabo por el Grupo Cursach.
En concreto, los siete exculpados son el director de Tito's, Jaime Lladó; el exjefe de camareros de la discoteca, Arturo Segade; otro de los directivos del grupo y expolicía local, Antonio Bergas; la exdirectora general de Turismo del Govern Pilar Carbonell –quien en noviembre de 2017 dimitió de su cargo tras su imputación–; el funcionario del Ejecutivo autonómico Bernardí Coll, el celador de obras del Ayuntamiento de Palma Julián Garau y el ingeniero y funcionario del Consistorio de Calvià Jaime Nadal.
Anticorrupción ha dado este paso a raíz de lo arrojado por la causa que, en paralelo, indaga las presuntas prácticas ilegales desplegadas por los antiguos investigadores del caso Cursach -que llegó a sumar más de un centenar de imputados y más de cuarenta encarcelados- con el objetivo de construir a la carta sus pesquisas y allanar futuras condenas.
Tanto el exjuez Manuel Penalva –quien fue apartado de la causa por falta de apariencia de imparcialidad– como el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro miembros del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional se encuentran a las puertas del banquillo de los acusados.
Todos están pendientes de conocer si finalmente son juzgados por filtrar a la prensa información secreta del procedimiento judicial y no actuar para impedirlo –delitos por los que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears considera que deben responder ante un tribunal– o –además de los anteriores ilícitos y como reclaman la Fiscalía y una treintena de acusaciones particulares– por, supuestamente, coaccionar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio contra Cursach, efectuar detenciones ilegales y prolongar deliberadamente el ingreso en prisión de varios investigados.
La Policía Nacional, que desgranó en hasta un total de ocho atestados el papel ejercido por los seis antiguos investigadores, llegó a referirse a ellos como integrantes de “una organización criminal” asentada en el tiempo, dedicada “a la comisión reiterada de delitos” y que habría “sembrado el terror entre sus víctimas reales y potenciales” a fin de lograr delaciones y apuntalar sus tesis incriminatorias. Desde que la Justicia pusiera el foco en la actuación de ambos exjuristas, los avatares no han dejado de sucederse tanto en la causa que les investiga como en el propio caso Cursach.
En su nuevo escrito de calificación, los fiscales descartan que Cursach, Sbert y Bergas alcanzasen un pacto con varios responsables de la Policía Local para urdir un entramado mafioso que, según postulaba el Ministerio Público con anterioridad, perduró durante al menos veinte años y en virtud del cual el grupo empresarial vería favorecida la marcha de sus negocios a cambio de ventajas económicas para los funcionarios policiales. Del mismo modo, el nuevo escrito tampoco considera probado que los máximos responsables del Grupo Cursach instaurasen una situación de presión psicológica sobre algunos funcionarios del Ayuntamiento de Palma y los amenazasen con futuras represalias de no acceder a sus pretensiones en materia de permisos y licencias.
En su escrito inicial, modificado ahora en su mayor parte, el exfiscal Subirán relataba toda una serie de actuaciones, que, además de las fiestas VIP en Tito's, incluían pagos en efectivo, cestas de navidad, cajas de Moët & Chandon y pases VIP para el macrogimnasio Megasport, una de las instalaciones de referencia del grupo, adonde, durante años, acudió frecuentemente el expresidente del Govern balear Jaume Matas, condenado en varias ocasiones por múltiples fraudes y sobrecostes cometidos bajo su mandato en su apuesta por los macroproyectos y las obras colosales.
Los fiscales acotan ahora la actuación de los policías locales acusados a las constantes inspecciones efectuadas por agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local –división encargada de esas tareas– a diferentes locales nocturnos. “Dichas decisiones eran arbitrarias e injustificadas y generaban consecuencias administrativas al tiempo que ocasionaba perjuicios económicos a diversos empresarios”, sostiene Anticorrupción, que precisa que tales actuaciones se materializaban en inspecciones innecesarias “en las que siempre se solicitaba la documentación ya pedida en días anteriores, siempre en horario de máxima afluencia, causando un gran perjuicio porque paralizaban la actividad, encendiendo luces, quitando la música, pidiendo documentación a los clientes, cacheos agresivos, etc.”.
“Ello provocaba miedo e inseguridad en los clientes, que, tras concluir la 'actuación policial', abandonaban el local”, incide el nuevo escrito, que señala cómo, además, los agentes reclamaban el apoyo de unidades policiales especiales integradas por efectivos “uniformados, fuertemente armados, con chalecos antibalas y en número absolutamente desproporcionado para la actuación que desarrollaban”. La Fiscalía no considera acreditado que con tales registros se pretendiera perjudicar a los establecimientos que fueran potencialmente competidores con los del grupo Cursach Ocio para salvaguardar su autoridad en la noche.
Sí considera probado, sin embargo, que, al menos desde 2014, dos de los responsables de la Patrulla Verde inspeccionaban de manera rutinaria, por orden del exnúmero dos de Cursach, una de las principales discotecas situadas en el Paseo Marítimo –donde también se ubicaba Tito's–. “El establecimiento tenía una gran aceptación y reunía en sus galas una gran afluencia, lo que perjudicaba a las otras discotecas del Paseo Marítimo, especialmente Tito's y Pachá”, subraya la acusación pública.
Según los fiscales, Sbert dio las “instrucciones oportunas” para que, incluso, los agentes sancionaran y retuvieran a todos los autobuses que llevaban a turistas al establecimiento perjudicado, “a la vez que desviaban a estos 'clientes' hacia sus negocios”. Anticorrupción recalca que la discoteca afectada “fue sistemáticamente perseguida por el Grupo Cursach”.
La Fiscalía señala también que otro local, en este caso situado en la Playa de Palma, sufrió constantes inspecciones “con el falso pretexto de denuncias vecinales por exceso de ruido y venta de estupefacientes”, si bien lo desliga de cualquier posible influencia por parte del Grupo Cursach.
“Llegaron a protagonizar actuaciones policiales en las que llegaron a intervenir más de 40 policías locales uniformados y armados, tres furgones policiales con diez agentes cada uno, miembros de la Patrulla Verde, etc., y, con el pretexto de que buscaban ocho kilos de cocaína, paralizaron la actividad (encendido de luces, apagado de música, etc.), reteniendo a empleados y clientes dos horas y media, dañando el mobiliario con las defensas y obligando a desnudarse a los empleados”.
Está previsto que la vista oral contra Cursach, Sbert y el resto de acusados arranque el próximo 13 de junio y se prolongue, si se cumple el calendario fijado, hasta mayo de 2023, lo que la convertiría en el juicio más largo de cuantos se han celebrado en Balears.
Los abogados de los procesados contemplan plantear numerosas cuestiones previas con las que lograr la nulidad del caso Cursach a tenor de las imputaciones que pesan sobre quienes les investigaron. No en vano, una de las defensas, la ejercida por Sbert, llega a calificar las pesquisas de “auténtico fraude, una ficción malvada, un artificio de principio a fin” sustentado con relatos de “testigos manipulados mediante violencia, intimidación o recompensas ilícitas e informes de Blanqueo falsos”. “El peor parado será nuestro Estado de Derecho”, sentencia en uno de sus escritos.
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