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El Govern balear del PP se ha plegado finalmente a varias de las exigencias que imponía Vox para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025: derogará la ley de memoria democrática -a pesar de que los conservadores alcanzaron en diciembre un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no eliminarla-, reformará la ley de educación con el objetivo de garantizar la vehicularidad del castellano en la enseñanza y “el conocimiento del español en el sistema educativo” e implantará la agenda ultra de Vox en materia migratoria, denegando la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes del reparto de otras comunidades autónomas.
Son las principales medidas que han pactado ambos socios de investidura en el marco del acuerdo que han cerrado este viernes para aprobar las cuentas de este año, y que llega más de cinco meses después de que los de Santiago Abascal tumbasen en diciembre los presupuestos tras no ver atendidas las condiciones que entonces imponía -entre ellas, la eliminación del catalán como lengua vehicular en la educación pública de las islas-. El desacuerdo entre PP y Vox abocó a la presidenta balear, Marga Prohens, a retirar finalmente el borrador en medio de la mayor crisis abierta hasta entonces con sus socios de investidura. El restablecimiento en marzo de las relaciones entre PP y Vox ha llevado finalmente a ambos a lograr un acuerdo que, si no hay cambios, posibilitará en julio la aprobación parlamentaria de las cuentas.
Respecto a la ley balear de memoria, PP y Vox suprimirán la normativa a pesar de que el pasado mes de diciembre los conservadores facilitaron, con su abstención, la vigencia de esta ley a raíz del pacto que habían alcanzado previamente con las formaciones de izquierdas: a cambio de no eliminar la ley, la oposición posibilitó en el mismo pleno la eliminación de 34 enmiendas que Vox había presentado al Decreto Ley autonómico de simplificación administrativa, y que los conservadores habían incorporado por error dos semanas antes, retrotrayendo la legislación balear a décadas atrás en materia medioambiental y de normalización de la lengua catalana.
Finalmente, ambas formaciones tumbarán una normativa que no solo condena la dictadura franquista, sino que rechaza también cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático, promoviendo el reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, la verdad y la justicia de todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. La derogación de la ley de memoria figuraba en el acuerdo de legislatura alcanzado en 2023 entre PP y Vox, por el que los de Bambú se comprometían a abstenerse en la investidura de Prohens, posibilitando con ello su nombramiento como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.
Medidas en materia migratoria
En materia migratoria, y en línea de lo que ya ha hecho el popular Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana, el Ejecutivo del PP no acogerá a más menores migrantes no acompañados procedentes del reparto de otras comunidades autónomas, ni financiará nuevos centros de acogida, una decisión que la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha celebrado como una “victoria moral”. El acuerdo también contempla realizar pruebas de edad de mayor fiabilidad dirigidas a determinar la edad de los migrantes que llegan a las islas, además de proceder a la tramitación de expulsión de aquellos que no superen dicha prueba, siempre de acuerdo a las actuales leyes de Extranjería.
En esta línea, PP y Vox han acordado establecer un mínimo de tres años de residencia para la ayuda de emancipación a extutelados y condicionar la Renta Social a nuevos perceptores a la acreditación de tres años de residencia legal y, salvo causa justificada, a participar en itinerarios de inserción laboral, teniendo en cuenta los hijos menores y personas dependientes a cargo. También se suprimirán las subvenciones a “organizaciones islamistas” así como a asociaciones u ONG que “colaboran con el tráfico de personas y la inmigración irregular”.
En este mismo apartado, el Govern colaborará con los Consells Insulars en la elaboración de planes de retorno de los menores migrantes no acompañados a sus países de orígen, y desarrollará un plan coordinado con los ayuntamientos “para identificar pisos patera y empadronamientos irregulares y tomar las medidas pertinentes”.
Reforma de la ley de educación
Por otro lado, el Ejecutivo de Prohens prevé modificar la ley balear de Educación para incluir la vehicularidad del castellano y del catalán y para promocionar “las modalidades lingüísticas propias de cada isla en los principios rectores del modelo lingüístico para garantizar el conocimiento del español en el sistema educativo”. Del mismo modo, se rebajará la nota necesaria al finalizar ESO y Barchillerato para obtener el título de catalán B2 y C1, respectivamente, “a la nota requerida por los criterios del marco europeo de lenguas de referencia”.
El mismo acuerdo contempla estudiar con Vox otros posibles cambios legislativos y otras medidas que “garanticen los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de Balears” y “reflejen la realidad bilingüe de nuestra comunidad, siempre dentro del marco de la Ley de Normalización Lingüística y del Estatuto de Autonomía”. También se eximirá de la evaluación de lengua catalana a aquellos alumnos de familias que se desplacen de manera temporal a las islas “por razones debidamente justificadas”, con el objetivo, puntualiza el texto, de “evitar el menoscabo en la educación del menor”.
El Ejecutivo también impulsará y avanzará en el plan piloto voluntario de elección de lengua, reservando y ejecutando los recursos suficientes para su aplicación en Educación Primaria y su extensión a Secundaria durante el curso 2025-2026, “cumpliendo con el acuerdo alcanzado con Vox en noviembre de 2023 e informando de su desarollo y resultados”.
En la Administración, PP y Vox buscan garantizar que el catalán no penalice en el acceso a las bolsas públicas de trabajo y analizarán rebajar o eximir del nivel lingüístico exigido en las categorías, cuerpos, escalas y puestos de trabajo que “no tratan con la ciudadanía”. El acuerdo remarca que trabajarán para garantizar que el catalán “no suponga un impedimento” para acceder a las plazas deficitarias o de difícil cobertura “donde la exigencia lingüística pueda dificultar la prestación del servicio a los ciudadanos”.
Vox: “Se han incorporado medidas que el PP nunca habría aprobado por su cuenta”
En la rueda de prensa que han ofrecido de forma conjunta el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, y la de Vox, Manuela Cañadas, ésta ha manifestado su satisfacción por el texto rubricado, aunque ha reconocido que “siempre sabe a poco, porque somos muy ambiciosos, pero son acuerdos importantes”. Al ser preguntada sobre hasta dónde quiere llegar Vox, ha recordado que cuando con 12 años llegó a Balears, “en la escuela todo era en castellano y había una asignatura en catalán”. “Después se impuso la inmersión lingüística cien por cien en catalán y ahora vivimos en una dictadura lingüística”, ha manifestado.
La portavoz de Vox ha subrayado que el acuerdo sellado ha permitido poner sobre la mesa medidas que el PP “nunca hubiera aprobado” por su cuenta. En este sentido, se ha referido a la reducción del requisito del catalán en la función pública y aquellos aspectos relacionados con la lengua. En cambio, ha admitido, una de las cuestiones en las que los de Abascal han tenido que ceder es en la derogación del decreto de mínimos, aunque ha advertido que “hasta que no lo tiremos no vamos a respirar”. “Es su línea roja, que intentamos borrar poquito a poco”, ha incidido.
El PP, “totalmente satisfecho y orgulloso”
Por su parte, su homólogo en el PP, Sebastià Sagreras, ha asegurado estar “totalmente satisfecho y orgulloso” del pacto alcanzado. “No me siento incómodo en absoluto y lo volvería a suscribir y firmar ahora y en septiembre si es necesario”, ha apuntado. Interpelado por las medidas que Cañadas ha asegurado que los populares jamás hubieran aprobado por su cuenta y que se incluyen en el documento, el popular se ha limitado a decir que “en ningún caso” se han transgredido las “líneas rojas” marcadas por su partido.
“Refleja los puntos en común que hemos encontrado con voluntad de entendimiento desde el primer momento pese a tener alguna diferencia y, por lo tanto, desde el respeto a que hay cuestiones a las que ni uno ni otro renunciaremos”, ha indicado. Sagreras ha hecho suyas las medidas nacidas de la “preocupación” por la llegada de pateras o por los problemas de competitividad a los que se enfrenta el sector primario. También ha considerado, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, que la derogación de la ley de memoria no es un problema habida cuenta de que todavía persiste la de fosas.
El portavoz del PP ha justificado además, sobre las medidas lingüísticas acordadas en materia educativa, que éstas van en la misma línea que las que ya se adoptaron a inicios de legislatura para flexibilizar el requisito del catalán en la sanidad pública. “Siempre hemos puesto énfasis, y creo que es lo más inteligente, en los puntos que unen al PP y a Vox, que no son pocos. Hay algunos que nos distancian, pero este pacto tiene los puntos en los que estamos de acuerdo”, ha sentenciado.
La oposición: “Prohens ha conseguido hacer bueno a Bauzá”
Tras la intervención de Sagreras y Cañadas ha sido el turno del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha acusado a Prohens de haber “conseguido hacer bueno a José Ramón Bauzá -presidente balear en la legislatura 2011-2015-” con los “ataques al catalán” previstos en el acuerdo. “Nunca pensé que diría esto de un presidente del Govern”, ha señalado el dirigente ecosoberanista, quien ha considerado este viernes un “día infausto para la historia de Balears” y manifestando que el acuerdo “bien podría ser un pacto de legislatura porque cambia de forma radical la gobernabilidad de esta tierra”.
Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha calificado el pacto entre PP y Vox de “acuerdo de la infamia”, aseverando que “estas islas no se merecen este Govern”, dado que Balears es “una tierra solidaria, abierta, que protege su territorio y paisaje, que sabe acoger y respeta los derechos humanos, que tiene memoria y que siempre ha tenido presente su protección y, sobre todo, que tiene una lengua, una lengua propia, que es el catalán”. “Somos una sociedad que parará este disparate”, ha confiado Negueruela.
“Desde hoy, Prohens no puede decir más que defiende estas islas ni que defiende la lengua propia de Balears”, ha recalcado Negueruela, incidiendo en que el acuerdo sellado “es el mayor ataque a la democracia” y la demostración de que “Prohens es una presidenta que no tiene palabra”.