PP y Vox sellan su alianza para prohibir el burka en los espacios públicos de Balears bajo multas de hasta 30.000 euros
El Parlament ha aprobado este martes, con los votos de PP y Vox, una proposición de ley orgánica impulsada por la formación de extrema derecha para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. Pese a presentarse como una defensa de la “dignidad” y la libertad de las mujeres, la iniciativa, que se enviará ahora al Congreso de los Diputados para su validación definitiva -ya que propone la modificación del Código Penal y de otras leyes-, dedica la mayor parte de su exposición de motivos a dibujar un escenario de amenaza a la “civilización occidental” por la “llegada masiva de inmigrantes procedentes de otros continentes” y una supuesta importación de costumbres ajenas.
Bajo el argumento de combatir el sometimiento femenino, el texto plantea multas de hasta 30.000 euros para quienes reincidan en el uso del velo integral, penas de hasta cuatro años de prisión para quienes obliguen a llevarlo y modificaciones de la Ley de Extranjería que podrían facilitar la expulsión de extranjeros en determinados supuestos.
La propuesta de Manuela Cañadas, portavoz de Vox y encargada de defender la iniciativa, va mucho más allá de regular el uso del velo integral. Su arquitectura legislativa alcanza tres leyes orgánicas: el Código Penal, la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana. El resultado es una norma que, mientras proclama proteger a las mujeres de la imposición religiosa, contempla sancionar a las propias mujeres que llevan estas prendas, sin distinguir entre quienes lo hacen obligadas y quienes sostienen que es una decisión personal. Una contradicción que ha centrado buena parte de las críticas de la oposición y que el PP ha decidido respaldar.
Durante su intervención en el pleno, Cañadas ha convertido el debate en un alegato contra la izquierda y la población musulmana, con acusaciones generalizadas, advertencias sin sustento sobre la seguridad y descalificaciones a sus adversarios políticos. La portavoz de la formación de extrema derecha ha definido el burka y el niqab como “una cárcel de tela” y ha acusado a quienes rechazan la prohibición de amparar el sometimiento femenino “bajo la coartada de una falsa tolerancia”. “Subo a esta tribuna a hablar de lo que otros callan por cobardía, por complejos o por cálculo político”, ha comenzado, presentando a Vox como el único partido dispuesto a enfrentarse a una supuesta amenaza contra los derechos conquistados por las mujeres.
Por su parte, la diputada popular Cristina Gil ha defendido el respaldo de su grupo presentando la prohibición como una consecuencia necesaria de un diagnóstico que, según ha asegurado, comparten todas las formaciones: que el velo integral constituye una forma de opresión contra las mujeres. “En esta Cámara hemos logrado un acuerdo poco habitual. El velo integral es una forma de opresión a la mujer. Y no lo digo solo yo, que también lo han dicho todos ustedes”, ha espetado. Acto seguido, ha acusado a los grupos progresistas de incurrir en una contradicción por rechazar la regulación propuesta por Vox pese a reconocer el carácter discriminatorio de estas prendas: “Condenan el burka, dicen que es denigrante y luego se niegan a regularlo”.
Gil ha llegado a bautizar la posición de la izquierda como “el feminismo de la goma de borrar” al hacer alusión a las enmiendas de supresión presentadas contra la iniciativa. “16 enmiendas de supresión no son 16 soluciones. 16 enmiendas de supresión no protegen la dignidad de la mujer”, ha insistido.
Desde la oposición de izquierdas, la diputada socialista Maria Teresa Suárez ha cuestionado que la respuesta de la derecha a la opresión de las mujeres consista en castigar a quienes pueden estar sufriéndola. “¿Cuál es la solución? ¿Una ley que consiste en castigar a las víctimas?”, ha reprochado. La parlamentaria ha recordado que el ordenamiento jurídico español ya contempla instrumentos para perseguir las coacciones y la violencia contra las mujeres y ha criticado que la iniciativa no incorpore recursos de acompañamiento, protección ni estudios que permitan conocer cuántas mujeres se encuentran en esta situación y qué necesitan.
“Que haya una ley que ponga recursos, que proteja a las mujeres y que persiga a los hombres que las obligan a llevar esto, muy bien. Pero que en la exposición de motivos no haya datos, que no haya un estudio sobre cuántas mujeres están en esta situación y qué necesitan, ¿eso es defender los derechos de las mujeres?”, ha planteado. Suárez ha advertido de que la prohibición puede tener consecuencias especialmente graves para quienes dependen económicamente de sus parejas, carecen de una red familiar o viven sometidas a situaciones de control. La advertencia apunta a una paradoja central del texto: una mujer que ya sufre la imposición de un hombre podría encontrarse con que, además de esa violencia, la Administración la sanciona por llevar la prenda que él le obliga a utilizar.
La diputada ha cuestionado, asimismo, que los promotores invoquen la seguridad ciudadana para justificar una prohibición dirigida específicamente a las prendas islámicas. Durante su intervención ha mostrado una imagen de jóvenes neonazis con el brazo en alto y ha preguntado por qué quienes ocultan su rostro en ese contexto no representan un problema equivalente para la seguridad pública. También ha recurrido al ejemplo francés para rebatir las comparaciones de PP y Vox con otros países europeos, recordando que la sanción allí por ocultar el rostro es de 150 euros y puede sustituirse por trabajos comunitarios, sin que exista un régimen equivalente al de las expulsiones que plantea la iniciativa balear.
Por su parte, el diputado de Més per Menorca Josep Castells ha puesto el foco en la utilización del Parlament como plataforma para trasladar una batalla política que, a su juicio, debería desarrollarse en el Congreso de los Diputados. El parlamentario ha señalado la contradicción de Vox, que habitualmente cuestiona que las cámaras autonómicas debatan materias que considera ajenas a sus competencias, pero que ahora utiliza precisamente esos parlamentos para extender su propuesta. “Un partido que cada vez que hablamos de temas que dice que no son de competencia autonómica sostiene que un parlamento autonómico no se ha de dedicar a estos temas, ahora utiliza todos los argumentos autonómicos para hacer su propaganda”, ha reprochado.
Castells también ha acusado al PP de hacer seguidismo de una iniciativa cuyo contenido y discurso, ha sostenido, van más allá de la defensa de las mujeres. El diputado ha contrapuesto la intervención de Cristina Gil, que ha intentado justificar la regulación desde argumentos de igualdad, con el discurso de Cañadas, al que ha atribuido planteamientos homófobos. “Ustedes lo que hacen es seguidismo de este planteamiento absolutamente homófobo”, ha incidido. El parlamentario ha denunciado además que Vox esté utilizando los parlamentos autonómicos como “foro de propaganda” para una propuesta que podría haber presentado directamente en el Congreso, donde dispone de representación suficiente para hacerlo.
Multas de hasta 30.000 euros, penas de prisión y expulsiones
La proposición buscar modificar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para introducir como infracción leve el uso del niqab y el burka en espacios públicos, así como la imposición de estas prendas a menores por parte de sus padres o tutores. Además, establece que la reincidencia constituirá una infracción grave. Al remitirse al régimen sancionador de esta ley, las multas podrían alcanzar los 30.000 euros, el máximo previsto para las infracciones graves. En el primer tramo, las infracciones leves se castigan con multas de entre 100 y 600 euros.
El texto va más allá de las sanciones administrativas. También introduce un nuevo apartado en el artículo 172 ter del Código Penal para castigar con entre un año y seis meses y tres años de prisión a quien imponga mediante violencia, intimidación o cualquier forma de coacción el uso del burka o el niqab. Si la víctima es menor de edad o se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad por enfermedad o discapacidad, las penas previstas se elevan a entre dos años y seis meses y cuatro años. También contempla agravantes cuando las coacciones se produzcan en presencia de menores, con armas o en el domicilio común o de la víctima.
La tercera pata de la reforma afecta a la Ley de Extranjería. Vox plantea modificar los artículos 53 y 57 para incluir estas conductas entre los supuestos que pueden desembocar en la expulsión del territorio español cuando el infractor sea extranjero.
El documento no comienza describiendo la situación de las mujeres que sufren imposiciones religiosas ni aportando datos sobre el uso del burka o el niqab en España. Arranca alertando de que los derechos y libertades occidentales están amenazados por la “llegada masiva de inmigrantes procedentes de otros continentes” y denuncia la “importación de hábitos y comportamientos ajenos” a las sociedades occidentales.
La formación de extrema derecha llega a invocar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2014 sobre la prohibición francesa del velo integral, a pesar de que la resolución no avaló que la igualdad entre hombres y mujeres o la dignidad humana justificasen por sí mismas una prohibición general. La Gran Sala rechazó expresamente esos argumentos del Gobierno francés. El tribunal terminó considerando legítima la legislación francesa por la preservación de las condiciones de convivencia, reconociendo un amplio margen de apreciación a los Estados, no porque aceptase que prohibir el velo integral fuera una medida necesaria para liberar a las mujeres.