Corrían principios de los años 70 cuando el arquitecto catalán Josep Lluís Sert empezó a idear un mastodóntico proyecto junto a la paradisíaca Cala d’en Serra: un complejo turístico de abominables dimensiones, 198 apartamentos y casi 600 plazas que proyectó en colaboración del urbanista Raimón Torres. Ambos habían desembarcado en Eivissa en la década de los 60, en los primeros compases del boom turístico, y pretendían un crecimiento de la isla respetuoso con el entorno (aseguraban) en un momento en que el desarrollismo en la costa no estaba limitado. El gran proyecto a pie de la pequeña cala de Portinatx pronto se empezó a construir, después de que la empresa Cala d’en Serra S.L recibiera la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento, el 12 de abril de 1975.
Las obras debían desarrollarse en un plazo de dos años. Sin embargo, los promotores solicitaron tres prórrogas: en 1979, en 1982 y la última, en 1986. La fecha límite fue fijada para el 3 de diciembre de 1990. Pero el ambicioso proyecto se había truncado mucho antes, con la muerte de Sert en 1983. Así, sin ningún avance más que el de la degradación provocada por el paso del tiempo, ha permanecido durante cinco décadas.
La ruina, representación de la salvajidad urbanística de la segunda mitad del pasado siglo, ha sido grafiteada y obligada a permanecer permanentemente bajo vigilancia. La continua presencia de artistas (se ha utilizado hasta para grabar videoclips) y la peligrosidad del estado de la urbanización, de la que solo se llegó a levantar el esqueleto de hormigón, hicieron que fuera necesario contratar a una empresa de seguridad que velara por la protección del perímetro. Poco a poco, el complejo se ha convertido en parte del paisaje de la cala, modificando su belleza natural.
Treinta y tres años después de su levantamiento, un informe elaborado por el arquitecto técnico municipal ofreció un detallado diagnóstico, acompañado de fotografías aéreas, del estado de la estructura y su evolución. El documento recordaba las advertencias contenidas en otro informe desfavorable del Ministerio de Vivienda de 1975, que ya señalaba graves deficiencias del proyecto original. Entre ellas, que el terreno carecía de un plan general de ordenación aprobado, por lo que se consideraba suelo rústico. La edificabilidad proyectada superaba, así, lo permitido por el artículo 69 de la Ley del Suelo vigente en ese momento.
Por otro lado, el Ministerio constataba que los planos no reflejaban la totalidad de los aparcamientos previstos y que la altura de las habitaciones, de 2,40 metros, no alcanzaba el mínimo legal de 2,50 metros. El conjunto de estos informes anticipaba los problemas que, ahora, han llevado al Ayuntamiento a declarar la nulidad de la licencia y exigir la demolición de la ruina.
Una de las zonas más vírgenes
El armatoste urbanístico no fue un impedimento para que en 2008, casi treinta años después de que empezara a edificarse, el rico enclave fuera elegido por el periódico británico The Guardian como la mejor playa de Europa. El periodista Tom Robbins describió la llegada al lugar: “Pronto empiezas, a través de las hojas de los pinos, a ver la cala, casi un perfecto redondel de cristalinas aguas turquesas flanqueadas por acantilados que parecen convertirla en un lugar apartado del mundo”. Se trata, de hecho, de uno de los puntos más vírgenes de la zona de Portinatx. Sus aguas esconden praderas de Posidonia -especie protegida de las Balears-, así como muchas especies de la fauna marina pitiusa.
El armatoste urbanístico no fue un impedimento para que en 2008, casi treinta años después de que empezara a edificarse, el rico enclave fuera elegido por el periódico británico The Guardian como la mejor playa de Europa
Un año antes, en 2007, el terreno había pasado a manos de la sociedad mercantil británica Mirenview Limited. La perversión arquitectónica había hecho que su demolición pasara a ser parte de la agenda política, casi desde el mismo instante en que se construyó. El socialista Francesc Antich contempló, durante su primer Govern (1999-2003), derribar la estructura con cargo a los fondos de la ecotasa, algo que ha terminado haciendo, 25 años después, el Consell Insular de Vicent Marí (Partido Popular). El proyecto chocó entonces con la oposición del PP, que defendió la conservación del esqueleto de hormigón por la autoría de Sert, fallecido en 1983, cuya obra consideraban de valor cultural.
En 2013, el enclave volvió a entrar en la agenda administrativa cuando la sociedad británica recurrió al Govern balear -después de que el Ayuntamiento hubiera denegado la solicitud- para manifestar su intención de retomar la iniciativa privada. La empresa aseguró que quería construir un hotel de “gran calidad” y que el proyecto respetaría el paisaje singular de Cala d’en Serra. La propuesta no prosperó, ya que la documentación presentada no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en la instrucción 5 del Plan Territorial Insular (PTI). El complejo, cada vez más popular por el arte urbano que empezaba a brotar en sus paredes, continuó deteriorándose frente al mar.
Un segundo intento de especulación
El propietario de los terrenos de Cala d’en Serra siguió intentando, durante años, reactivar el viejo proyecto turístico que el arquitecto catalán dejó incompleto en los años setenta. Su plan pasaba por transformar la estructura en un hotel de lujo acompañado de un conjunto termal, un complejo de más de 20.000 metros cuadrados repartidos en cinco plantas y un sótano. La propuesta se apoyaba en la licencia de obras de 1975 -aquel permiso que autorizaba un complejo de vacaciones de poco más de 12.000 metros cuadrados-, pero lo que se planteaba multiplicaba por dos la envergadura del proyecto original.
Para salir adelante, la iniciativa necesitaba el aval institucional en forma de declaración de interés general. No era un trámite menor: la parcela sobre la que se levantan las ruinas está protegida por la Ley de Espacios Naturales y clasificada como Área Natural de Especial Interés (ANEI), además de encontrarse en el área de servidumbre de protección de Costas, donde están prohibidas las edificaciones hoteleras y de uso residencial.
La parcela sobre la que se levantan las ruinas está protegida por ley y están prohibidas las edificaciones hoteleras y de uso residencial
Aun así, el despacho internacional de arquitectos encargado del diseño defendía que el impacto sobre el paisaje sería “mínimo”. Su planteamiento apostaba por esconder casi la mitad del volumen -unos 11.000 metros cuadrados- bajo la ladera, de modo que solo quedarían visibles 9.970 metros cuadrados. El edificio se concebía como una pieza semienterrada y escalonada: tres cuerpos superpuestos que, en la práctica, reducían la percepción de altura, camuflando las cinco plantas previstas y convirtiéndolas en tres desde el punto de vista visual. “El nuevo edificio se inserta en la montaña; se eliminan plataformas y estructuras que sobresalen, y se entierra buena parte del programa para hacerlo desaparecer entre la vegetación”, sostenían los autores del proyecto, que presentaban su propuesta como una forma de reparar la herida abierta por la ruina.
Un paso histórico decisivo
La Junta de Gobierno de Sant Joan dio en 2023 el paso decisivo en el histórico conflicto urbanístico: declaró, definitivamente, nula la licencia de obras otorgada en 1975 para levantar el macrocomplejo hotelero, como publicó entonces Periódico de Ibiza. La anulación de la licencia, que el Consistorio consideraba caducada desde hacía décadas, abría la puerta a la incoación de un expediente para “restablecer el orden urbanístico infringido”. En la práctica, esto implicaba que los actuales propietarios tuvieran que asumir la demolición de las estructuras abandonadas y la restitución ambiental del entorno después de 50 años de perturbación del patrimonio costero.
La mercantil propietaria de los terrenos alegó entonces que la licencia ya había perdido vigencia por sí misma. Sin embargo, el informe jurídico que sustentaba la decisión municipal era claro: la caducidad no eximía de responsabilidades. El dictamen determinó que, transmitida o no la licencia, el propietario seguía teniendo la responsabilidad de restablecer el orden urbanístico infringido respecto de las obras ejecutadas bajo una autorización caducada.
Por fin, la demolición
Ahora, el Consell d'Eivissa ha puesto en marcha el trámite definitivo para deshacerse de la deteriorada estructura de Cala d’en Serra, en Sant Joan, al sacar a exposición pública el proyecto de demolición. La iniciativa, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), responde a la voluntad de la institución insular de priorizar la recuperación ambiental de uno de los enclaves más castigados por décadas de abandono y polémicas urbanísticas.
El proyecto de ejecución permanecerá en proceso de información pública durante veinte días hábiles, hasta el próximo 26 de noviembre. Durante este periodo cualquier persona interesada podrá presentar alegaciones. Si no las hubiese, el documento quedará aprobado de forma definitiva. Paralelamente, la institución solicitará al Ayuntamiento de Sant Joan la licencia urbanística necesaria, así como la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por considerarse una actuación de especial interés municipal.
La demolición de la estructura supone retomar el proceso que el Consell ha ido empujando en los últimos años. En junio, después de que se hiciera efectiva la expropiación del terreno, la institución adjudicó la redacción del proyecto ejecutivo y la dirección de obra por un importe de 96.800 euros, sufragados íntegramente con la ‘ecotasa’. Con este avance administrativo, la retirada de este símbolo del desorden urbanístico de la isla se acerca por fin a materializarse, devolviendo a Cala d’en Serra su auténtico paisaje.