El dueño del centro multado por falta de bienestar animal en Ibiza indemniza a un empleado con 30.000 euros

Uno de los técnicos caninos del centro de animales de Eivissa Can Dog, A.A., ha conseguido que triunfe la demanda contra P.A, ex explotador de la finca de Sant Llorenç, que lo condena a pagar una indemnización de más de 30.000 euros por impagos al trabajador. El rancho llevaba, hasta diciembre, funcionando tres décadas bajo todo tipo de denuncias por maltrato animal por parte del Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) y otros colectivos animalistas hasta que, hace seis meses, fue clausurado de forma definitiva por el Consell por sus condiciones insalubres: los perros malvivían entre roedores y heces, como ya publicó elDiario.es. Además, varios de los trabajadores del supuesto ‘refugio’, entre ellos el demandante, habían acusado al dueño de continuos retrasos en el abono de su salario.

Ahora, la jueza sustituta en funciones de refuerzo del Tribunal de Instancia Sección Social 1 d'Eivissa ha condenado al explotador de Can Dog, P.A., al pago de una indemnización por las irregularidades laborales que afectan a este trabajador, como recoge la sentencia judicial a la que ha podido acceder este diario. El afectado denunció a su padre, ya que es el hijo del antiguo explotador del centro canino.

La resolución prospera, según el auto, con la concurrencia del requisito de gravedad en el incumplimiento empresarial al no ser el impago un “mero retraso esporádico, sino un comportamiento persistente”. “La gravedad del incumplimiento se manifiesta así mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos”, describe el escrito judicial.

El hijo llevaba 15 años en la empresa

El empleado, A.A., presentó demanda solicitando al juzgado la extinción de su relación laboral con la empresa Rancho Can Dog Ibiza, recibiendo la indemnización legal correspondiente al importe equivalente al que hubiera recibido en caso de haber sido despedido de manera improcedente. Además de los salarios no percibidos en los últimos cinco meses previos a su cierre, desde julio de 2025 y hasta diciembre del mismo año, cuando el Consell decidió clausurar el rancho definitivamente tras varias inspecciones.

La decisión de la jueza proviene de considerar que existen los requisitos necesarios al amparo del artículo 50.1b) y c) del Estatuto de Trabajadores para extinguir con las condiciones suplicadas por el demandante, técnico canino en Can Dog desde el año 2010. Es decir, tras 15 años de relación laboral con la empresa.

La normativa dispone que son justas las causas de rescisión siempre y cuando exista “falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado”. Entendiendo que existe una demora siempre y cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del sueldo, concurriendo la causa cuando el empleador adeude, en el período de un año, tres mensualidades completas.

En el caso de A.A., el ex explotador del rancho le debía 8.395 euros en total correspondientes a los cinco meses de impagos que se suman al importe que le deberá pagar al demandante, su hijo, de indemnización. El perjudicado explicó en su momento a elDiario.es -y así lo recoge también la sentencia- que se celebró el Acto de Conciliación en el TAMIB (Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears) sin que las partes llegaran a un acuerdo. 

Por otro lado, el empresario no se presentó a la vista judicial a pesar de estar debidamente citado, lo que, a efectos probatorios, induce a la jueza a dar por acreditados los impagos referenciados por el técnico, señala el auto judicial.

El Tribunal de Instancia estima así la demanda y condena al propietario de la empresa al pago de una indemnización de 30.456 euros -equivalente a 45 días de salario por año de servicio antes del Real Decreto Ley 3/12 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y a 33 días tras su aplicación-. Así como al pago de los salarios atrasados a los que se suma un 10% en concepto de interés por la demora.

Contra el fallo judicial cabe ahora recurso de suplicación por parte del demandado ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB). Este diario se ha intentado poner en contacto con el propietario de la empresa por vía telefónica y por correo electrónico sin haber recibido respuesta en el momento en que se publica esta información. 

El Consell le quitó la autorización y le multó

El Consell, por su parte, tramitó en diciembre un expediente sancionador a partir de informes técnicos proporcionados por el Ayuntamiento de Sant Joan tras las inspecciones. Como ha detallado la institución a elDiario.es, la resolución administrativa del expediente ya quedó notificada a las personas implicadas: en ella se acuerda la baja de Can Dog como núcleo zoológico, por lo que pierde la autorización municipal para desarrollar esta actividad.

Además, se han impuesto sanciones por las infracciones detectadas durante las inspecciones realizadas, por un importe total de 10.409,13 euros. Actualmente, el expediente se encuentra en fase ejecutiva para el cobro de dichas sanciones, detallan desde el Consell. 

Tres décadas de denuncias 

La demanda del trabajador por impagos y retrasos en el abono de las nóminas y el expediente sancionador del Consell llegan tras treinta años desde que abriera el 'refugio' de animales. Durante este largo periodo de funcionamiento, el negocio ha recibido decenas de denuncias por calamidades e insalubridad, con perros mal cuidados y rodeados de roedores, excrementos y basura, por parte de los animalistas de PACMA.

Estas negligencias fueron las que motivaron a las autoridades insulares a clausurar el centro el pasado mes de diciembre. Primero cautelarmente y, luego, tras la presión de Pacma, de manera definitiva. El partido animalista reclamaba desde hacía tiempo el cierre del rancho por presunto maltrato animal.

Las denuncias del partido venían respaldadas por los informes, sanciones y las numerosas acusaciones que envolvían al gestor del rancho, P.A. El empresario fue perdiendo, poco a poco, las concesiones públicas que se le habían otorgado, manteniendo, tan solo, el servicio de recogida de animales con el Ayuntamiento de Sant Antoni. Uno de estos perjudicados es el demandante e hijo del explotador, que tiene prohibida la entrada al centro desde que denunció públicamente el caso.

A finales de 2025, tras la resolución del expediente administrativo del Consell, Can Dog dejó de ejercer como residencia canina y también como núcleo zoológico, al constatar reiterados incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal en varias inspecciones realizadas entre octubre y noviembre. Tanto por parte de los técnicos del Consell Insular y del Ayuntamiento, como por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Eivissa.

Inspecciones desde junio de 2025

La cadena de inspecciones al presunto ‘refugio’ por insalubridad y presunto maltrato animal comenzó hace un año, en junio de 2025, tras la apertura del expediente por parte del Consell Insular. Los servicios veterinarios de la institución se dirigieron entonces al centro de acogida y la vigilancia se intensificó en otoño al comprobar indicios de un escenario lleno de irregularidades. Sobre todo, referentes a la suciedad de las jaulas y las instalaciones en general, con una acumulación de escombros que atraían roedores y abandono del cuidado de los canes, que no recibían, entre otras cosas, la atención veterinaria necesaria.

La resolución administrativa impone sanciones por valor de 10.409,13 euros al antiguo responsable de las instalaciones tras detectar diversas irregularidades relacionadas con la gestión del núcleo zoológico y el estado de los animales alojados. La infracción más cuantiosa corresponde a la falta de vacunación antirrábica de 29 de los 31 perros que se encontraban en régimen de pensión durante una inspección, una conducta considerada grave y sancionada con 5.808,13 euros. A ello se suma otra multa de 3.001 euros por deficiencias en el libro-registro obligatorio y de los animales que entraban y salían del centro.

El Consell también apreció dos infracciones leves. Por un lado, detectó la presencia de tres perros alojados sin la identificación electrónica obligatoria mediante microchip, lo que deriva en una sanción de 600 euros. Además, ha impuesto una multa de 1.000 euros por las deficiencias de higiene y bienestar animal observadas durante la inspección, así como por mantener animales en habitáculos considerados inadecuados para su alojamiento.

El Consell Insular constató la suciedad de las jaulas y las instalaciones en general, con una acumulación de escombros que atraían roedores y abandono del cuidado de los canes, que no recibían, entre otras cosas, la atención veterinaria necesaria

Por ello, el Consell ordenó, el 17 de octubre, la baja del núcleo zoológico y dictó medidas cautelares que prohibían la entrada de nuevos animales y obligaban a devolver a sus propietarios los perros que estaban allí alojados. Pese a ello, inspecciones posteriores revelaron todavía la presencia de entre 21 y 41 canes, la mayoría pertenecientes a personas ajenas al centro. 

A finales de octubre, los técnicos observaron cómo el centro seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales y que las medidas cautelares impuestas no se estaban cumpliendo plenamente. El responsable aseguró entonces que necesitaría unos veinte días para completar las devoluciones de los perros, exceptuando los que aparentemente habían sido abandonados por sus dueños.

En noviembre la situación apenas había variado y se pudo verificar que varios perros del mismo titular seguían aún en el refugio, tramitándose, a través de la Policía Local, su reubicación por abandono múltiple a las instalaciones de Can Gossos, gestora animal que se hizo cargo de los animales tras el cierre definitivo de Can Dog. El Ayuntamiento no ha sabido especificar, sin embargo, el número exacto de canes que se trasladaron. 

Entonces solo quedaron en la parcela siete perros del propietario de la finca, que al principio P.A. decidió ceder al Consistorio. Aunque en menos de 24 horas había cambiado de opinión y decidió, finalmente, seguir cuidando de ellos, según explican fuentes municipales. El equipo municipal de gobierno firmó, en cumplimiento con la Ley de Bienestar Animal tras extinguir la licencia de Can Dog, un contrato con la empresa Natura Parc para que ofreciera los mismos servicios. 

El cierre definitivo del rancho, por otro lado, podría no estar jurídicamente blindado del todo. El propietario sostuvo que no había recibido el decreto de inicio del procedimiento, fechado el 16 de octubre, ya que fue remitido a un abogado que lo representó en el pasado pero que ya no ejercía como su defensor, según publicó El Periódico de Ibiza. 

De acuerdo a la misma información -y como precisaron fuentes de Pacma a elDiario.es-, el letrado remitió un escrito al Consell en el que explicaba que la resolución fue entregada en su despacho pese a no ser ya el representante legal actual de la sociedad gestora del centro, por lo que rechazó la notificación.