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Han pasado tres décadas desde que abriera el 'refugio' de animales de Eivissa Can Dog. Treinta años de calamidades e insalubridad, con perros mal cuidados y rodeados de roedores, excrementos y basura. Unas negligencias que, sin embargo, no habían sido suficientes para instar su clausura, hasta ahora. El Consell Insular confirmó la semana pasada que el centro Can Dog ya no ejerce como residencia canina ni como núcleo zoológico, al constatar reiterados incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal en varias inspecciones realizadas en los últimos dos meses. No solo de los técnicos de la institución, sino también por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Representantes del Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) han reclamado durante mucho tiempo el cierre del centro, sobre el que además pesan acusaciones de maltrato animal, como declararon los voluntarios el pasado mes de noviembre a elDiario.es. Las denuncias del partido venían respaldadas por los informes, sanciones y las numerosas acusaciones que envuelven al gestor del rancho, P.A. El empresario acumulaba, además, impagos a sus trabajadores y fue perdiendo, poco a poco, las concesiones públicas que se le habían otorgado, manteniendo, tan solo, el servicio de recogida de animales con el Ayuntamiento de Sant Antoni.
Ahora, según ha declarado a este diario su propio hijo, quien trabajaba en el refugio donde tras denunciar el caso tiene prohibida la entrada, el explotador podría enfrentarse a una orden de desahucio por parte de la propietaria del terreno. Pero no es a lo único a lo que tendrá que hacer frente, sino que el Consell ha tramitado un expediente sancionador que de momento sigue abierto, por lo que se desconoce todavía el importe de la multa que deberá abonar.
Según ha declarado a este diario el hijo del propietario, quien trabajaba en el refugio -al que tiene prohibida la entrada tras denunciar el caso-, el explotador podría enfrentarse a una orden de desahucio por parte de la propietaria del terreno. Por su parte, el Consell ha abierto un expediente sancionador contra él
Prohibición de nuevos animales y perros abandonados
La institución insular ordenó el pasado 17 de octubre la baja del núcleo zoológico y dictó medidas cautelares que prohibían la entrada de nuevos animales y obligaban a devolver a sus propietarios los perros que estaban allí alojados. Pese a ello, inspecciones posteriores revelaron la presencia de entre 21 y 41 canes, muchos de ellos pertenecientes a personas ajenas al centro. Después de que la Policía Local localizase a sus dueños, cuatro de los animales que seguían en el interior de Can Dog fueron retirados por el Ayuntamiento de Sant Joan y trasladados al centro municipal de protección animal.
Asimismo, el Consell remitió al Consistorio otros siete posibles casos de abandono de perros por parte de un mismo propietario, quien no se había hecho responsable de recogerlos dentro del plazo fijado por la administración. Olivier Hassler, representante de Pacma, denunció en ese momento que la situación era “lamentable” y retrató la injusticia de que los animales terminaran pagando los problemas del rancho.
El Consell de Eivissa notificó siete posibles casos de abandono de perros por parte de un mismo propietario, quien no se había hecho responsable de recogerlos dentro del plazo fijado por la administración
La cadena de inspecciones comenzó, sin embargo, mucho antes. En junio, tras la apertura de un expediente por presuntos incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal, los servicios veterinarios del Consell se dirigieron al problemático centro de acogida. La vigilancia se intensificó durante los meses de octubre y noviembre, revelando un escenario sostenido de irregularidades.
En uno de los primeros reconocimientos, realizado el 15 de octubre, los técnicos observaron cómo Can Dog seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales. Las inspecciones posteriores confirmaron que las medidas no se estaban cumpliendo plenamente: el 28 de octubre aún había 38 canes en el recinto, 28 de ellos alojados en régimen de residencia. El responsable del centro aseguró entonces que necesitaría unos veinte días para completar las devoluciones, salvo en los casos en los que los propietarios no acudieran a recogerlos.
En una de las primeras inspecciones, los técnicos observaron cómo Can Dog seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales. Los reconocimientos posteriores confirmaron que las medidas no se estaban cumpliendo plenamente: aún quedaban 38 canes en el recinto, 28 de ellos en régimen de residencia
Un abandono múltiple
El 21 de noviembre, otra visita constató la presencia de 21 perros, 11 de ellos pertenecientes a personas sin relación con el establecimiento, que seguían allí cinco días después, cuando volvieron los inspectores. En la última inspección, a finales de noviembre, se verificó que siete perros del mismo titular seguían aún en el refugio, tramitándose, a través de la Policía Local, su reubicación por abandono múltiple, de competencia municipal.
En la parcela, finalmente, únicamente permanecieron seis perros, los de P.A., que han sido cedidos al Ayuntamiento de Sant Joan -tal como según señaló en un reciente foro el concejal de Medio Ambiente, Andreu Roig- y otros cuatro de un trabajador residente. Desde el Consistorio han detallado a elDiario.es que, en su obligación de cumplir la ley de bienestar animal, han firmado un contrato con Natura Parc para que se encargue de los mismos servicios que ofrecía el rancho extinto de Sant Llorenç.
Con todo, el cierre definitivo de Can Dog podría no estar aún jurídicamente blindado. El propietario sostiene que no ha recibido el decreto de inicio del procedimiento, fechado el 16 de octubre, ya que fue remitido a un abogado que lo representó en el pasado pero que ya no ejerce como su defensor, según publicó El Periódico de Ibiza. De acuerdo a la misma información -y como han precisado fuentes de Pacma a elDiario.es-, el letrado ha remitido un escrito al Consell en el que explica que la resolución fue entregada en su despacho pese a no ser ya el representante legal actual de la sociedad gestora del centro, por lo que ha rechazado la notificación.
El cierre de Can Dog podría ser anulado si se confirma que el expediente sancionador fue notificado de forma incorrecta. El propietario afirma no haber recibido el decreto de inicio del procedimiento, que el Consell remitió a un abogado que lo representó en el pasado
“Un antes y un después”
Por su parte, Pacma ha celebrado la clausura del centro. Un hecho que pone fin, aseveran los animalistas, a tres décadas marcadas por denuncias y condiciones insalubres que, pese a todo, no habían derivado en su clausura definitiva hasta ahora. Hassler ha agradecido la actuación coordinada entre las instituciones, que ha permitido recuperar y reubicar a los perros que permanecían en el recinto pese a no estar vinculados a la titularidad del centro. Para el partido, el cierre supone “un antes y un después” en la isla y revela que las inspecciones rigurosas tienen resultados, lo que también les hace cuestionarse si, hasta ahora, no se habían tomado las acciones necesarias contra Can Dog.
Pacma celebra el cierre y agradece la actuación coordinada entre las instituciones. Para el partido, la clausura supone “un antes y un después” en la isla y revela que las inspecciones rigurosas tienen resultados, lo que también les hace cuestionarse si, hasta ahora, no se habían tomado las acciones necesarias contra Can Dog
La formación reclama ahora que este episodio sirva para reforzar el control público sobre todos los núcleos zoológicos y residencias caninas de Eivissa mediante inspecciones más frecuentes, transparencia en los datos sobre sanciones y reubicaciones y un servicio operativo las 24 horas para atender a los animales abandonados o decomisados. Además, insta a mantener la colaboración con las entidades de protección animal para evitar nuevos episodios de hacinamiento y garantizar adopciones responsables. “No estamos contentos de que cierre una empresa, pero los animales estaban maltratados y son 30 años de esta historia. Queríamos pasar página”, sentencia Hassler.