“Trabajar y no poder vivir”: la vivienda pone a prueba los derechos conquistados con la democracia
Representantes del ámbito universitario, sindical, empresarial y de la creación de contenidos han reflexionado sobre los riesgos que afrontan la democracia, los derechos y las libertades en el encuentro 'Democracia, derechos y libertades en peligro', organizado por elDiario.es en el Café a Tres Bandas de Palma. La crisis de la vivienda, la precarización laboral y la capacidad de la ciudadanía para frenar los retrocesos democráticos ha centrado la primera mesa redonda del encuentro, en el que los intervinientes han denunciado que se haya normalizado “trabajar y no poder vivir”, han reclamado sacar la vivienda de la especulación y han explicado cómo las reivindicaciones sociales pueden convertirse en leyes y qué mayorías parlamentarias permiten modificarlas.
Antes de dar paso a las mesas redondas, la directora de elDiario.es en Balears, Angy Galvín, ha reivindicado la libertad de expresión como uno de los pilares de la democracia y ha recordado que derechos hoy cotidianos, como casarse, divorciarse o acceder a los servicios públicos, son conquistas históricas que no siempre han existido, advirtiendo con ello de que no son irreversibles y no deben darse por garantizados.
“Tenemos derechos, tenemos libertades, podemos casarnos, divorciarnos, ir a una escuela pública, utilizar los servicios públicos y parece que, como forman parte de nuestra vida cotidiana, no les damos el valor suficiente. Como la ley de la gravedad, parece que siempre han estado ahí, pero en el momento en que vivimos en la actualidad tenemos que darles más relevancia que nunca, porque también podemos perderlos”, ha señalado durante la apertura del encuentro.
En su intervención, Galvín ha subrayado que la democracia no se limita a votar cada cuatro años, sino que implica también defender los derechos, ejercer las libertades y asumir responsabilidades colectivas. En este sentido, ha puesto en valor el papel de las movilizaciones sociales y sindicales para impulsar cambios políticos y legislativos, y ha aludido a las protestas surgidas tras el fallecimiento y el desahucio de Maricarmen como ejemplo de la capacidad de la ciudadanía para influir en las instituciones. “Esto nos enseña, al fin y al cabo, que la calle también puede legislar”, ha afirmado, incidiendo en que los avances democráticos no proceden únicamente de las instituciones, sino también de la presión ejercida desde la sociedad.
Tras la inauguración de la jornada, la periodista ha moderado la primera mesa redonda, 'España, país de libertades y derechos conquistados', en la que estuvieron presentes Amir Al Hasani Maturano, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Elena Reinés, periodista, cocreadora de Woke Up News y creadora de contenido, y Pedro Homar, secretario general de UGT en Balears.
El poder de la protesta social
La acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid ha centrado buena parte de la mesa. Al respecto, Reinés ha relatado su propia experiencia en la movilización, en la que destacó la presencia de jóvenes y personas de distintas sensibilidades políticas, y ha defendido que la protesta responde a un malestar social acumulado ante la dificultad de acceder a una vivienda digna. “No es normal que hayamos normalizado trabajar y no poder vivir”, ha manifestado. Reinés ha criticado que se haya asumido como habitual que el alquiler absorba la mitad del sueldo o que las personas tengan que compartir piso por motivos económicos incluso a edades en las que esperaban poder vivir de forma independiente.
La comunicadora ha señalado que la acampada también cuestiona la idea de que la juventud esté desmovilizada y ha destacado su capacidad de organización. A diferencia del 15M, que surgió de forma espontánea, ha explicado que la protesta actual cuenta con personas vinculadas a sindicatos, partidos y organizaciones juveniles. La periodista ha descrito una acampada autogestionada, con comisiones, actividades culturales y una red de solidaridad que proporciona alimentos, medicamentos y material.
También ha denunciado la respuesta policial a las movilizaciones y ha defendido que los participantes han tratado de mantener una actitud pacífica ante las provocaciones. “Una democracia también se mide en cómo viven las personas”, ha resumido al cuestionar la fortaleza de un sistema que, a su juicio, debe evaluarse también por su respuesta a la protesta social.
El papel histórico de los sindicatos
Por su parte, Homar ha reivindicado el papel histórico de los sindicatos en la conquista de derechos laborales y en la negociación colectiva. Al respecto, ha explicado que la organización de los trabajadores permite defender intereses comunes frente a las empresas y ha recordado que la huelga forma parte de las herramientas legítimas de presión cuando no se alcanza un acuerdo. Como ejemplo, ha aludido a las negociaciones del convenio de hostelería en Balears y a la capacidad de las advertencias de huelga para favorecer mejoras laborales. Homar ha insistido en que la acción sindical no debe limitarse a las condiciones de trabajo, sino que tiene que afrontar también los problemas sociales que afectan a la vida cotidiana de los trabajadores.
El responsable de UGT ha situado el acceso a la vivienda entre las principales emergencias sociales y ha defendido que los salarios y los convenios no bastan para garantizar una vida digna cuando el coste de la vivienda se dispara. En esta línea, ha descrito una situación en la que trabajadores de la hostelería se ven obligados a compartir piso e incluso habitación y ha reclamado que la vivienda deje de tratarse como un bien de consumo sometido a la especulación.
En relación con la huelga general convocada para el 11 de noviembre, el sindicalista la ha presentado como una protesta contra una situación que considera insostenible para las economías familiares. “Hay que sacarla de los fondos de inversión, de la concepción de bien de consumo”, ha defendido al reclamar una intervención del mercado que permita recuperar el acceso a la vivienda.
El recorrido parlamentario de los derechos
La mesa también ha abordado cómo las reivindicaciones sociales pueden transformarse en normas jurídicas. A preguntas de Galvín, el profesor Amir Al Hasani Maturano ha explicado que los derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, aunque su desarrollo concreto puede requerir leyes específicas. En el caso de las leyes orgánicas, utilizadas para regular materias vinculadas a derechos fundamentales -como el aborto, la eutanasia y el divorcio-, necesitan mayoría absoluta en el Congreso. Al Hasani ha advertido de que el reconocimiento de un derecho no garantiza por sí solo que las demandas sociales se materialicen en políticas públicas y ha apuntado que las reclamaciones ciudadanas y los compromisos incluidos en los programas políticos son algunos de los motores que pueden impulsar cambios legislativos.
Como ha apuntado durante su intervención, convertir una reivindicación en ley es un proceso largo que puede prolongarse entre siete y nueve meses de media e incluso alcanzar el año. La tramitación comienza habitualmente con el estudio del texto en comisión, donde se presentan y debaten enmiendas, antes de pasar al pleno del Congreso. Después, la iniciativa llega al Senado, que puede introducir modificaciones o vetarla, lo que obliga a devolverla al Congreso para resolver las discrepancias. Una vez completado el procedimiento, la norma se sanciona y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Respecto a la vivienda, Al Hasani ha advertido de que ésta ocupa una posición secundaria en la Constitución española, que no la reconoce como un derecho fundamental, sino como un principio rector de la política social y económica. El profesor de Derecho Constitucional ha explicado que esta formulación limita las posibilidades de exigir su cumplimiento ante los tribunales y deja en manos de los poderes públicos la obligación de promover políticas para facilitar el acceso a una vivienda digna. A su juicio, habría sido deseable otorgarle una mayor protección constitucional.
Juventud y extrema derecha
El debate también ha abordado el avance de los discursos de extrema derecha entre parte de la juventud. En este sentido, Homar ha vinculado la exhibición de símbolos franquistas y el auge de mensajes de odio con la polarización y la falta de reflexión alimentadas por los algoritmos de las redes sociales. Elena Reinés, por su parte, ha rechazado que se responsabilice únicamente a los jóvenes y ha señalado la deuda pendiente con la memoria histórica, también en el sistema educativo. “Yo no di nada del franquismo en el colegio”, ha recordado antes de atribuir a los adultos la responsabilidad por los silencios sobre la dictadura.
Reinés ha relacionado además el acercamiento de algunos jóvenes a la derecha con la precarización laboral y las dificultades para acceder a una vivienda. Ha advertido, en este sentido, de que muchos se han incorporado al mercado de trabajo con salarios insuficientes para afrontar los alquileres y ha reivindicado la necesidad de mirar más allá de las etiquetas ideológicas para entender su situación. También ha recriminado que la izquierda haya desatendido durante años las redes sociales pese a su papel central como canal de información para las nuevas generaciones, mientras los discursos de ultraderecha han ganado presencia a través de creadores de contenido y otros referentes digitales.
Al Hasani ha coincidido en que el fenómeno no puede atribuirse exclusivamente a los jóvenes. Ha señalado la influencia de las grandes plataformas tecnológicas, la circulación de desinformación y la dificultad para contrarrestar mensajes simplificados que apelan a las emociones. También ha cuestionado que los partidos tradicionales, tanto liberales como socialdemócratas, no hayan sabido adaptarse a los nuevos canales de comunicación ni hayan dado suficiente prioridad a las políticas dirigidas a la juventud. El reto, ha concluido, no está tanto en identificar el problema como en encontrar respuestas eficaces para defender los valores democráticos.
Tras finalizar la mesa redonda, el divulgador científico Albert Xamena, conocido en redes sociales como Entre Fones i Neurones, ha ejercido de maestro de ceremonias de un trivial sobre la Constitución que contó con un premio sorpresa y, a continuación, ha dado inicio la segunda mesa de la jornada, 'Colectivos en peligro: una lucha constante', conducida por el periodista y colaborador de elDiario.es Pablo Sierra del Sol.