EEUU imputa al gobernador de Sinaloa, del partido de Sheinbaum, por colaborar con el narco a cambio de dinero y votos
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Mayo, y otros nueve cargos políticos mexicanos han sido acusados de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas en una acusación formal de EEUU hecha pública este miércoles en Nueva York. EEUU les imputa haber colaborado en la importación masiva de narcóticos ilícitos a Estados Unidos, informa AP.
Algunos de los cargos eran miembros de Morena, partido progresista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que plantea un dilema político para el Gobierno, sometido a crecientes presiones de la Administración Trump.
Las autoridades federales estadounidenses anunciaron los cargos en un comunicado de prensa. Ninguno de los acusados se encontraba detenido, pero el Gobierno de México afirmó poco después que había recibido múltiples solicitudes de extradición de Estados Unidos, sin indicar cómo respondería.
Miembros de Morena
Las 10 personas acusadas en el tribunal federal de Manhattan son funcionarios actuales y antiguos del Gobierno o de las fuerzas policiales en Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, de 76 años, que es gobernador del estado mexicano desde noviembre de 2021.
Los cargos contra Moya incluyen conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, además de otro cargo de conspiración. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua o a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Rocha era un aliado incondicional del mentor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador respaldó la política del expresidente 'Abrazos, no balas', que consistía en evitar la confrontación directa con los poderosos cárteles de la droga. López Obrador construyó una plataforma política denunciando la corrupción endémica que azota la política mexicana.
Rocha, el responsable político más relevante acusado, ha dicho: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno. Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.
Vínculos con el cártel de Sinaloa
Algunos de los nombrados, según la acusación, han participado en la campaña de violencia y represalias del cártel de Sinaloa.
Entre los acusados se encontraban un senador mexicano, un subprocurador general del estado de Sinaloa, un exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, un exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa y el alcalde de Culiacán.
Según el escrito, los acusados protegieron a los líderes del cártel de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos, proporcionaron al cártel información sensible de las fuerzas del orden y del ejército, ordenaron a miembros de las fuerzas del orden estatales y locales que protegieran los cargamentos de droga y permitieron que el cártel cometiera actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin sufrir consecuencias. A cambio, según la acusación, los acusados recibieron millones de dólares procedentes del narcotráfico.
La acusación alegaba que estaban estrechamente vinculados a la facción del cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos, dirigida por los hijos de Joaquín, El Chapo, Guzmán, el exlíder del cártel que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.
Las autoridades afirmaron que los acusados desempeñaron un papel fundamental al ayudar al cártel a transportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa es uno de los ocho grupos delictivos latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por el Gobierno de Estados Unidos.
“Como pone de manifiesto la acusación, el cártel de Sinaloa, y otras organizaciones de tráfico de drogas similares, no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton en un comunicado.
La acusación contra Rocha, que nació en la misma localidad que El Chapo, fue especialmente notable porque el gobernador se vio envuelto en un escándalo en 2023 relacionado con el cártel de Sinaloa. Su nombre apareció en una carta escrita por un entonces capo del cártel de Sinaloa, que fue secuestrado por líderes de una facción rival del cártel y entregado a las fuerzas del orden en EEUU.
En la carta, el capo afirmaba que, cuando fue secuestrado, creía que se dirigía a reunirse con Rocha.
En los años transcurridos desde entonces, las dos facciones enfrentadas del cártel han devastado el estado del norte de México en su lucha por el control territorial.
Entre los acusados, al menos tres funcionarios —Rocha, el alcalde de la capital de Sinaloa y un senador— estaban afiliados al partido de Sheinbaum, Morena. Otros funcionarios ocupaban cargos no vinculados a partidos mexicanos.
No es la primera vez que Estados Unidos presenta cargos por tráfico de drogas contra altos representantes mexicanos. Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública de México bajo el mandato del expresidente Felipe Calderón– fue declarado culpable por un tribunal estadounidense y condenado a 38 años de prisión tras ser acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa. Él negó las acusaciones y está apelando su condena.