La Eurocámara otorga el premio Sajarov a la Corte Penal Internacional tras las sanciones de Trump
El Parlamento Europeo ha otorgado este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus trabajadores. La decisión tiene una fuerte carga política tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la imposición de sanciones a sus jueces y fiscales en su ofensiva para desmantelar el tribunal.
El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, concedido por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoli Marchenko, es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos. Los eurodiputados socialdemócratas y del PP Europeo se han unido para conseguir los votos necesarios para conceder el premio a la CPI.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha declarado que “la Unión Europea se fundamenta en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales. Al conceder el premio Sájarov a la Corte Penal Internacional y a sus responsables, el Parlamento Europeo reconoce la importante labor del tribunal en la defensa del Derecho internacional y la justicia”.
“La Corte desempeña un papel fundamental en la lucha mundial contra la impunidad. A través de la justicia penal internacional, pretende exigir responsabilidades a los autores de estos crímenes y contribuir a evitar que vuelvan a cometerse. El premio pone de relieve la labor de la CPI, que incluye investigaciones, procesamientos, juicios y la emisión o autorización de órdenes de detención. La UE debe proteger los mecanismos mundiales de justicia internacional y rendición de cuentas”, ha señalado Metsola.
Objetivo a desmantelar por la Casa Blanca
La CPI se ha convertido en el objetivo de la Casa Blanca desde hace meses. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el pasado julio que Estados Unidos iba a poner en marcha una “campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense”.
Este mes de octubre, la Administración Trump impuso nuevas sanciones a la CPI tras señalar que se ha politizado y ha intentado juzgar de forma injusta e ilegal a estadounidenses e israelíes por delitos de guerra. Entre otras personas, las sanciones iban dirigidas contra la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, quien había dirigido las investigaciones en casos de la CPI contra tropas estadounidenses en Irak y Afganistány a la que se le concedió el Premio Nobel de la Paz.
Las sanciones bloquean cualquier activo que la CPI, como institución, pueda tener en jurisdicciones estadounidenses y establecen un plazo de seis meses para que las empresas y personas estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con la Corte pongan fin a dichas relaciones.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu felicitó a Trump “por haber tomado esta decisión crucial de imponer sanciones a la CPI. La CPI no es un tribunal. Es un organismo político que supone una amenaza mortal para las democracias respetuosas con la ley de todo el mundo y para la propia idea de soberanía nacional. Gracias por vuestro liderazgo”.
La respuesta de la Unión Europea fue bastante tibia. Solo un comunicado en el que se aseguraba que “la UE siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”.
En su comunicado, la UE subrayó que “colaborará estrechamente con la CPI para garantizar que siga funcionando de manera eficaz. Y seguimos comprometidos a colaborar con los 125 Estados que son partes del Estatuto de Roma para preservar y respetar su independencia, de modo que pueda continuar con su misión vital. Dado que hay un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, existe margen para el diálogo”, sostiene. Y termina: “La UE está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para proteger los intereses de los operadores de la UE dentro del mercado único”.
'Estatuto de bloqueo' de la UE para defender a la CPI
Aunque esas medidas, de momento, no se han puesto en marcha ya que las sanciones de EEUU no son firmes y hay un periodo de seis meses para su imposición. Los eurodiputados han pedido en reiteradas ocasiones a la Comisión Europea que active el denominado 'estatuto de bloqueo' de la UE para proteger a los responsables de la CPI frente a ataques extraterritoriales y permitir que el tribunal siga desempeñando sus funciones con plena independencia.
El estatuto de bloqueo protege a los operadores europeos al anular dentro de la UE los efectos de cualquier resolución judicial extranjera basada en leyes de otros países. También les permite reclamar ante los tribunales una indemnización por los daños derivados de la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras.