Agentes del FBI han registrado la casa de una periodista del Washington Post como parte de una investigación sobre un contratista del Gobierno acusado de llevarse a casa secretos gubernamentales, según ha informado el periódico. El registro del domicilio de una periodista supone una escalada en la cruzada de la Administración Trump contra las filtraciones periodísticas.
La fiscal general, Pam Bondi, ha afirmado que el registro se llevó a cabo a petición del Pentágono como parte de una investigación sobre una filtración.
“La semana pasada, a petición del Departamento de Guerra, el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de registro en el domicilio de un periodista del Washington Post que obtenía y publicaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono. El responsable de la filtración se encuentra actualmente entre rejas. Me enorgullece trabajar junto al secretario Hegseth en esta iniciativa”, ha dicho Bondi en X: “La Administración Trump no tolerará las filtraciones ilegales de información clasificada que, cuando se divulgan, suponen un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestro país y para los valientes hombres y mujeres que sirven a nuestra nación”.
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, ha señalado: “La filtración de información clasificada pone en grave peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de nuestros héroes militares. El presidente Trump tiene tolerancia cero con ello y seguirá tomando medidas enérgicas contra estos actos ilegales en el futuro”.
El FBI registró los dispositivos de la periodista Hannah Natanson y se incautó de un teléfono y un reloj Garmin en su domicilio de Virginia, según informa el Post. El director del FBI, Kash Patel, ha dicho: “Esta mañana, el FBI y sus aliados ejecutaron una orden de registro contra una persona del Washington Post que presuntamente obtenía y divulgaba información militar clasificada y sensible de un contratista del Gobierno, lo que ponía en peligro a nuestros combatientes y comprometía la seguridad nacional de Estados Unidos. El presunto filtrador fue detenido esta semana y se encuentra bajo custodia. Dado que se trata de una investigación en curso, no haremos más comentarios al respecto”.
Natanson cubre la transformación del Gobierno federal llevada a cabo por la Administración Trump y recientemente publicó un artículo en el que describía cómo había conseguido cientos de nuevas fuentes y testimonios sobre lo que estaba llevando a cabo la Casa Blanca.
Según una declaración jurada, el registro estaba relacionado con una investigación sobre un administrador de sistemas de Maryland que, según las autoridades, se llevó a casa informes clasificados, informa el periódico.
El administrador de sistemas, Aurelio Pérez-Lugones, fue acusado a principios de este mes de retención ilegal de información de defensa nacional, según documentos judiciales.
Pérez-Lugones, que tenía una autorización de seguridad de alto secreto, está acusado de imprimir informes clasificados y sensibles en el trabajo. En un registro de su casa y su coche en Maryland este mes, las autoridades encontraron documentos marcados como “SECRETOS”, incluido uno en una fiambrera, según documentos judiciales mencionados por The Associated Press.
A lo largo de los años, el Departamento de Justicia ha desarrollado y reformado directrices internas que rigen la forma en que responderá a las filtraciones a los medios de comunicación.
En abril, Bondi publicó nuevas directrices en las que se establecía que los fiscales volverían a tener la autoridad para utilizar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para perseguir a los funcionarios del Gobierno que realizaran “divulgaciones no autorizadas” a los periodistas.
Estas medidas anularon una directriz de la Administración Biden que protegía a los periodistas de que sus registros telefónicos fueran incautados en secreto durante las investigaciones de filtraciones, una práctica denunciada desde hace tiempo por las organizaciones de noticias y los grupos de libertad de prensa.